La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó la visita de verificación de las situaciones de violación de los derechos humanos ocurridas desde el 28 de abril, fecha de inicio del paro nacional. Pese a lo no vinculante para el Estado colombiano de sus recomendaciones, el hecho es contundente en cuanto a evidenciar, por parte de un organismo internacional del sistema interamericano de DD.HH, el uso desmedido de la fuerza de la policía y la intervención del Ejército en el afán del gobierno nacional de coaccionar la protesta, verdad muy difícil de negar dada la magnitud de los acontecimientos.
La CIDH es un organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Pese a que sus resoluciones carecen de obligatoriedad, recibe denuncias, las investiga, no las juzga pero si las tramita.
Vale la pena diferenciarla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que sí tiene carácter jurisdiccional autónomo lo que hace tránsito para que el cumplimiento de sus decisiones sea de carácter obligatorio so pena de que los Estados reciban graves sanciones. En este sentido es factible, y sería lo más deseable, que la Comisión presente los hallazgos de su visita ante la Corte, para que este órgano asuma el caso y sancione al Estado colombiano por la excesiva represión en el marco de las movilizaciones.
Aunque el gobierno de Duque y sus representantes, en cabeza de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, se mostraron renuentes a una visita de la CIDH, las presiones de diferentes sectores sociales, medios de comunicación, así como de diferentes organismos y líderes mundiales, obligó al gobierno a un cambio de postura.
La visita realizada del 8 al 10 de junio contó con una agenda profusa. La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola Noguera, otros comisionados, algunos delegados y personal técnico, se reunieron con diferentes actores gubernamentales, sociales y políticos, en las ciudades donde se vivió con mayor intensidad la protesta social. El objetivo de esta visita fue recolectar información que brindó la institucionalidad colombiana (poder ejecutivo, legislativo y judicial), la sociedad civil y, principalmente, las víctimas y sus familiares. Estamos a la espera de las observaciones y recomendaciones que según los procedimientos serán objeto de un comunicado dirigido al Estado y a la sociedad colombiana.
Otra precisión aquí es la relacionada con los tipos de visita que realiza la CIDH. En esta oportunidad se trató de una visita de trabajo la cual es más acotada en cuanto a su duración, participación de sus miembros, alcance y resultados esperados, que la denominada in loco. Esta última tiene duración de una semana, asiste el pleno de la Comisión y en ella se hace un monitoreo de la situación general de los derechos humanos, produciendo un informe país al final de la visita.
Los testimonios, especialmente de las víctimas y las familias, seguramente dieron fe de la dimensión de lo ocurrido en el país. Los datos así lo confirman. Según la campaña Defender la Libertad – Asunto de todas, red conformada por organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos – registró entre el 28 de abril al 22 de junio 83 homicidios; 1.677 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y, lo más grave, por civiles armados; 267 defensores y defensoras de DDHH agredidos; 788 mujeres víctimas de violencia policial; 106 personas víctimas de violencias basadas en género (VBG); 3.203 personas detenidas de manera arbitraria; 84 personas, a la fecha, siguen desaparecidas.
Esperamos que las recomendaciones de la CIDH redunden en las propuestas y exigencias que se han venido haciendo desde amplios sectores de la sociedad civil. Una de ellas, la urgente reforma de la policía y el desmonte del ESMAD, los abusos a los derechos humanos que cometieron, así lo ameritan. Como también, aquella recomendación para que el Estado brinde las garantías plenas para ejercer el derecho a la protesta y, en el desarrollo de esta, informar de manera veraz y oportuna la trazabilidad de las situaciones de los manifestantes. Finalmente, es imperativo el pronto esclarecimiento de los hechos antes mencionados, particularmente, la judicialización de los responsables.
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