El Acuerdo Final de Paz creó las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CTEP) como una medida necesaria para la reparación de las víctimas de los territorios más afectados por el conflicto armado. Aunque no pudieron ser puestas en marcha para las elecciones legislativas de 2018, luego de un largo y tortuoso recorrido de acciones judiciales por fin serán una realidad con la promulgación del Acto Legislativo 02 de 2021. Y aunque esta es una gran noticia para el fortalecimiento de la democracia, no se puede perder de vista que el país ya no es el mismo que vivió el fin del conflicto que sostenía el Estado con la antigua guerrilla de las FARC-EP. Por tanto, la implementación de estas medidas en las elecciones de 2022 presenta más desafíos que certezas.
Las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz fueron concebidas como una medida necesaria para garantizar una mejor integración de los territorios especialmente afectados por el conflicto, y que históricamente han sufrido el abandono estatal y una débil presencia institucional. Además, se buscaba asegurar una mayor inclusión y representación política de sus habitantes y de sus demandas sobre la garantía de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
Finalmente, en el acuerdo suscrito el 24 de noviembre de 2016 quedó establecida la creación de 16 CTEP para la elección de un número igual de Representantes a la Cámara, las cuales coinciden territorialmente con los PDET, los mismos que vienen siendo implementados de manera escasa y restringida por el actual Gobierno nacional. Esas 16 regiones se corresponden con algunas de las zonas donde actualmente se vive el conflicto armado de manera más intensa.
Y es que, mientras se daban las disputas judiciales por revivir o sepultar las Circunscripciones, en estos territorios se producía rápidamente la transformación del conflicto armado. Viejos actores armados, como los paramilitares del Clan del Golfo o la guerrilla del ELN, se fortalecían y expandían su presencia, y actores como las estructuras armadas que se apartaron del proceso de paz, más conocidas como “disidencias de las FARC”, aparecían, mutaban y se esparcían rápidamente.
Frente a ese complejo panorama de seguridad, el gobierno de Iván Duque, con su política de seguridad y defensa, solo replicó torpemente la seguridad democrática de Álvaro Uribe, repitiendo los problemas de violación de derechos humanos y desconocimiento del DIH que esta tuvo en el pasado. Por otro lado, ha implementado de manera distorsionada el Acuerdo de reforma rural integral, remplazando los PDET por las Zonas Futuro, una estrategia en clave de consolidación militar que ha negado la participación social.
La combinación de estos factores ha dado como resultado el retorno y agravamiento del conflicto armado, especialmente en aquellos territorios priorizados para la implementación del Acuerdo de Paz, produciendo una violencia generalizada y sistemática contra las comunidades, organizaciones, líderes, lideresas sociales y personas que defienden derechos.
Por esa razón, los principales desafíos de las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz están relacionados con las garantías de seguridad para las organizaciones y comunidades víctimas que han vuelto a soñar con la posibilidad de llevar su voz al Congreso de la República. Muchas organizaciones y comunidades que quieren participar en estas elecciones especiales analizan la situación de seguridad como un factor determinante en la definición de sus candidaturas.
Los riesgos en materia de seguridad para quienes vayan a participar en dichas elecciones van a ser numerosos y muy graves. En varios territorios, es probable que los grupos armados ilegales declaren objetivo militar a las víctimas una vez oficialicen sus candidaturas. A esto hay que añadirle la estigmatización por parte de sectores políticos que recientemente han vuelto a realizar declaraciones en contra de las Circunscripciones, poniendo en riesgo de manera irresponsable a quienes aspiran a participar en ellas.
Frente a este tipo de riesgos extremos, las medidas de seguridad, prevención y protección para las víctimas que van a participar en dichas elecciones se pueden fortalecer con la implementación integral de mecanismos creados por el Acuerdo de Paz, dirigidos a crear garantías de seguridad para todos los actores que participan en la construcción de la paz, tales como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad o el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, entre otros. El Gobierno ya debería entender que suplantar arbitrariamente dichos mecanismos ha tenido un costo demasiado alto.
Pero no es demasiado tarde, las instituciones del orden nacional y regional todavía pueden implementar las garantías de seguridad contempladas en el Acuerdo de Paz y establecer otras medidas preventivas concertadas con las organizaciones que garanticen su participación política. La esperanza y el entusiasmo que despiertan las CTEP en miles de víctimas, sus organizaciones y comunidades, debería ser motivación suficiente.