Dos años de la política de paz con legalidad, pero sin “paz”

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Existe un mandato constitucional de implementar las políticas del Acuerdo de Paz de buena fe, pero los resultados de la política del gobierno durante estos dos años parecen ser contradictorios y que la poca paz que hay es inestable y sin duración.

Por Natalia Torres Acosta*.

En días pasados el presidente Iván Duque presentó los resultados de los 2 años de la política del gobierno de “Paz con Legalidad”, una política que debería estar dirigida a cumplir los compromisos planteados del Acuerdo de Paz. Sin embargo, el balance de la implementación de esta política demuestra que existe una desconexión del gobierno no solo con el Acuerdo de Paz sino también con las víctimas y la realidad del país. Como si fuera poco, este balance también muestra la incoherencia entre los discursos, acciones y resultados del Gobierno.

A continuación, expondré dos ejemplos en los que los discursos del presidente pueden ser contradictorios.

Primero, el gobierno afirmó que había formulado la “Hoja de Ruta Única”, un instrumento de planeación que fue establecido por la Ley 1941 de 2018 y la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, cuyo objetivo era articular las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (o Zonas Futuro planteadas en la misma Ley) con los programas de la Reforma Rural Integral y los programas de Solución al problema de drogas ilícitas del Acuerdo de Paz. Sin embargo, durante estos dos años el gobierno decidió que la “Hoja de Ruta Única” no sería tan “única”, pues se formularían 16 Hojas de Ruta, correspondientes a las subregiones donde se habían formulado de manera participativa los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para crear cronogramas de planeación e implementación de las iniciativas PDET.

Después de 2 años, de estas 16, solo conocemos la Hoja de Ruta de la subregión del Catatumbo. Si bien, este instrumento, como está planteado, puede permitir la viabilidad presupuestal y la ejecución del PDET, no presenta de manera clara la coordinación con los otros planes territoriales como el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS), los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), los Planes Sectoriales Nacionales, de los objetivos del Plan Marco de Implementación (PMI), ni su articulación con la Zona Futuro del Catatumbo, que recientemente cuenta con un programa particular, que es el Plan Estratégico de Intervención Integral (PEII), por medio del cual se busca “estabilizar y consolidar” los territorios por medio de la intervención de fuerzas militares y acelerar la implementación de los PDET. Adicionalmente, uno de los ideales es que la Hoja de Ruta fuera formulada con la participación de las comunidades que hicieron parte de la construcción de los PDET. Sin embargo, en la Hoja de Ruta del Catatumbo no se identifican mecanismos, roles o procesos que permitan la participación efectiva, pues el acápite sobre mecanismos de participación solo cuenta con una identificación de actores estratégicos que habrían sido consultados y que podrían ser parte del desarrollo de la Hoja de Ruta.

En este caso, la Hoja de Ruta planteada no establece de manera clara la coordinación entre los planes territoriales, no cumple con los objetivos bajo la cual habría sido diseñada, no garantiza el principio de participación del Acuerdo de Paz y, por tanto, es contradictorio que el gobierno lo presente como un resultado satisfactorio.

En segundo lugar, encontramos un desencuentro entre el balance del presidente de lo que sería “una política eficaz para combatir la pobreza y la violencia” y la realidad que vive el país. El gobierno indica que le “preocupa profundamente el tema de seguridad” y en la referida presentación hizo énfasis en las diferentes estructuras armadas ilegales que se encuentran en los territorios y, de manera general, que se ha avanzado en la investigación y judicialización de los casos de violencia contra líderes sociales y excombatientes. Sin embargo, queda un sinsabor sobre la efectividad de la política, cuando han ocurrido más de 60 masacres durante este año, han sido asesinados más de 130 personas en proceso de reincorporación y más de 500 defensores y defensoras de derechos humanos durante estos dos años de gobierno. Es decir que la política no ha sido eficaz para contrarrestar la violencia, pues como lo ha señalado la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el país se acerca al umbral de violencia de los años 1998 a 2002.

El Acuerdo de Paz planteó instrumentos para desarticular las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y mecanismos de investigación, prevención y protección individual y colectiva para los excombatientes y defensores de derechos humanos y las comunidades. Sin embargo, estos no han sido implementados y se han sustituido por el Plan de Acción Oportuna (PAO), que a juzgar por el contexto que vivimos, no ha tenido buenos resultados.

Entre otros problemas en los que no ahondaré, podemos encontrar la priorización de mecanismos de erradicación forzosa sobre la sustitución voluntaria de cultivos; la ambigüedad en las cifras de hectáreas incluidas en el fondo de tierras que no podrán ser adjudicadas; los retos y dificultades que presentan los instrumentos de reparación a víctimas; las garantías jurídicas de acceso a tierra para las personas en proceso de reincorporación; el recorte de presupuesto para las entidades encargadas de la implementación de los PDET; y la falta de apoyo del gobierno para cumplir compromisos del Acuerdo, como la aprobación de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz.

Estos son ejemplos de cómo la política de Paz con Legalidad no ha cumplido sus objetivos, como lo pretende hacer ver el gobierno, se encuentra desconectada de la realidad del país y ha desconocido las políticas planteadas en el Acuerdo de Paz. Existe un mandato constitucional de implementar las políticas del Acuerdo de Paz de buena fe, pero los resultados de la política del gobierno durante estos dos años parecen ser contradictorios y que la poca paz que hay es inestable y sin duración.

*Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

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