México tiene presidenta

El pasado 2 de junio, México celebró las elecciones más grandes de su historia, pero también una de las más emblemáticas en materia de representación y lo que parece ser, un cambio de régimen en la vida política del país. Tenemos presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de México y en la persona más votada con el 59.7% del total de los votos, más de 35 millones de personas apostaron por “el segundo piso de la transformación” del proyecto político de MORENA. Fundadora del partido, académica y con una sólida hoja de vida de luchas sociales, México tendrá a una mujer liderando el poder ejecutivo en un país donde hace 70 años las mujeres no podíamos ni votar. Si bien se proyectaba el triunfo de Sheinbaum, los votos a su favor superaron incluso los votos de su mentor, el actual presidente.

Con las recientes elecciones, tenemos también 13 gobernadoras de los 32 estados del país, incluida la Jefa de Gobierno de Ciudad de México. Claudia Brugada, con una formación feminista y desde las bases urbanas populares, resistió para mantener al gobierno de izquierda en la capital y continuar su legado de creación de comunidad, fortalecimiento del transporte público, políticas de reducción de daños para personas usuarias de drogas, entre otras políticas. Como mujer, es inevitable que estos resultados generen expectativa sobre otras formas de gobernar, de entender un país tan grande, diverso que enfrenta múltiples desafíos desde una visión distinta de construir país.

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Sin embargo, en el camino surgen más de una interrogante del rumbo que tomará la nueva administración: ¿Cómo va a manejar tanto poder la nueva presidenta? ¿Cómo desmarcarse de una narrativa tóxica como la de Andrés Manuel López Obrador y consolidar el proyecto político de MORENA construido desde las bases de izquierda?

Tenemos una presidenta que tiene el reto de manejar de forma estratégica un poder fuera de lo común, en un país donde las órdenes de masculinidad permean el sistema político. Claudia gana la presidencia con una mayoría calificada de MORENA en el Congreso que genera incertidumbre y repite prácticas añejas de la clase política. Esta semana la agenda pública ha visibilizado el debate sobre los límites jurídicos de la “sobre representación” en el poder legislativo que ya existían también en gobiernos de derecha y la continuidad de pactos con partidos parásitos como el Partido Verde Ecologista. Esta mayoría ha puesto nerviosos a los mercados financieros y al tipo cambiario por el avance de una serie de reformas constitucionales enviadas por AMLO en febrero como parte del llamado “Plan C” de la cuarta transformación.

Si bien algunas de estas reformas se concentran en afianzar programas sociales para grupos históricamente vulnerabilizados, no incluye ningún plan para diseñar una reforma fiscal integral que permita sostener dichos programas. Asimismo, hay propuestas que ponen en riesgo la estructura del poder judicial federal, ya que se pretende sustituir a las y los jueces del sistema, incluyendo a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para someter a elección popular quienes integran el sistema. Esto sin diagnóstico alguno y bajo el argumento de la corrupción que existe en el poder judicial. De igual forma, preocupa que, a pesar de la insistencia del proyecto de MORENA de apostar por una estrategia de “no intervención” frente a los Estados Unidos, se incluye una reforma que potencializa el enfoque punitivo para cumplir con los acuerdos bilaterales en la “lucha contra el fentanilo” y otras reformas que condicionan la existencia de organismos autónomos.

Los días posteriores a la elección hemos visto a la virtual presidenta, matizando los mensajes de su campaña y del propio presidente que termina su periodo presidencial el 30 de septiembre de este año. Hemos escuchado discursos más moderados que la narrativa presidencial actual con el único propósito de calmar a inversionistas ante los movimientos en el tipo cambiario y asegurar la apertura a un diálogo hasta ahora, sólo respecto a la reforma al poder judicial.

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Este matiz en la narrativa de Claudia podría abrir puertas para pensar en reformas que sí son necesarias en materia de acceso a la justicia que forzosamente involucran el desempeño de las fiscalías y los tribunales a nivel local, la Fiscalía General de la Nación y a las defensorías públicas. Se requiere un diálogo sensato y profundo también con las personas usuarias del sistema de justicia sobre las causas del nivel de impunidad que enfrenta el país y afecta a miles de personas en situación de vulnerabilidad y pobreza, tanto aquellas que no ven garantizado el acceso a la justicia, como quienes son encarceladas injustamente o que son privadas de la libertad sin sentencia.

Es fundamental que esos matices y acercamientos prioritarios no solo se queden en los grandes capitales. La nueva presidenta tiene oportunidad de abrir paso a una reconciliación con la sociedad civil y sobre todo, recibir a los movimientos olvidados del sexenio anterior y que hoy en día necesitan ser escuchados: las familias de las cientos de miles de personas periodistas, las mujeres víctimas de violencia, las personas migrantes, las y los periodistas, entre otros. No habrá programa social suficiente, ni transformación exitosa, mientras no se reconozca y se atiendan las causas estructurales de las violencias, la corrupción y la crisis de estado de derecho que atraviesan al país.