La violencia en contra de líderes sociales, que se ha incrementado considerablemente desde la firma del Acuerdo de paz entre el estado colombiano y la guerrilla de las Farc, no solo es resultado de la lucha de grupos armados ilegales por el control de economías ilícitas. También refleja el intento, por parte de élites locales, de sostener órdenes locales autoritarios.
En su informe más reciente, el Secretario General de las Naciones Unidas resaltó como una de las mayores amenazas a la consolidación de la paz en Colombia la persistencia de la violencia en las zonas priorizadas para la implementación del acuerdo de paz. Si bien los primeros años de la implementación del acuerdo se caracterizaron por bajos niveles históricos de muchos indicadores de violencia—como la tasa de homicidios y el número de masacres, entre otros—este progreso ha sido muy limitado en algunas de las regiones más afectadas por la guerra.
En particular, una forma de violencia causó consternación a nivel nacional e internacional: el asesinato de líderes y lideresas sociales. Según reportes de Indepaz, desde la firma del acuerdo hasta finales de diciembre de 2021, por lo menos 1.283 lideresas y líderes sociales han sido asesinados, siendo 2020 el año con mayor violencia letal registrada.
En la búsqueda de explicaciones para esta violencia, buena parte de la atención ha girado en torno a los grupos armados ilegales que compiten por el control de las economías ilícitas. Aprovechando la desmovilización de las Farc y la precaria presencia estatal en las periferias del país, asesinan a los líderes sociales para debilitar movimientos sociales y comunidades locales que presentan obstáculos para su control territorial y sus negocios ilícitos.
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Si bien los asesinatos tienden a ocurrir en regiones con fuerte presencia de economías ilícitas (en particular, cultivos de uso ilícito), con una débil presencia estatal y en espacios con una antigua presencia de las Farc, el asesinato de líderes sociales no puede entenderse solo como el resultado de disputas entre grupos ilegales por rentas ilícitas. El asesinato de líderes y lideresas responde también a una lógica política: se trata de contener las demandas por una participación efectiva en el poder local. Eso es uno de los resultados clave de nuestras investigaciones, realizadas con el apoyo del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) y la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (FESCOL).
Históricamente, en las periferias rurales colombianas, élites políticas locales, frecuentemente en alianza con actores armados ilegales han establecido órdenes locales marcadamente autoritarios. Mediante prácticas informales como el clientelismo y el uso de la violencia limitan fuertemente la competencia y la participación política, evitando que grupos sociales participen efectivamente del proceso formalmente democrático.
El Acuerdo de paz no solo creó la expectativa de una mayor inclusión política e impulsó una mayor movilización social de grupos históricamente excluidos. Su implementación también incluyó mecanismos como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que fomentaban la participación social. En territorios con órdenes locales cerrados y excluyentes, estas dinámicas presentan una amenaza directa al control político de las élites establecidas. La violencia contra liderazgos sociales puede entenderse en este sentido como una reacción de las élites locales y sus aliados armados a este desafío de su poder.
En nuestro estudio encontramos que, por ejemplo, la probabilidad y la frecuencia de asesinatos de líderes están fuertemente asociadas a la fuerza electoral de partidos de izquierda. Históricamente, muchos movimientos sociales rurales han sido la base social de partidos de izquierda. En el contexto del post-acuerdo, su fortaleza representó una amenaza creíble para formas autoritarias de poder local. No sorprende entonces que, en aquellos municipios donde la izquierda ha sido relativamente más fuerte electoralmente (en 2015), tienden a ocurrir más asesinatos de líderes sociales a partir de 2016.
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La existencia de una lógica política del asesinato de líderes y lideresas sociales no implica que los grupos armados ilegales no estén involucrados en esta, ni que las economías ilícitas sean irrelevantes para entenderla. Más bien es que, al menos en algunas regiones del país, estos grupos y mercados están estrechamente entrelazados con la política local. Cualquier política de protección efectiva de líderes y lideresas sociales debe ser consciente de la naturaleza autoritaria del orden político local en algunos municipios de Colombia, y de la disposición por parte de élites políticas y sus aliados armados de defender este orden de forma violenta.
* Esta columna se basa en un proyecto de investigación conducido por los autores junto con Juan Pablo Milanese e Inge H. Valencia de la Universidad ICESI y apoyado por el Instituto Colombia-Alemán para la Paz (CAPAZ) y la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (FESCOL). Los resultados han sido publicados en cuatro publicaciones con FESCOL.
**Esta columna hace parte del proyecto sobre democracia de la educación y la ciencia del Instituto CAPAZ.
Juan Albarracín. Politólogo y profesor asistente visitante del Keough School of Global Affairs, University of Notre Dame (EE.UU.). En Twitter: @JuanAlbarracinD
Jonas Wolff. Politólogo, investigador y director del departamento de investigación “Conflictos intraestatales” del Instituto Leibniz de Investigación de la Paz de Frankfurt (PRIF, por sus siglas en inglés), y miembro de la junta directiva del Instituto Colombo-Alemán para la Paz - CAPAZ. Twitter institucional: @HSFK_PRIF