El 13 de julio de 1942, los integrantes del Batallón de Policía de Reserva 101, destacados al sur de Lublin (Polonia), recibieron la orden de reportarse a su comandante en las primeras horas del día. El mayor Wilhelm Trapp –muy popular ente sus hombres por no ser el típico comandante autoritario, que todos apodaban ‘papá Trapp’– dijo: “hoy debo darles una orden terrible”.
Con voz entrecortada y lágrimas que rodaron por sus mejillas, Trapp comunicó que Hitler les ordena asesinar a 1.500 hombres y mujeres judíos, incluidos niños y ancianos. Luego les hizo esta oferta: “[…] si alguien de la tropa siente que no puede hacerlo, se puede retirar… no tiene que participar”.
Pasados dos minutos de un silencio sepulcral, un hombre se retiró de la fila. El capitán de esa compañía, quizá avergonzado porque uno de sus subalternos era el primer “cobarde”, comenzó a gritarle, pero Trapp lo detuvo. Al menos una docena de uniformados siguió este ejemplo, pues todos en el batallón, incluidos los comandantes, eran conscientes de que no estaban ante una orden correcta.
Los integrantes del 101 eran hombres comunes de Hamburgo (Alemania), la mayoría de ellos con antecedentes históricos social-demócratas y que se habían enlistado para servir al régimen nazi, pero que no odiaban a los judíos. Apenas el 21 de junio de 1942 se habían despedido de de sus familias en Hamburgo tras un arduo entrenamiento militar de seis meses.
Los escuadrones de exterminio, conformados por estos uniformados y la temible SS, fueron conocidos como Einsatzgruppen, que en alemán quiere decir “grupos operativos”. Su misión era de apoyo a las tropas de combate, pues avanzan con estas sobre los territorios ocupados. Dado que en el camino muchos tiradores se traumaron con los asesinatos, tal situación dio lugar a la posterior aparición de campos de exterminio como el de Auschwitz, en ejecución de la “solución final a la cuestión judía”.
Ninguno de los hombres de estos escuadrones corrió peligro alguno por negarse a asesinar a civiles inocentes. A lo sumo fueron relegados a labores de cocina y limpieza de letrinas, además de recibir una anotación negativa en su hoja de servicio y las burlas de uno que otro compañero de barraca. Las órdenes están documentadas y queda claro que no estaban obligados a matar.
En 1947, cuando apenas era un investigador auxiliar de los aliados, el abogado Benjamin Ferencz encontró registros detallados de a quiénes habían asesinado, en qué ciudad, a qué hora, quién era el mando y cuál era la unidad ejecutora. Ferencz pasó a la historia como el tozudo fiscal estadounidense en los juicios paralelos de Nuremberg, tras demostrar el asesinato de dos millones de judíos por fusilamiento.
Quise trae a valor presente esta historia de la Alemania nazi, quizá desconocida sobre uno de los capítulos rezagados del Holocausto, precisamente cuando el país ha atestiguado dos audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), La primera fue de imputación de cargos al general Mario Montoya por crímenes de guerra y de lesa humanidad y, la segunda, de reconocimiento de responsabilidad de 16 militares indiciados en el subcaso Casanare. Ambas en desarrollo del macro caso 03 sobre “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”.
Tanto en la Alemania nazi como en la Colombia de los mediáticamente llamados “falsos positivos” (léase homicidios en persona protegida a la luz del derecho), los presuntos determinadores inmediatos escudan su conducta en el cumplimiento de órdenes emanados de sus superiores (determinadores mediatos). Una mentira que Ferencz desbarató en Nuremberg, pero que la JEP alimenta como parte de la narrativa post Acuerdo Final.
Una certeza jurídica creada a la fuerza por la estrategia adoptada por la JEP de “ir de abajo hacia arriba” –es decir, primero por el subalterno y luego por el superior– para refrendar las verdades sesgadas y parciales del Centro Nacional de Memoria Histórica, Cnmh, y de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, CEV. En ambos casos, el Estado es el culpable de nuestra guerra y las guerrillas víctimas circunstanciales de un sistema represivo.
Seguramente muchos no sabrán que lo primero que se enseña a los uniformados colombianos en las escuelas de formación y en los centros de entrenamiento de las Fuerzas Militares es la deontología de la orden militar. En los manuales se lee que esta debe ser “[…] legítima, lógica, oportuna, clara, precisa, concisa y relacionada con el servicio o función”.
En otras palabras, los 2.000 militares comparecientes en la JEP, como en el caso de los hombres del mayor Trapp, estaban en condiciones de entender que –de habérseles ordenado asesinar civiles inocentes– serían partícipes de la comisión de un delito penal de gravedad superlativa y una falta al honor y a los principios y valores castrenses. De hecho, muchos uniformados, incluido yo, recibimos órdenes en nuestra vida institucional que nos negamos a cumplir por considerarlas ilegales, bajo el faro protector de la doctrina, las leyes y la Constitución.
Mi intención no es negar la ocurrencia de los “falsos positivos”, práctica criminal que reconozco y aborrezco en mi calidad de soldado, si no hacer ver que esta obedeció a decisiones de índole personal y no es resultante de un “patrón macro criminal nacional” auspiciado por la “cadena de mando civil y militar” entre 2002 y 2008, en palabras de la JEP.
Mientras en Nuremberg el fiscal Ferencz documentó las órdenes detrás de cada judío fusilado, en Colombia la JEP no cuenta con un solo documento oficial o extraoficial que demuestre que se trató de una política de exterminio institucional o estatal.
Al final del día, como concluí en otra de mis escritos de opinión, si en términos estadísticos los 2.000 militares indiciados por falsos positivos equivalen a menos del 0,5 de integrantes del pie de fuerza militar de la época (entre 380 400 mil), entonces ¡la supuesta política de exterminio que ejecutaron Montoya y sus hombres fue realmente un rotundo fracaso o el 99 por ciento de subalternos incumplieron esa orden militar!, lo dudo.