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El funcionamiento de las redes de narcotráfico hoy en día está lejos del que se conocía en tiempos de Pablo Escobar o del cartel de Guadalajara. Aunque se mantienen varias de las prácticas que los capos de Colombia y México afinaron hace más de 40 años —como la cooptación del Estado en todos sus niveles, desde agentes de Policía hasta congresistas—, actualmente el ajedrez del crimen organizado en América Latina es mucho más complejo: los grupos se han fragmentado y multiplicado, han sumado sustancias a la oferta de drogas tradicional (como el fentanilo) y han diversificado su portafolio de negocios ilegales, incursionando en minería ilegal, tráfico de migrantes, trata de personas y extorsión.
La telaraña que se teje entre ese universo delictivo se sostiene gracias a la coacción y corrupción de funcionarios estatales y a la disponibilidad de mano de obra en todos los niveles, especialmente de jóvenes a los que los Estados han sido incapaces de ofrecerles oportunidades para imaginar un futuro en la legalidad.
Todo este entramado, que es responsable de buena parte de la nueva oleada de violencia que sufre el continente, tiene como telón de fondo la ineficacia de la “guerra contra las drogas”, que tras 50 años (y billones de dólares de inversiones) no ha logrado que ni el narcotráfico ni los traficantes desparezcan, sino que, por el contrario, ha generado una reconfiguración del negocio que hace más difícil combatirlo.
Ejemplo de ello es el rol que en los últimos años han cumplido países que no habían sido protagónicos en la ecuación, como Costa Rica y Ecuador (este último fue, en 2024, la nación más violenta de Suramérica). El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y su exigencia de ofensivas militares contra los grupos criminales, puede empeorar la situación o repetir errores del pasado que no han tenido éxitos duraderos.
Todo este panorama muestra algunos de los puntos claves del informe Mitigar la violencia en los centros de narcotráfico en América Latina, del International Crisis Group, una investigación que analiza la situación de Colombia, México, Guatemala, Honduras y Ecuador e incluye más de 200 entrevistas con autoridades, fuerzas de seguridad, integrantes actuales y antiguos de grupos criminales y residentes en las comunidades afectadas.
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Colombia, crucial en producción, pero sin protagonismo en ventas
En el caso de nuestro país, una de las conclusiones más relevantes tiene que ver con la pérdida de poder de los grupos ilegales en el tráfico internacional de drogas. Lejos de lo que ocurría en las décadas de 1980 y 1990 con los carteles de Medellín y Cali, “los grupos colombianos han perdido su protagonismo”, le explica a Colombia+20 Elizabeth Dickinson, analista sénior de International Crisis Group.
Este hecho contrasta con el papel de Colombia en la producción de drogas, especialmente cocaína. El cultivo de coca se cuadruplicó en la última década (en 2023 la ONU registró 253.000 hectáreas de esta planta), dejando al país como el número uno en siembras y fabricación de pasta base a nivel mundial. Pero la traba está en la negociación con comerciantes internacionales.
“Realmente, los grupos colombianos no tienen la capacidad de hacer llegar el producto a Europa ni a Estados Unidos. Ellos dependen de relaciones comerciales con criminales más grandes, tales como las organizaciones mexicanas (el Cartel de Sinaloa o el de Jalisco, por ejemplo), para vender el producto. El rol de los colombianos termina en la frontera, en Altamar o en las salidas terrestres o fluviales, por lo cual su margen de rentas del narcotráfico es menor”, agrega Dickinson.
Aunque esa pérdida de poder, de entrada, podría verse como un punto positivo (es menos dinero para estas estructuras), ha incentivado la incursión de los grupos en otros mercados ilegales para “llenar el hueco” en sus finanzas. Como ha documentado Colombia+20, grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC tienen un amplio control de rentas ilícitas de la minería ilegal de oro y la extorsión, entre otras economías.
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De acuerdo con Crisis Group, el grupo colombiano que mejor ha logrado consolidar una alianza con los carteles mexicanos es el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia), considerado la estructura criminal más poderosa del país. “Ellos tienen una relación comercial en firme con el cartel de Sinaloa, y eso lo ha facilitado el ser dueño de rutas y manejar las salidas del narcotráfico en Colombia. Cuando los clientes internacionales están decidiendo con quién trabajar se fijan en quién tiene la mayor capacidad para controlar el territorio, penetrar las fuerzas de seguridad y minimizar las incautaciones. Todas estas son características de los gaitanistas, que tienen un control monopolizado en sus zonas, es decir, menos riesgo y mayor constancia en la entrega del producto”, detalla Dickinson.
En toda esta cadena también hay efectos que se viven a nivel territorial, como la imposición de normas de control social, la subordinación de bandas y pandillas, el reclutamiento de menores, entre otras problemáticas que sufren zonas como Buenaventura, Quibdó, Tumaco, Turbo y Santa Marta.
Un punto de inflexión en el papel de Colombia en la cadena del narcotráfico en América Latina fue la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Según el informe, la desmovilización de la extinta guerrilla “marcó la pérdida del regulador más confiable de la materia prima para la producción de cocaína” en el país. Sin embargo, el rol protagónico de los carteles mexicanos en el comercio mundial de esta droga se venía cocinando desde mucho antes de que el dominio de las FARC terminara.
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México: el dominio del mercado y el auge del fentanilo
La historia de México con el narcotráfico tiene varias similitudes con la de Colombia. En la bonanza marimbera de la década de 1970, mientras clanes familiares de la Sierra Nevada de Santa Marta comenzaron a transportar marihuana hacia el norte, en México se lanzaron las primeras operaciones para erradicar estos cultivos en la región del Triángulo Dorado. Para mediados de los 80, cuando ya estaba posicionada la cocaína, los ojos del mundo estaban puestos sobre el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero (jefe del Cartel de Guadalajara) y el colombiano Pablo Escobar.
En 1985, tras una operación conjunta con Estados Unidos, Caro fue capturado, lo que llevó a la división de su grupo en cuatro (el Cartel de Sinaloa, el del Golfo, el de Tijuana y el de Juárez). Aunque el Estado logró controlar las luchas internas de estas estructuras por décadas, se reacomodaron y expandieron sus redes dentro y fuera del país.
Hoy por hoy, las organizaciones criminales con mayor incidencia en la logística trasnacional son el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación (aunque también están Primeiro Comando da Capital de Brasil y algunas mafias europeas).
El informe de Crisis Group explica que el tráfico internacional comienza con la compra de materias primas o sustancias precursoras en el exterior, sigue con su procesamiento y envío transnacional, y termina con la entrega al mercado de consumo, generalmente en Europa o EE. UU. “Estos traficantes pueden ser considerados como los ‘dueños’ de las rutas internacionales, por ejemplo, de Guayaquil a Rotterdam, de Cartagena a Miami o de Manzanillo a Nueva York. Una organización criminal generalmente organiza cada trayecto, con subcontratistas que cumplen funciones específicas, como el almacenamiento y la entrada y salida de los puertos a lo largo del camino”, detalla el documento.
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Además del tráfico de cocaína, los carteles mexicanos han incursionado en el mercado del fentanilo. Esta droga sintética es actualmente la principal causa de muerte en Estados Unidos entre los residentes de 18 a 49 años, pero su auge comenzó hace más de 10 años. Los primeros en meterse al negocio fueron los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fundador del Cartel de Sinaloa. Hoy por hoy, según documentó Crisis Group, ese grupo “importa precursores, a menudo camuflados como productos comerciales normales, de una serie de contactos comerciales de confianza en China y una red de intermediarios dentro y fuera de México, incluso en EE. UU.”. La expansión del fentanilo ha sido exponencial: en solo cinco años, los mexicanos superaron a China como productor de esta sustancia, que está en la mira de Donald Trump.
Narcos invisibles, políticos e impunidad
Si algo ha demostrado el entramado del narcotráfico, el más perseguido por las autoridades, es su capacidad de adaptación y reconfiguración. Pese a la captura de capos, la erradicación forzosa de cultivos y las incautaciones, las redes de narcotráfico se han hecho “más fuertes, más resistentes y geográficamente más dispersas”, como concluye el documento.
En parte, esa capacidad se ha logrado bajo la lógica de una empresa transnacional con inversores y administradores. En América Latina, a quienes se encargan de las transacciones complejas se les conoce como narcos invisibles. “Esta capa de la operación es la principal responsable de decidir dónde invertir, cómo gestionar las rutas, con qué clientes trabajar y en qué jurisdicciones operar”, explica Crisis Group.
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Un exintegrante de un grupo armado les contó a los investigadores que estas personas subcontratan o tercerizan las actividades, contactan a pequeños empresarios que contactan a otras fichas de menor escala, hasta llegar a los barrios, los puertos y los distintos puntos del engranaje necesario para traficar la droga: “Esta tercerización limita los riesgos de detenciones y judicialización de los inversores, que son muy cuidadosos al proteger su identidad y limitan su contacto directo con organizaciones armadas”.
El informe menciona el caso de Colombia con el Acuerdo de Paz para explicar el poder de estos inversores sobre el mercado de la droga. “Cuando parecía probable que el acuerdo fuera ratificado, los inversores inyectaron grandes cantidades de dinero para impulsar los cultivos de coca en el país y así garantizar que se mantuviera una abundante oferta cuando uno de los principales actores del lado de la producción (las FARC) abandonara el mercado”, se lee en el documento.
Colombia+20 ha documentado cómo, tras la firma del pacto, a Nariño, Cauca, Caquetá y Norte de Santander empezaron a llegar comerciantes que les pedían a los campesinos no vincularse al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Algunos pobladores incluso aseguran que tras la salida de las FARC del territorio, “personas de acento mexicano”, que serían enviados de estos inversores, llegaron a corregimientos como El Plateado a ofrecer incentivos para sembrar más coca, como prestar dinero para insumos o pagar un mayor precio por el kilogramo de pasta base.
No obstante, el rol de los narcos invisibles o inversores va mucho más allá. Una de sus funciones principales es penetrar la élite empresarial y política de los países clave en la cadena de suministro y los paraísos fiscales para lavar activos y acceder al sistema bancario. Se trata de una actividad que lleva más de 50 años perfeccionándose y que explica, en buena medida, la impunidad detrás de este negocio.
Las amenazas para los sobornados: Plata o plomo
La corrupción y cooptación de funcionarios estatales es una de las estrategias básicas para garantizar la operación del narcotráfico. Crisis Group documentó cómo a través de sobornos en distintos niveles, las estructuras criminales logran su cometido. La alternativa que les presentan, dice el informe, es plata o plomo: “o aceptan los sobornos o pagan el precio con sus propias vidas o las de sus familiares”.
Por supuesto, también hay casos en los que, por interés, los funcionarios se ponen al servicio de los grupos ilegales, desde funcionarios portuarios y fuerzas de seguridad hasta miembros de la rama judicial y políticos.
El caso judicial conocido como Metástasis, en Ecuador, mostró la magnitud de la penetración del crimen organizado en el Estado. En ese país fueron condenadas 32 personas (entre jueces, fiscales y altos funcionarios) por cargos de colusión con grupos criminales.
En los casos de negativa a trabajar en connivencia con estas estructures, la violencia se ha convertido en la opción para intimidar y presionar. Para ilustrar esto, los autores del informe destacan casos como el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, la decapitación del recién elegido alcalde de Chilpancingo (México), y en general, las vulneraciones en el país azteca previa a las elecciones de mediados de 2024, que fueron las más violentas de su historia: al menos 130 candidatos a cargos públicos fueron atacados y 32 asesinados en el período.
Efecto globo
En toda esta reconfiguración de la violencia los efectos muestran afectaciones diferentes de un país a otro. Según el informe, mientras que Ecuador y Costa Rica están experimentando cifras récord de homicidios, los índices de violencia en México parecen haberse estabilizado (aunque a un nivel elevado). En Argentina, Colombia, El Salvador y Guatemala los índices de violencia letal se sitúan muy por debajo de los máximos registrados en las últimas décadas.
En todo este repertorio de vulneraciones juega un papel determinante la forma en la que los Gobiernos y sus fuerzas de seguridad enfrentan al crimen organizado. Sin embargo, Crisis Group resalta que se mantiene el efecto globo. “Cuando las autoridades restringen una parte de una ruta, los criminales desplazan las operaciones delictivas a zonas que ofrecen posibilidades, ya sean centros de exportación comercial, comunidades vulnerables o funcionarios estatales susceptibles a la corrupción”, se lee en el documento.
Uno de los resultados de este desplazamiento sería el tránsito de algunos traficantes desde puertos colombianos hacia regiones ecuatorianas con menos vigilancia. Una fuente que le hace seguimiento a esta dinámica le aseguró a Colombia+20 que, en efecto, en los últimos tres años “se ha evidenciado el traslado de narcos que vivían en ciudades como Cali o Popayán a ciudades ecuatorianas como Esmeraldas o Guayaquil, donde se ha disparado la violencia”.
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¿Cómo combatir el problema?
Ante el complejo panorama que muestra la reconfiguración del narcotráfico en América Latina, el equipo de Crisis Group planteó una serie de recomendaciones para combatir la violencia.
Entre estas aparece robustecer los sistemas de seguridad y justicia con una modernización institucional (que incluya más incentivos para los agentes que están siendo objeto de cooptación), un cambio en los modelos de intervención policial que permita romper con las gobernanzas armadas, estrategias para prevenir el vínculo entre el crimen organizado y los funcionarios del Estado, y una reforma penitenciaria que ayude a controlar las actividades que se fraguan desde las cárceles.
A esto se suman más estrategias de control de las drogas (incluida la prevención del consumo en los países con alta demanda), la reducción del flujo de armas que llegan a las estructuras ilegales y, además, una oferta integral del Estado para evitar que los menores de edad y los exmiembros de estos grupos caigan en nuevas redes criminales.
Entre las medidas también se menciona, según el caso, los diálogos con las estructuras armadas, bien sea a través de actores comunitarios (a quienes habría que blindar con garantías) o mediante negociaciones con el Estado.
“Los gobiernos podrían optar por continuar las conversaciones y tratar de desmovilizar a parte o la totalidad del grupo, o reintroducir lentamente algunos tipos de medidas de seguridad. Esta vía de salida es crucial para limitar los inevitables riesgos de que el diálogo fortalezca el control y la influencia de los grupos criminales en el corto plazo”, dice el documento.
No obstante, hay experiencias que muestran la complejidad de una apuesta de esta naturaleza, como los diálogos que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha entablado con grupos armados colombianos en el marco de su apuesta de paz total.
“Esta opción de dialogar pasa por condiciones muy específicas. Frente a las experiencias pasadas y las lecciones aprendidas consideramos que sería clave, en la paz total, tener un objetivo claro, en muchos casos limitado, en cuanto a su alcance pero también en su temporalidad”, asegura la investigadora Elizabeth Dickinson frente a la apuesta de Petro.
Y agrega: “Para eso hay que establecer líneas rojas y tener en cuenta que hay que dialogar con ojos abiertos, porque sentarse con un grupo criminal significa darle poder. Es un reconocimiento del control que ellos manejan y la capacidad que ellos tienen para regular la violencia. Si uno es consciente de eso, debe hacer todo lo posible para que el diálogo no sirva para empoderar el grupo, sino para reducir la violencia”, asegura la investigadora Elizabeth Dickinson frente a la apuesta de Petro.
Al margen de los éxitos o fracasos en Colombia, el informe de Crisis Group hace énfasis en que cualquiera de las estrategias propuestas para reducir la violencia “no producirán un éxito sostenido si no se abordan las razones por las cuales la producción y el tráfico de drogas sobreviven y se reproducen a pesar de los ataques policiales y militares, entre ellas la falta de oportunidades económicas y la fácil disponibilidad de armas de fuego”.
La conclusión del documento es certera en relación con el fracaso de la guerra contra las drogas y los riesgos de la propuesta de revigorizarla bajo la administración Trump: “Décadas de ‘guerra contra las drogas’ proporcionan abundante evidencia de que es muy difícil hacer desaparecer a los traficantes de América Latina. Combatirlos a través de la fuerza armada genera más, y no menos, ganancias delictivas, violencia, corrupción y miseria”.
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