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Lidia es una mujer joven, de 24 años, madre soltera de dos pequeñas: una de siete y otra de nueve años. Es originaria de Pénjamo, Guanajuato un estado en el centro de México que, en los últimos 10 años, se ha convertido en uno de los nuevos epicentros del crimen organizado y la fallida estrategia “antidrogas” que ha trascendido gobiernos y enfoques partidistas.
Lidia viene de una familia de escasos recursos. Antes de su detención, vivía con su mamá, papá, dos hermanos e hijas en un apartamento de una sola habitación. Trabajaba en una estética de belleza los siete días de la semana, trabajo que no siempre le garantizaba tener comida para toda la familia o para cubrir las necesidades escolares básicas de sus hijas.
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El 2 de marzo de 2022 fue detenida, según su propio relato, “por estar en el lugar y momento equivocado.” Esa noche fue invitada a una fiesta en un apartamento donde policías vestidos de civiles ingresaron al lugar sin orden de cateo y detuvieron a varias personas. Durante el operativo Lidia fue violentada y golpeada.
A pesar de contar con un defensor público, no se le explicaron sus derechos ni por qué había sido detenida. La sugerencia de la defensa fue no pronunciarse sobre el uso excesivo de la fuerza y declararse culpable para ir a un juicio abreviado a pesar de no haber participado en la comisión del delito. Permaneció en prisión preventiva durante dos años y posteriormente fue sentenciada por posesión con fines de venta por 300 gramos de diversas sustancias.
Hoy está privada de la libertad en un centro de máxima seguridad lejos de su lugar de origen, la interacción con sus hijas se limita a videollamadas. Trabaja en la industria al interior del centro penitenciario para enviar dinero para la manutención de sus hijas y logró terminar la secundaria en prisión.
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Actualmente tiene la oportunidad de acceder a un beneficio de preliberación por haber cumplido el 50% de la pena, pero debe pagar 800 dólares de multa al Estado mexicano, plata con la que no cuenta actualmente. Sin dicho pago, podría permanecer tres años más injustamente en prisión.
La historia de Lidia es una fotografía de la estadística frente a la vulnerabilidad de las mujeres que están en prisión en México, donde el común denominador se centra en mujeres muy jóvenes que son madres cabeza de familia, de escasos recursos, en contextos de comunidades bajo control territorial del crimen organizado que, en su mayoría, son víctimas de detenciones arbitrarias y fabricación de delitos por parte de autoridades locales, que no cuentan con una defensa adecuada y que, al momento de dictar sentencia, no hay una perspectiva en razón del género.
Esta situación se agrava cuando son casos relacionados con delitos de drogas, conductas que no tienen víctima y que lejos de responder a vulneraciones a bienes jurídicos tutelados, se convierten en cuotas para demostrar, a costa del proyecto de vida de miles de familias, que se va ganando una “lucha” basada en la simulación.
El caso de México no es único, la criminalización de las mujeres por delitos de drogas y sus efectos en la vida familiar resuenan por toda la región latinoamericana. Mujeres de la tercera edad son quienes, a pesar de enfermedades crónicas, se concentran en la crianza de miles de infancias que crecen en contextos de vulnerabilidad, mientras la salud mental de sus madres se deteriora entre el encierro y la incertidumbre frente al estatus jurídico de su caso.
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Si bien en los últimos años han existido esfuerzos como la Ley de Utilidad Pública en Colombia o la propia Ley Federal de Amnistía en México, lo cierto es que siguen siendo esfuerzos muy acotados.
Está pendiente el diseño de políticas públicas que logren una mayor cantidad de liberaciones como una medida de reparación, una política de restitución de derechos en la que el Estado, la sociedad y las comunidades sean ejes de reinserción para las mujeres y, como medida de no repetición, se revise la normativa penal de los códigos de la región para garantizar que se disminuya y, si es posible, se erradique la privación de la libertad de mujeres por delitos relacionados con el mercado ilícito de drogas en contextos de vulnerabilidad. Sin ello, la puerta giratoria continuará llevando a centros penitenciarios a mujeres como Lidia y seguirá afectando a nuevas generaciones de aquellos países productores y de tránsito de drogas en América Latina.
Desde Elementa, junto con otras organizaciones feministas, seguimos recopilando historias y buscando de la mano del gobierno, alternativas jurídicas para lograr la mayor cantidad posible de liberaciones en México y una política con perspectiva de género para las mujeres que tienen contacto con el sistema penal. Además de impulsar como organización colombo-mexicana, una conversación regional e internacional que permita detener el enfoque punitivo que desde la improvisación sigue provocando tanto daño.
*Adriana Muro Polo es la directora ejecutiva de Elementa DDHH, organización de derechos humanos feminista con sede en Colombia y México que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político en temas de política de drogas y verdad, justicia y reparación.
