Últimamente, varias figuras de la vida política y de paz en el país han expresado una preocupación porque el gobierno de Gustavo Petro le dé un “estatus político” a los grupos armados, generalmente considerados como criminales. Este concepto del estatus político es problemático en varios sentidos –ya desde hace años se ha señalado que la dicotomía entre “político y criminal” es inútil– pero otro es que, en general, no hay claridad conceptual sobre la palabra “política”, lo cual empeora nuestro entendimiento de los conflictos armados, el crimen organizado y los grupos armados ilegales, entre otros temas.
Esta diferenciación aparece en el debate de la Paz Total, pues algunos creen que hay que diferenciar entre los grupos “políticos” y los “criminales”. Es cierto que hay que tener en cuenta las particularidades de cada grupo armado con que se negocie, pero no es necesario llevarlo a un plano legal. No todo lo que se negocia con un grupo armado tiene que ser definido por la ley.
Por ejemplo, si se quiere hablar con las Agc de desarrollo rural en las áreas bajo su control, el gobierno debería tener la posibilidad de tomar esa decisión política sin que la ley lo obligue a negociar lo jurídico. Existen modelos de desarme, desmovilización y reintegración llamados “armas por desarrollo” (aunque su aplicabilidad acá todavía no se sabe). Si el gobierno quiere pagar el costo político de hacerlo, debería poder tomar esa decisión. Esto no quiere decir que el gobierno debería negociar así, pero sí que debería tener esa opción. Ahora bien, la justicia transicional sí debería definirse por la ley de alguna forma.
Pero más preocupante es que hay mucha confusión conceptual sobre la palabra “político”. Lo que realmente quieren decir con esa palabra la mayoría de las personas que opinan sobre el tema es “ideológico”. Es decir, para ellos, un grupo armado “político” es uno que tiene una ideología. Aquí entran en un mundo bien complejo donde incluso no hay claridad sobre qué entienden por “ideología”. Lo importante es diferenciar entre ambos conceptos y sus diferentes facetas.
Un grupo armado puede ser “político”, en el sentido de tener un aspecto político, por diferentes razones. En primer lugar, si controla la sociedad en que opera –al hacer cumplir reglas de juego para la vida y/o que impone o mantiene cierto “orden” que incluye definir la jerarquía social, por ejemplo– tendría un aspecto político muy claro. A menudo, hoy en día, esto se llama “gobernanza criminal” o “gobernanza rebelde” – y en la actualidad todos los grupos armados organizados en Colombia lo hacen, desde las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) hasta el Eln. En efecto, son una autoridad importante en sus territorios de control.
Algunos actores armados gobiernan de maneras más formales que otras. En muchas zonas del país, las reglas de los grupos son claras para la población local, aunque no están escritas, lo cual, a veces, le permite a la población negociar aspectos de la gobernanza armada o hacer empujoncitos (nudge, en inglés, en las palabras de Oliver Kaplan) al grupo para que actúe de forma diferente. En otras zonas, estas reglas están definidas en manuales de convivencia que se cumplen en menor o mayor medida, pero que son un intento de gobernar más formalmente.
Otro aspecto político de los grupos armados es el de afectar la definición de políticas públicas a su favor, lo cual a menudo implica vínculos directos con actores estatales, bien sea locales, regionales o nacionales (o todos los anteriores). Al influir a su favor en políticas públicas, claramente terminan teniendo un poder político y bastante importante, y esto es supremamente común en el mundo del crimen organizado, pero no está limitado ahí pues, en Colombia, el Eln lo hace en Arauca.
Finalmente, los grupos armados pueden tener un elemento político si logra movilizar políticamente un sector de la población –o por disposición o coerción- a favor del grupo, quien, a su vez, es capaz de influir en decisiones estatales. Este poder político es semejante al anterior, pero es más indirecto.
Sin embargo, no son mutuamente excluyentes: muchos grupos armados hacen ambas cosas. Las marchas en el sur del Bolívar en entre 1999 y 2001, promovidas por grupos paramilitares, en contra el despeje para negociar con el Eln, pueden considerarse un ejemplo, por más coercitivo que fueran; la relación de grupos paramilitares con ganaderos en diferentes zonas del país también.
Las organizaciones sociales promovidas por el Eln son otro ejemplo igual que un grupo naciente de organizaciones locales vinculadas a las disidencias de las Farc.
Se podrían dar otros ejemplos de elementos políticos, pero estos, quizá, son los más prevalentes en Colombia actualmente. Lo clave es que un grupo “criminal” sí puede tener aspectos políticos claros, pero el asunto de fondo es si tiene una ideología o no, lo cual será el enfoque de la segunda parte de esta columna.
*Kyle Johnson es cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses