Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, con estos derechos fundamentales la Constitución de Colombia de 1991 fortaleció la democracia participativa y dotó a los ciudadanos de especiales prerrogativas para que desde lo individual o lo colectivo expresen sus opiniones, su desacuerdo o respaldo a los gobiernos, confronten ideas, decisiones y posiciones políticas, económicas y sociales. Las marchas con su esencia de pluralismo, tan censuradas y repudiadas por algunos sectores, hoy se constituyen en la viva voz de las libertades, es un ejercicio que permite tomarle el pulso al poder político y su legitimidad.
La vituperada calle acoge a todas las personas sin distingo alguno, es el escenario natural para las marchas y las protestas a las que se convoca o asiste por convicción, conveniencia u oportunismo; en esta realidad social se entremezcla las posiciones y expresiones, con la perversidad de la manipulación política.
Con todo, hay cambios positivos sobre la comprensión de las marchas. Para gobiernos del pasado la protesta social se identificó con violencia y vandalismo; actualmente es el presidente Petro quien llama a la movilización y a su vez, la oposición ha hecho lo mismo. La Policía identificada como un cuerpo represivo, responsable de numerosos crímenes y actos de brutalidad, se ha transformado, aunque no estructuralmente; hoy se busca que como cuerpo armado de naturaleza civil garantice los derechos de quienes protestan pacíficamente e intervenga cuando haya hechos de violencia.
Es legítimo que el presidente Petro promueva las marchas y que las personas acudan a esos llamados cuantas veces quieran, el mismo derecho le asiste a quienes se oponen al presidente y sus reformas; sin embargo, los graves problemas en materia de orden público, seguridad, la falta de ejecución presupuestal, las promesas incumplidas, los permanentes escándalos de corrupción y el deterioro en la colaboración armónica de las ramas del poder público, no se resuelve únicamente con marchas, discursos y agitación; es necesario un proceso serio de autoevaluación sobre el desempeño del gobierno y de las estrategias utilizadas para buscar acuerdos, poco se logra atribuyendo responsabilidades a los demás.
La desaprobación de la gestión del gobierno ratificada con marchas, protestas y reclamos es poco fructífera si la oposición es irreflexiva, especialmente en el Congreso de la República, cuando las reformas no se aprueban porque provienen del gobierno y su línea ideológica, sin más miramientos. Los proyectos de ley son para estudiarlos y discutirlos, analizando sus aspectos positivos y negativos como parte esencial del trabajo legislativo; los aplazamientos, la ruptura del quórum y otras tretas acentúa la degradación del Congreso como órgano de representación popular.
El presidente Petro señala que la clase política tradicional, con asiento en el Congreso de la República, y las oligarquías, se oponen a sus reformas, impidiendo lograr el cambio por el que el pueblo votó mayoritariamente. Como propuesta o alternativa invoca una asamblea constituyente, simultáneamente se refiere al poder constituyente, al proceso constituyente, y recientemente propuso un referendo.
Inicialmente, parecía que su pretensión era que mediante asamblea constituyente se adoptara una nueva constitución; luego afirmó que no quería cambiar la Constitución, sino llevar a canon constitucional el acuerdo nacional que no se contempló en la Constitución de 1991.
La asamblea constituyente y el referendo son mecanismos para reformar la Constitución que requieren de una ley aprobada por la mayoría de los miembros de Cámara y Senado, entre otros requisitos. Respecto al poder constituyente, su significado es variable a nivel teórico; dentro de la tradición democrática occidental tiene como titular al pueblo, a la nación, es originario y soberano, empero requiere objetivos claros, instituciones o mecanismos para su materialización. Lo anterior puede leerse como una búsqueda de caminos políticos que posibilite sacar adelante las reformas; en ciertos sectores son propuestas súbitas y poco coherentes, que denota confusión, desespero e improvisación.
Las marchas y protestas convocadas por el presidente de la República como expresión del sentir ciudadano fortalecen la democracia, su voz va más allá de la arenga, tiene repercusiones políticas que no pueden ser desatendidas. No obstante, acudir permanentemente al pueblo para gobernar, o para buscar fórmulas que permitan esquivar las decisiones mayoritarias del Congreso, es improcedente y perjudica a una sociedad que reclama acciones del gobierno, concretas y eficaces.