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La verdad y la memoria no son simples reflejos del pasado, menos aún en sociedades que han transitado por décadas de violencia y conflictividad social, como el caso colombiano. Se acercan mucho más a lo planteado por Elizabeth Jelin, socióloga argentina, quien las concibe como procesos en construcción, interacción e interrelación entre diversos actores, muchas veces contradictorios entre sí. En particular, están protagonizados por quienes, desde cualquier rol, han vivenciado eventos dolorosos y traumáticos relacionados con el conflicto y la violación de derechos fundamentales.
En Colombia, los movimientos sociales han jugado un papel fundamental en la lucha por la verdad en el marco del conflicto. Han visibilizado y denunciado lo ocurrido, puesto en el centro del debate público la defensa de los derechos de las víctimas, promovido su reconocimiento como sujetos de derechos, impulsado acciones colectivas para preservar la memoria y fomentado la Justicia para la Paz. Desde 1996, han surgido una serie de movilizaciones en repudio a crímenes como el secuestro. En un ambiente de caos e ingobernabilidad, los promotores de estos movimientos lograron posicionar en la agenda pública la violencia, lo que desembocó en la creación de un enemigo público: las FARC, obviando el crecimiento del control de estructuras paramilitares y la responsabilidad del Estado en su criminalidad.
De manera simultánea, y ante el incremento de la violencia, el movimiento social también impulsó un importante proyecto denominado “Colombia Nunca Más”, cuyo objetivo era combatir la impunidad en crímenes de lesa humanidad, especialmente aquellos de responsabilidad del Estado. Este trabajo condujo, en 2005, a la creación del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Sin duda, las diferentes expresiones del movimiento social en Colombia han sido actores clave en la identificación de responsabilidades en el conflicto, el descubrimiento de la verdad, la incidencia en la creación de políticas públicas en favor del reconocimiento de los derechos de las víctimas e, incluso, impulsores directos de modelos de justicia para la Paz.
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Estas luchas han acogido a víctimas en diversas regiones, entre ellas quienes sufrieron la violencia estatal, por ejemplo, en el norte del Cauca entre 1999 y 2001. Cientos de familias claman justicia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Caso 05. Sin embargo, los avances en justicia y verdad han sido limitados. En lugar de imputar repetidamente a Pablo Catatumbo y otros exintegrantes de las FARC por conductas ya reconocidas, como en el reciente auto, sigue ausente el esclarecimiento sobre la participación de integrantes de la III División del Ejército, ya sea por acción u omisión, en múltiples crímenes más allá de los llamados “falsos positivos”. Hasta la fecha, solo se ha condenado a paramilitares.
La tensión entre verdad y memoria seguirá presente en el ambiente político, especialmente en épocas preelectorales. El próximo debate estará atravesado por narrativas sobre las responsabilidades en el conflicto. Un ejemplo reciente son las acciones de descrédito, negacionismo y difusión de mentiras promovidas por sectores de extrema derecha contra el legítimo reclamo de un grupo de mujeres, madres de familia de La Escombrera. Estas mujeres han luchado por más de 20 años para encontrar a sus familiares, víctimas de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín. Todo esto sería previsible y hasta normal si no fuera porque uno de los protagonistas de estas acciones fue Simón Arango, contratista de la JEP, quien, con sus ataques contra los murales “Las cuchas tienen razón”, terminó afectando y poniendo en riesgo los derechos de las víctimas.
Lamentablemente, la toma de decisiones en pro de la verdad, incluso dentro de entidades destinadas a la Paz, está en manos de personas que no necesariamente cumplen con tan loable propósito. En su lugar, se ven guiadas por sentimientos influidos por la matriz mediática, responden a intereses económicos o políticos, o incluso han representado jurídicamente a quienes están vinculados con la violencia o la han auspiciado. Como Arango Noreña, hay muchos aún ocultos. Pese a ello, la verdad hoy está en manos de la sociedad, y de ella dependerá superar el descrédito de muchas entidades y sacar a la luz verdades ocultas o negadas por el poder.