El pasado jueves 4 de agosto se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) con al menos 20 delegados de un segmento de los militares y policías víctimas del conflicto armado y sus familias, los cuales aseguran que el organismo transicional no los tuvo en cuenta en su Informe Final.
La realización de este encuentro no fue comunicado a los periodistas y no aparece registrado en el sitio web de la entidad, si bien ese mismo día, a las nueve de la mañana, el comisionado Alejandro Valencia Villa convocó una rueda de prensa en la sede de la entidad para tratar otros temas.
Esta reunión atípica –que tuvo por escenario el hotel Metrotel 74, en el norte de Bogotá– fue convocada por Gerson Arias, director de Diálogo Social de la Comisión, por encargo del sacerdote Francisco De Roux, regente de la entidad desde su inicio de labores, quien la presidió en compañía de un grupo de sus asesores.
El soldado profesional (r) Nelson Ramírez es el culpable de que la CEV se haya visto presionada al parecer por cooperantes europeos para reunirse tardíamente con los delegados de estas asociaciones, precisamente 37 dias después de la entrega del Informe Final. Ellos reclaman los derechos de miles de exintegrantes de la fuerza pública de Colombia y sus familiares y allegados, dada su calidad de víctimas.
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Resulta que un día después de la presentación del informe en el teatro Jorge Eliécer Gaitán –puesta en escena donde jamás se hizo entrega formal de un documento escrito o digital con la totalidad de volúmenes–, el director de Héroes de Honor, organización que, bajo la modalidad de club de fútbol, aglutina a unas 7.800 víctimas de minas antipersonales, dijo que el país les había dado la espalda y que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr), creado por los acuerdos de paz de 2016, tampoco parecía brindarles la oportunidad de ser escuchados.
Sus palabras provocaron un silencio casi sepulcral en la Plaza de los Artesanos, lugar que aquel 29 de junio acogió a unos 350 invitados del organismo. La afirmación tomó por sorpresa al mismísimo De Roux, quien no ocultó su incomodidad, como quiera que este era el evento de cierre de la CEV con una muestra representativa del grueso de las víctimas de nuestro conflicto armado interno.
La entrega del Legado de la Comisión a las Víctimas se vio opacada por la espontaneidad de Ramírez, máxime cuando en el lugar estaban presentes Guilles Bertrand, embajador de la Unión Europea en Colombia; Alexandra Sandoval, vicepresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).
Bertrand no pudo ocultar la sorpresa que le causó la afirmación del soldado, si bien este reconoció que la CEV, a través de los espacios de escucha, hizo posible “visibilizarnos de la obscuridad de donde estábamos”. El malestar fue tan evidente, que este diplomático, responsable de los recursos de cooperación para la paz que provienen del ‘viejo continente’, habría presionado la realización de la reunión del Metrotel 74, la primera de otras tantas que se deberían formalizar con estos uniformados víctimas y sus familias.
Lo único cierto es que organizaciones como la Asociación Colombiana de Militares Desaparecidos, Acomides y la Fundación de Víctimas de Desaparición Forzada, Funvides, las cuales representan a más de 33 mil víctimas de este crimen, rechazaron la convocatoria porque ya tuvieron desencuentros pasados con la entidad transicional.
En mayo de 2021, Esperanza Rojas –esposa de un sargento del Ejército desaparecido por las Farc-EP y cabeza visible de una de estas organizaciones– dijo en el marco de un foro internacional que la CEV se negó a incluir en las sesiones de escucha a un centenar de las víctimas que su organización representa con la excusa de que sólo podían oír a una decena de ellas, pero si estas recitaban el contenido de un libreto que les fue suministrado. Ante la denuncia, de Roux, que estaba presente en el evento –cuenta ella–, le suministró el número de su teléfono móvil personal, pero jamás contestó sus llamadas.
Surgen, entonces, algunas preguntas de cierre: ¿La reunión tuvo lugar en el norte de Bogotá para evitar que la prensa se enterara? ¿Por qué tanto secreto? ¿Es cierto, como asegura Esperanza Rojas, que la Comisión estilaba entregar libretos a las víctimas? ¿Este episodio corroboraría que el Informe Final es excluyente, está ideologizado y presenta sesgos?