Los crímenes de guerra como forma de presión política

El 2 de mayo de 2002, en el municipio de Bojayá, Chocó, se produjo la muerte violenta de 79 personas, entre ellas decenas de niños, cuando guerrilleros de las FARC lanzaron un cilindro bomba contra la iglesia de Bellavista, donde la población civil se refugiaba durante un enfrentamiento con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Este es uno de los hechos más crueles y brutales del conflicto armado colombiano, que evidenció graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las fallas del Estado en su deber de proteger a las comunidades de estos municipios. Con ocasión de la conmemoración de los 24 años de la masacre, se programó un acto de reconocimiento de responsabilidad y de excusas públicas por parte del Estado por los hechos de violencia ocurridos en Bojayá y Vigía del Fuerte. Estas medidas, que hacen parte de la reparación integral, son necesarias e impostergables, especialmente con el presidente de la República a la cabeza. Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición.

El 26 de mayo de 2002 se realizaron las elecciones presidenciales en Colombia. Hoy, en 2026, nos encontramos en momentos similares; no solo por el calendario electoral, sino por los crímenes de guerra que se vienen cometiendo a lo largo y ancho del país en medio de anuncios de campañas políticas, que no abordan con seriedad, de forma programática ni con propuestas concretas, cómo se desarrollará una política de seguridad y, la búsqueda de la paz.

El ataque terrorista perpetrado en la carretera Panamericana, vía al municipio de Cajibío, Cauca, dejando al menos veinte muertos y más de cincuenta heridos, mediante la explosión de un cilindro que afectó varios vehículos que transportaban civiles; el anuncio realizado por el Frente de Guerra Oriental del ELN, informando que ha sometido a un “juicio revolucionario” a los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia del CTI, secuestrados desde el 8 de mayo de 2025 en el departamento de Arauca; así como el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente de Yarumal, demuestran con claridad que no existe ninguna voluntad por parte de ciertos grupos al margen de la ley para buscar una paz negociada.

En contexto: ¿Qué son los “juicios revolucionarios” y el canje anunciado por el ELN contra secuestrados?

La población civil y otras personas protegidas por el DIH son el objetivo de los alzados en armas, en quienes no hay móviles revolucionarios, dado su actuar criminal. Parece que la estrategia es la misma: demostrar capacidad de destrucción mediante el terrorismo para ejercer presión política y, supuestamente, llegar fortalecidos frente al nuevo gobierno. No, esto no es poderío militar ni una estrategia que conduzca a diálogos o acercamientos; estas son acciones demenciales y crueles que deben contrarrestarse mediante la aplicación de la ley por parte de las instituciones del Estado y que jamás encontrarán respaldo en la comunidad nacional ni internacional.

Las soluciones guerreristas de gobiernos pasados dejaron miles de ejecuciones extrajudiciales. Los ciclos de diálogos y acercamientos con grupos armados ilegales y organizaciones criminales de alto impacto, carentes de metodología y de una verificación rigurosa del cumplimiento de lo acordado, condujeron al fortalecimiento de estas estructuras, que hoy actúan sin control y en abierta violación de los derechos humanos. El favorecimiento y la indiferencia del actual Gobierno frente a estos crímenes de guerra ha contribuido a agudizar la crisis humanitaria que actualmente vive el país.

Los sucesos de Bojayá no fueron suficientes para enfrentar las atrocidades del conflicto armado. Chocó, Cauca, Nariño, el Catatumbo, Arauca, entre otras regiones de Colombia, siguen sumidos en la destrucción, el abandono y la pobreza. Quienes tenemos la oportunidad de votar sin constreñimientos no debemos permitir que los políticos sigan jugando con las necesidades de la gente, pisoteando su dignidad, especialmente en época electoral. El punto de partida debe ser exigir a los candidatos presidenciales propuestas concretas en materia de paz, seguridad y recuperación del orden público, sustentadas en la inversión social.

No es necesario que existan decisiones judiciales para reparar a las víctimas y honrar su memoria. Por mandato constitucional, a las autoridades les corresponde proteger a las personas —especialmente a las más vulnerables— en sus derechos y libertades, lo que comprende sus creencias y opciones políticas. La garantía democrática del voto libre empieza por las acciones honestas de los candidatos y sus campañas. Sin embargo, en esta contienda por la presidencia abunda la mentira, la deslealtad, las ofensas y las imputaciones criminales, que distan mucho de las soluciones que los electores reclaman, especialmente en una sociedad atormentada por las violencias.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.