13 May 2022 - 3:49 p. m.

Lecciones para gobernar en paz

Ana Lyda Melo

Una investigación documental que hice de manera compartida y puede ser consultada en Meta-síntesis: Identidad y Reintegración de Excombatientes y Veteranos de Guerras Civiles en Acuerdos de Paz | Ciudad Paz-ando (udistrital.edu.co) sobre 56 estudios en siete países de Centroamérica y Suramérica, cuatro en Europa, cinco en Asia y diez y ocho en África, transitando de guerras no internacionales a estados de convivencia pacífica, me ha permitido abstraer ciertas lecciones para Colombia.

Pretendo reflexionar sobre el impacto de aquellas acciones y omisiones de los gobernantes y ciudadanos, en función de los procesos de construcción de paz para el mejoramiento de la convivencia, libertad democrática, seguridad, desarrollo y justicia social. Para ello, se analizarán las lecciones en relación con el desarrollo humano, el valor de los acuerdos de paz, gobernabilidad, el enfoque centrado en las personas, subsistencia económica, participación política y efecto del discurso.

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El concepto de desarrollo humano ha sido enmarcado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como la aspiración hacia el progreso sostenible, el gozo de una vida longeva, digna y saludable; la tenencia de ingresos que mejoren la calidad de vida sin violentar los derechos de las personas; la capacidad de actuar en colectivos siendo parte de ambientes incluyentes y el acceso a oportunidades de crecimiento económico y progreso educativo, político y social.

Las guerras no internacionales, claramente frenan el desarrollo de cualquier país y en su mayoría, se han originado por la organización de individuos que se identifican en su inconformidad por la desigualdad, inequidad y mal desarrollo. La frustración que sienten estos individuos, al compararse con otros que si logran prosperar, moviliza en los inconformes, maneras colectivas de cambiar su situación bien sea por la fuerza o el diálogo. De ahí que los acuerdos, se conviertan en la alternativa más viable para la resolución de dichas inconformidades porque comparativamente sus costos materiales, temporales y humanos son más bajos y el retorno de la inversión más alto.

Negociar un acuerdo de paz es una forma nada despreciable de abordar causas socioeconómicas y políticas de desigualdad, crear programas de alivio a la pobreza, interesarse en las necesidades de territorios desatendidos e integrar su población a la política de desarrollo nacional. Un logro que debe llevar rápidamente a la implementación de estrategias que permitan tal desarrollo y no den pie a la desconfianza, indecisión y disidencias.

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Una apuesta por los acuerdos de paz representa un clamor de quienes más sufren los efectos del conflicto armado, la esperanza de erradicar el hambre y los perjuicios de la violencia. Las políticas que se formulen para la implementación de estos acuerdos y todo lo que coadyuve al progreso, debe superar los intereses de los gobiernos de turno. Estas políticas deben revisarse permanentemente por si requieren nuevas formulaciones para responder a la evolución y necesidades de los procesos de paz.

Se requieren más políticas de Estado que de gobierno asegurando a corto, mediano y largo plazo el logro de los propósitos trazados, articularlos con los planes de desarrollo nacional, regional, local y los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS), mantener una visión como nación que independientemente de los gobernantes y partidos políticos representados, permita planificar, trabajar e invertir sobre objetivos fundamentales para el buen vivir de todos los ciudadanos.

Una vez los acuerdos se afianzan en el compromiso y colaboración entre las partes, hay que focalizarse en su implementación desde una perspectiva más centrada en las personas que en el mercado, es decir, descubrir en la historia del excombatiente su potencial para desarrollarse, mientras transita a una nueva etapa de vida.

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Centrarse en las personas, permitirá reconocer e involucrar diversos actores para orientar sus acciones colectivas hacia el bien común. Entre dichos actores, se encuentran los excombatientes, militares, retirados, empresarios, comunidades, instituciones, gobiernos, organismos nacionales e internacionales.

En contextos de países en guerra donde se entremezclan las economías criminales con las legales, el no asegurar condiciones para la subsistencia de personas en condiciones de desarme y desmovilización, pone en riesgo la efectividad de los procesos de paz. Por esto, prestar atención a la cualificación del excombatiente de fuerzas armadas gubernamentales o no gubernamentales, es de alta importancia.

Es perentorio que los excombatientes tengan nuevos aprendizajes en el marco de la legalidad, adquieran diversas habilidades alineadas con las necesidades del mercado laboral y sus intereses personales, desarrollen capacidades distintas a las de la guerra, las cuales sólo pareciera hacerlos aptos para emplearse como agentes de seguridad o mercenarios. Ayudarles a reducir las limitantes profesionales que les dejó estar ocupados en el combate por prolongados períodos y arriesgarse a desarrollar proyectos productivos factibles, colectivos e individuales en diversos sistemas económicos y nuevos ambientes sociales.

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Reintegrar o reincorporar implica incluir, vincular y reconocer al excombatiente en su humanidad, creer en sus aspiraciones de progreso y de vivir en paz. De manera errada, en los acuerdos se ha considerado al militante combativo, pero no al militante político, de allí la dificultad de aceptar su participación y agencia para proponer e intervenir en la política y la ejecución de proyectos comunitarios, que como ciudadano le atañen.

Entonces, los gobiernos necesitan ser capaces de coexistir con la oposición, en especial con aquella que se expresa desde nuevos partidos políticos emergiendo de los acuerdos de paz. Poner a prueba diferentes ideas y experimentar desprevenidamente soluciones aportadas por estos nuevos participantes para integrar y cualificar procesos económicos, políticos, educativos, culturales y sociales, sin arriesgar la libertad democrática.

Finalmente, es fundamental que los gobernantes y líderes, cuiden en los discursos su alusión a los excombatientes como peligrosos, repudiables y con menos derechos civiles, generando resentimiento en las comunidades y haciéndolos más impopulares. Esta advertencia es porque se generan fisuras en la sociedad colombiana que la dividen entre culpables, salvadores y justicieros con mínimas posibilidades de reconciliarse y construir colectivamente un mejor país en paz.

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