Los PDET y el PNIS: la guerra, la coca y la paz transformadora
Natalia Torres Acosta y Luis Felipe Cruz*
Los puntos sobre la Reforma Rural Integral (RRI) y la denominada “solución al problema de drogas ilícitas” del Acuerdo Final de Paz (AFP) buscan dar una respuesta a la relación entre el conflicto armado, la ruralidad y la coca. Tras décadas de dolor y promesas incumplidas, estos componentes son la apuesta transformadora del AFP y buscan atacar dos causas de la prolongación e intensificación del conflicto, como lo ha sido la tierra y la dependencia económica de los cultivos de coca.
En esta conmemoración de los 4 años de la firma del AFP en el Teatro Colón, los llamados a garantizar su implementación son urgentes. De un lado, el gobierno afirma que ha cumplido de buena fe lo acordado, sin retrasos o desarticulación, amparado en una visión propia de la política de paz con legalidad. Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil, la Procuraduría y la Contraloría han manifestado su preocupación por los retrasos en la implementación y la ejecución de recursos para la paz. Si bien las quejas son generales al AFP, nos centramos en las principales deudas con relación a la Reforma Rural Integral (RRI) y a la denominada “solución al problema de drogas ilícitas”.
La implementación de estas políticas debía estar coordinada al tener objetivos comunes: el desarrollo de las zonas rurales, la reducción de las brechas de pobreza y enfrentar la violencia asociada a los cultivos de uso ilícito. Además, la RRI y el punto 4 son una apuesta de transformación territorial articulada a la participación de las comunidades.
(Le puede interesar: ¿Qué pasó con los planes de desarrollo para las zonas cocaleras?)
Para comenzar, el punto 1 busca garantizar los derechos de las poblaciones rurales, el desarrollo de las zonas más afectadas por la violencia y garantizar el derecho a la no repetición de las víctimas del conflicto armado. Una estrategia para lograrlo fue la formulación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que logró la priorización de más de 30 mil iniciativas, con la participación de comunidades campesinas, pueblos indígenas y comunidades afro. Sin embargo, desde la Agencia de Renovación del Territorio (ART) se utilizaron metodologías que no garantizaron la articulación institucional con otras entidades que tienen competencias en el desarrollo territorial, la financiación, los Planes Nacionales y la participación de las comunidades.
El gobierno planteó dos estrategias para coordinar los programas territoriales y buscar los mismos objetivos entre el punto 1 y 4 del AFP bajo la política de Paz con Legalidad: las Zonas Futuro y la planeación de Hojas de Ruta en los mismos territorios donde se habían formulado los PDET. Es decir, después de cuatro años seguimos pensando en construir nuevos instrumentos bajo otras visiones, pero no contamos con una metodología clara y coordinada establecida para cumplirle a las comunidades con los proyectos e iniciativas que ellas priorizaron en la construcción de los PDET. Así, ¿cómo se va a garantizar el cumplimiento de la RRI?
(Vea: Participación de las comunidades, el reto para implementar los PDET)
El punto 4 del AFP fue presentado como la “solución al problema de las drogas ilícitas” y buscó dar un giro a la sustitución de cultivos, a las respuestas estatales al consumo de drogas y la implementación de medidas efectivas para luchar contra el crimen organizado y las finanzas ilegales. Acá el AFP fue una audacia limitada: representaba un cambio de la perspectiva “antinarcóticos”, que había estado inmersa en el conflicto, pero mantuvo tres vicios de la guerra a las drogas: i) el programa de sustitución se enfocó en las familias y no en las transformaciones territoriales; ii) la política de salud seguía teniendo sesgos prohibicionistas y iii) la persecución de la plata ilegal se mantenía en las buenas intenciones.
El punto 4 tiene avances importantes en la sustitución. No se puede decir lo mismo de la política de uso de drogas y tampoco del componente de lucha contra el narcotráfico. El Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) logró erradicar más de 42 mil hectáreas de coca, y el mantenimiento de más de 12 mil kilómetros de vías terciarias, veredales o caminos rurales. El PNIS involucró a más de 5 mil raspachines en la sustitución y ha involucrado a las organizaciones en la ejecución de aspectos del programa. Sin embargo, hay dos problemas serios: las familias que no están y el enfoque que hace que el programa tenga serias dudas de sostenibilidad de la inversión. De un lado, diferentes cifras muestran que entre 30 mil y 130 mil hogares nunca fueron admitidos por el programa. De las 99 mil que sí firmaron la vinculación al PNIS, 12 mil fueron suspendidas y excluidas en procedimientos que incumplieron estándares de debido proceso, al punto de que la Dirección de sustitución tuvo que organizar un plan de choque para resolver 8 mil casos que aún estaban pendientes.
Por el otro, al hacer énfasis en los proyectos productivos y en la entrega de subsidios a núcleos familiares, el programa enfrenta un difícil problema: debe cumplir con la palabra empeñada a las 99 mil familias y aumentar los recursos para garantizar el componente de transformación territorial. Las proyecciones actuales indican que cumplir con los 36 millones para cada familia cuesta 3.5 billones, y a eso hay que sumarle la transformación territorial, que aún no tiene cálculo de costos y tampoco es clara la fuente de estos recursos.
El gobierno tiene un deber constitucional de cumplir de buena fe el AFP, conforme al Acto Legislativo 2 de 2017, aunque conserva una cierta discrecionalidad para escoger las medidas que lo implementan. Todas las acciones que emprenda en este sentido deben respetar el espíritu de lo acordado, sin olvidar lo que se ha avanzado. De esta manera, el AFP es aún una oportunidad para construir sendas de desarrollo territorial con enfoque de derechos para las poblaciones rurales. Sin embargo, las demoras y los cambios continuos de estrategias en los PDET y el PNIS, por parte de un gobierno que se sabe crítico de lo pactado, generan profundas preocupaciones. Los llamados a implementar los puntos 1 y 4 del AFP son urgentes no solo para garantizar los derechos y el desarrollo en las regiones, sino porque son una condición necesaria para impulsar la no repetición y transformar las condiciones de vida de las poblaciones más golpeadas por la guerra, la desigualdad y la coca.
* Investigadores de Dejusticia- @lauranatoa y @lfcruzo
Los puntos sobre la Reforma Rural Integral (RRI) y la denominada “solución al problema de drogas ilícitas” del Acuerdo Final de Paz (AFP) buscan dar una respuesta a la relación entre el conflicto armado, la ruralidad y la coca. Tras décadas de dolor y promesas incumplidas, estos componentes son la apuesta transformadora del AFP y buscan atacar dos causas de la prolongación e intensificación del conflicto, como lo ha sido la tierra y la dependencia económica de los cultivos de coca.
En esta conmemoración de los 4 años de la firma del AFP en el Teatro Colón, los llamados a garantizar su implementación son urgentes. De un lado, el gobierno afirma que ha cumplido de buena fe lo acordado, sin retrasos o desarticulación, amparado en una visión propia de la política de paz con legalidad. Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil, la Procuraduría y la Contraloría han manifestado su preocupación por los retrasos en la implementación y la ejecución de recursos para la paz. Si bien las quejas son generales al AFP, nos centramos en las principales deudas con relación a la Reforma Rural Integral (RRI) y a la denominada “solución al problema de drogas ilícitas”.
La implementación de estas políticas debía estar coordinada al tener objetivos comunes: el desarrollo de las zonas rurales, la reducción de las brechas de pobreza y enfrentar la violencia asociada a los cultivos de uso ilícito. Además, la RRI y el punto 4 son una apuesta de transformación territorial articulada a la participación de las comunidades.
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Para comenzar, el punto 1 busca garantizar los derechos de las poblaciones rurales, el desarrollo de las zonas más afectadas por la violencia y garantizar el derecho a la no repetición de las víctimas del conflicto armado. Una estrategia para lograrlo fue la formulación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que logró la priorización de más de 30 mil iniciativas, con la participación de comunidades campesinas, pueblos indígenas y comunidades afro. Sin embargo, desde la Agencia de Renovación del Territorio (ART) se utilizaron metodologías que no garantizaron la articulación institucional con otras entidades que tienen competencias en el desarrollo territorial, la financiación, los Planes Nacionales y la participación de las comunidades.
El gobierno planteó dos estrategias para coordinar los programas territoriales y buscar los mismos objetivos entre el punto 1 y 4 del AFP bajo la política de Paz con Legalidad: las Zonas Futuro y la planeación de Hojas de Ruta en los mismos territorios donde se habían formulado los PDET. Es decir, después de cuatro años seguimos pensando en construir nuevos instrumentos bajo otras visiones, pero no contamos con una metodología clara y coordinada establecida para cumplirle a las comunidades con los proyectos e iniciativas que ellas priorizaron en la construcción de los PDET. Así, ¿cómo se va a garantizar el cumplimiento de la RRI?
(Vea: Participación de las comunidades, el reto para implementar los PDET)
El punto 4 del AFP fue presentado como la “solución al problema de las drogas ilícitas” y buscó dar un giro a la sustitución de cultivos, a las respuestas estatales al consumo de drogas y la implementación de medidas efectivas para luchar contra el crimen organizado y las finanzas ilegales. Acá el AFP fue una audacia limitada: representaba un cambio de la perspectiva “antinarcóticos”, que había estado inmersa en el conflicto, pero mantuvo tres vicios de la guerra a las drogas: i) el programa de sustitución se enfocó en las familias y no en las transformaciones territoriales; ii) la política de salud seguía teniendo sesgos prohibicionistas y iii) la persecución de la plata ilegal se mantenía en las buenas intenciones.
El punto 4 tiene avances importantes en la sustitución. No se puede decir lo mismo de la política de uso de drogas y tampoco del componente de lucha contra el narcotráfico. El Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) logró erradicar más de 42 mil hectáreas de coca, y el mantenimiento de más de 12 mil kilómetros de vías terciarias, veredales o caminos rurales. El PNIS involucró a más de 5 mil raspachines en la sustitución y ha involucrado a las organizaciones en la ejecución de aspectos del programa. Sin embargo, hay dos problemas serios: las familias que no están y el enfoque que hace que el programa tenga serias dudas de sostenibilidad de la inversión. De un lado, diferentes cifras muestran que entre 30 mil y 130 mil hogares nunca fueron admitidos por el programa. De las 99 mil que sí firmaron la vinculación al PNIS, 12 mil fueron suspendidas y excluidas en procedimientos que incumplieron estándares de debido proceso, al punto de que la Dirección de sustitución tuvo que organizar un plan de choque para resolver 8 mil casos que aún estaban pendientes.
Por el otro, al hacer énfasis en los proyectos productivos y en la entrega de subsidios a núcleos familiares, el programa enfrenta un difícil problema: debe cumplir con la palabra empeñada a las 99 mil familias y aumentar los recursos para garantizar el componente de transformación territorial. Las proyecciones actuales indican que cumplir con los 36 millones para cada familia cuesta 3.5 billones, y a eso hay que sumarle la transformación territorial, que aún no tiene cálculo de costos y tampoco es clara la fuente de estos recursos.
El gobierno tiene un deber constitucional de cumplir de buena fe el AFP, conforme al Acto Legislativo 2 de 2017, aunque conserva una cierta discrecionalidad para escoger las medidas que lo implementan. Todas las acciones que emprenda en este sentido deben respetar el espíritu de lo acordado, sin olvidar lo que se ha avanzado. De esta manera, el AFP es aún una oportunidad para construir sendas de desarrollo territorial con enfoque de derechos para las poblaciones rurales. Sin embargo, las demoras y los cambios continuos de estrategias en los PDET y el PNIS, por parte de un gobierno que se sabe crítico de lo pactado, generan profundas preocupaciones. Los llamados a implementar los puntos 1 y 4 del AFP son urgentes no solo para garantizar los derechos y el desarrollo en las regiones, sino porque son una condición necesaria para impulsar la no repetición y transformar las condiciones de vida de las poblaciones más golpeadas por la guerra, la desigualdad y la coca.
* Investigadores de Dejusticia- @lauranatoa y @lfcruzo