Analistas

22 Jun 2022 - 8:45 p. m.

La política del desgaste continúa, esta vez por reanudar el glifosato

María José León Marín*

La novela del glifosato no termina y, con ello, la política del desgaste institucional y social acumula más de treinta años de dolor, enfermedad y desplazamiento. El actual Gobierno insiste en reanudar las aspersiones aéreas con glifosato, sin cumplir las estrictas condiciones de la Corte Constitucional. En esto va la carrera por cumplir la apuesta simbólica del Gobierno saliente: asperjar al menos una vez.

Después de un enredado trámite promovido por la Policía Nacional ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y de dos decisiones de la Corte Constitucional sobre la protección del derecho a la participación de las comunidades potencialmente afectadas por las aspersiones aéreas (Sentencias T-236 de 2017 y T-413 de 2021), la ANLA inició un procedimiento para evaluar la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG) enfocado en tres municipios de Norte de Santander: Sardinata, El Zulia y San José de Cúcuta. Como parte de ese procedimiento, la ANLA realizó una audiencia pública semi-presencial el pasado 31 de mayo: dos días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con una escasa difusión antes del evento y pobres campañas de socialización de los catorce archivos y de las seis carpetas de anexos, escritos en un lenguaje altamente técnico.

¿Qué pasó en la audiencia pública?

En la audiencia, la Policía Nacional no hizo esfuerzo alguno por explicar de forma clara y completa los riesgos, impactos y posibles daños asociados a la aspersión aérea con glifosato, ni mucho menos cuáles eran las medidas previstas para prevenirlos, mitigarlos, corregirlos o compensarlos. Sin duda, esta información es fundamental para poder garantizar el derecho a la participación. Más aún, cuando solo el resumen ejecutivo de la modificación del PMA del PECIG tiene 180 páginas.

La Policía se dedicó a presentar los impactos de los cultivos ilícitos. Sobre las aspersiones aéreas con glifosato aseguró haber identificado mayoritariamente impactos positivos y algunos negativos moderados o irrelevantes que, en su criterio, podrían ser internalizados por las poblaciones potencialmente afectadas o ser compensados económicamente. Incluso, en un punto, los funcionarios sugirieron que las aspersiones podrían generar beneficios sociales. Estas son afirmaciones que desconocen, a todas luces, el dolor asociado a las fumigaciones aéreas con glifosato, las pérdidas y afectaciones que han sufrido las poblaciones asperjadas y las múltiples demandas que se han realizado tanto en instancias nacionales e internacionales por los daños asociados a esta actividad.

Además, la Policía aseguró que contaba con una serie de condiciones que garantizaban la no aspersión de cultivos lícitos, sin mayor explicación. Esta es una de las mayores preocupaciones de las poblaciones potencialmente afectadas, pues –como lo señaló el secretario de Gobierno de Sardinata– muchos cultivos lícitos e incluso de lotes de familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) han sido afectados tanto por el efecto deriva como por las aspersiones directas y en el 90% de los casos no han sido reparados.

Por otra parte, la Policía también aseguró que el componente de glifosato que se usará en la mezcla cumple todos los requisitos para ser usado. Sin embargo, como lo recalcó un químico industrial y veedor departamental en materia de salud, la entidad no presentó información completa y clara sobre los componentes químicos de la mezcla, ni hizo explícitas las condiciones de tiempo, modo y lugar de los operativos de aspersión. Es decir, información fundamental para valorar y gestionar impactos o riesgos ambientales. Además, como lo señaló Dejusticia en su intervención, la modificación incumple las exigencias de valoración de los riesgos de la actividad, entre otras, porque las apreciaciones de la Policía en la modificación del PMA distan de los hallazgos de las pruebas técnicas anexas al documento.

Por último, en la explicación de la caracterización del área de influencia y de la zonificación ambiental, la Policía aseguró que la modificación del PMA para los tres municipios de Norte de Santander excluye la posibilidad de afectar comunidades étnicas y ecosistemas estratégicos. En ese sentido, los funcionarios indicaron que la mayoría de las áreas a intervenir son de muy alta sensibilidad y, por tanto, de exclusión o de restricción alta. A pesar de ello, no presentaron información o medida alguna para garantizar la delimitación diligente de aquellos lugares que no pueden ser asperjados dentro de esas zonas para proteger los recursos naturales.

¿Qué sigue?

Después de la audiencia, quedan muchas inquietudes sobre la insistencia del Gobierno saliente en reanudar, a como dé lugar, las aspersiones aéreas con glifosato. Incluso si ello implica hacerlo sin fundamentos técnicos ni jurídicos claros, desconociendo la secuencialidad entre los métodos de erradicación de cultivos ilícitos y a costa de los derechos de acceso a la información y a la participación de las comunidades potencialmente afectadas.

En los próximos meses, la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre una tutela en la que se discute la secuencialidad entre los métodos de erradicación, a la sombra de que este procedimiento express, en trampas de núcleos departamentales y sin fundamentos jurídicos claros, termine siendo tan rápido e inédito como el del fracking. Nos queda esperar al nuevo Gobierno para ver si la novela del glifosato termina, como lo prometieron en su momento los dos candidatos presidenciales que pasaron a segunda vuelta, o qué cambios de trama traerá. Por lo pronto, la ANLA deberá decidir si aprueba o no la modificación del PMA que presentó la Policía, en lo que parece ser una apuesta por una victoria simbólica que les permita fumigar al menos una vez. Ojalá que la decisión sea negativa: ya es hora de que la política del desgaste, que imperó en el Gobierno actual, llegue a su fin.

* Investigadora de Dejusticia. Twitter: @mjleonmarin

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