La trasformación de la justicia imaginada por la Comisión de la Verdad

Las sesenta y siete recomendaciones del informe final publicado por la Comisión de la Verdad en junio pasado constituyen un valioso insumo para imaginar el futuro. La realidad imaginada está sujeta al compromiso de toda la sociedad, incluyendo a los gobiernos, legisladores y funcionarios judiciales, de garantizar los derechos humanos y construir un Estado social de derecho que funcione en los territorios.

La Comisión de la Verdad diagnosticó un Estado ausente, que llega tarde y falla en el respeto, garantía y protección de los derechos y libertades. Las permanentes declaraciones de responsabilidad nacional e internacional del Estado por incumplimiento de sus obligaciones dan cuenta de ello. Además, se trata de un Estado con problemas estructurales en su funcionamiento, como lo ha declarado la Corte Constitucional desde 1998 en distintas situaciones, incluyendo la atención de la población víctima del desplazamiento forzado y la recluida en las prisiones del país.

Por eso, el Estado que imaginaron las/os comisionados requiere principalmente renovar compromisos para la no repetición, fortalecer la democracia, dignificar a las víctimas y transformar la realidad social. Las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad permiten imaginar un Estado capaz de poner las instituciones públicas y autoridades judiciales al servicio de la sociedad para cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, a partir del fortalecimiento de i) la independencia y transparencia; ii) la investigación penal; iii) la investigación de la criminalidad organizada y sus redes de apoyo; iv) el reconocimiento de la violencia contra el sistema judicial y sus funcionarias/os; y v) el acceso a la justicia local.

Para lograr tales cometidos, suficientemente ambiciosos teniendo en cuenta la realidad del país, el informe detalla algunas de las medidas a adoptar, incluyendo la modificación del procedimiento de elección del Fiscal General de la Nación, asunto sobre el que de manera lúcida han escrito en las últimas semanas Jorge Iván Cuervo, en Razón Pública, y Rodrigo Uprimny, en este mismo diario. Si bien ya no hay tiempo para hacer tal modificación pensando en la siguiente elección, dado que una reforma constitucional no podría salir antes de enero de 2024, podría hacerse un ajuste inmediato mientras se adelanta el trámite de tal reforma para la siguiente elección.

El ajuste inmediato puede consistir en expedir un decreto ordinario del Presidente de la República estableciendo un proceso público para la selección de las personas que integrarán la terna que éste debe presentar a la Corte Suprema de Justicia. El proceso debería basarse, como lo indicó la Comisión de la Verdad, en criterios de mérito y en el reconocimiento de la trayectoria profesional, publicidad y transparencia de las personas postuladas, contando con acompañamiento de la academia y veeduría para el control ciudadano. Además, la experiencia en la fallida elección del Contralor General de la República debería tenerse en cuenta.

También las recomendaciones incluyen medidas para garantizar que los aforados constitucionales, terceros civiles y agentes de Estado que participaron o se beneficiaron de violaciones de los derechos humanos sean debidamente investigados, juzgados y sancionados. En ese mismo sentido, se recomienda la priorización de la investigación, el juzgamiento y la sanción en Colombia de personas solicitadas en extradición para que previamente contribuyan a esclarecer fenómenos de violencia, crímenes y corrupción a gran escala, satisfaciendo los derechos de las víctimas.

Dos enfoques más podrían cambiar profundamente la lucha en contra de la impunidad en el país. El primero tiene que ver con la puesta en marcha de un mecanismo independiente que diagnostique y proponga medidas para evitar la cooptación de funcionarias/os de la Fiscalía General de la Nación por parte de actores armados y por redes políticas y económicas involucradas en actividades ilícitas. El segundo es poner en marcha una comisión transitoria de esclarecimiento e investigación independiente e internacional o mixta (nacional e internacional) para impulsar la investigación y esclarecer la verdad de los hechos del narcotráfico y de la criminalidad organizada asociada a este y sus redes de apoyo.

Estos elementos, sumados al reconocimiento de la violencia en contra del sistema judicial y sus funcionarias/os, deberían permitir mejorar el acceso a la justicia local, especialmente en zonas rurales, lo que se traduce en fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos y las justicias comunitarias, crear al fin una jurisdicción agraria, articular la justicia ordinaria con justicias propias de los pueblos étnicos, y resolver los conflictos territoriales entre pueblos étnicos y comunidades campesinas.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad imagina un Estado que reconstruye la confianza entre la sociedad y sus instituciones para garantizar la no repetición. La realidad imaginada parte de la adopción de transformaciones en materia de justicia para superar los factores que permiten la persistencia de la impunidad y la violencia.

La Comisión no fue ingenua. Sabía que hacer realidad el Estado imaginado requiere voluntad política, diálogo, participación amplia de la sociedad y búsqueda de acuerdos. El potencial transformador de las recomendaciones depende de estos elementos que han buscado hacer realidad diferentes sectores de la sociedad desde hace décadas. El desafío ahora está en mover con autocrítica y decisión la gran estructura burocrática del Estado, así como en imaginar diferentes formas prácticas para lograrlo.