La (in) seguridad urbana es uno de los grandes flagelos en Colombia, y Santa Marta es una de esas ciudades en proyección y crecimiento que la padecen. Los resultados, en materia de reducción, son bastante deficientes y muestran un continuo desconocimiento de las formas como se debe atender una problemática que históricamente ha regulado el paramilitarismo.
La Paz Total tiene varios escenarios por solventar antes de instaurarse y la seguridad urbana, desafortunadamente, no podrá empezar a resolverse hasta el próximo año y, siendo justos, hasta los primeros meses del 2024 y esta fecha, inclusive, está sujeta a la integración del Plan Nacional de Desarrollo, con los Planes de Desarrollo Departamentales y los Planes de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). Todo un verdadero reto.
La Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) identificó 5 factores, sociales y económicos, que aumentan la problemática: desigualdad de ingresos, pobreza de los hogares, desempleo, porcentaje de jóvenes entre los 13 y los 17 años que no trabajan ni estudian y el déficit de educación (Arriagada & Godoy 1999, p. 13).
Esto sumado a lo que plantea Muggah (2017) sobre el crecimiento urbano y en particular las deficiencias de la falta de planificación y el incremento de la densidad poblacional que lleva, justamente, a la segregación, segmentación y exclusión, además amplía el desarrollo de la informalidad que se fortalece con los procesos migratorios a gran escala, que son usados para pauperizar más la informalidad y la mano de obra no calificada.
En Santa Marta, además de estas consideraciones de seguridad ciudadana, se debe tener en cuenta el contexto específico en que las ciudades se desenvuelven, porque el conflicto armado afecta de manera directa las dinámicas criminales y delincuenciales de los centros urbanos. A la presencia de lo que se denomina delincuencia común se debe sumar el accionar de grupos armados ilegales que hacen que los temas de seguridad sean mucho más complejos y requieran de acciones especiales para buscar soluciones.
El paramilitarismo ha venido moldeando, desde hace cerca de cinco décadas, el autoritarismo y el control a través del prototipo de “gente de bien”; entre ellos, el que no roba o al menos el que roba poquito “[…]es más fácil que a usted lo maten porque se roba 100 pesos que al que se roba 100 millones” (testimonio oral, 2010) y con este discurso y la aniquilación de ese pequeño enemigo, se vendió la estabilización de la seguridad y se basó solo en eso: el robo, como fenómeno altamente condenable. Luego, cuando se hace trabajo de campo en los barrios, no importa tanto la violencia intrafamiliar, las riñas, el daño en bien ajeno, la perturbación con el ruido, eso a nadie le importa, e incluso, la corrupción. El tema es el robo, es lo que se condena, lo que se criminaliza y lo que se ataca.
Pero miremos otros factores: el microtráfico, la trata de personas con fines de explotación sexual, delictiva y forzada, casos sumamente confusos con unos niveles de complicidad enormes e incluso con unos códigos preestablecidos en los que se dificulta la labor de investigación para la caracterización de estos fenómenos violentos urbanos.
Ahora bien, tenemos el caso de los “Tira piedras”: niños y jóvenes que se citan y cogen una calle y la convierten en una batalla campal. La respuesta oficial, ponerlos a jugar fútbol; la respuesta del ente regulador, asesinar y desplazar como en el caso de José David Ibáñez quien aparecía en un panfleto circulado por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.
Mataron y desplazaron y siguieron matando a otros y, ¿se resolvió el problema? Pues no: se siguen citando para lo mismo y la razón es muy sencilla. No tienen nada que perder y lo que es para ellos valioso, la vida, es una pesadez diaria donde no hay afecto, servicios públicos (parte de la violencia urbana la genera la falta de agua) o vaya a uno de esos cerros donde se mueren de sed a ver cómo se pelean por un balde de agua; pero tampoco tienen salud, ni posibilidad de entrar a la única universidad pública que existe y mucho menos, tienen posibilidades laborales porque no hay empleo y la ciudad viene de dos años de pandemia, que aunque muestran una reactivación positiva en algunos sectores, en otros la pobreza se afianzó. La gente pasó de tres comidas a dos e incluso a una y pagar un servicio de luz extremadamente costoso: quedaron endeudados, todavía hay familias pagando arriendos atrasados y haciendo convenios de pagos por servicios públicos.
Entonces, si los conflictos se resuelven matando a las personas, son cerca de cinco décadas y todavía siguen las mismas problemáticas, están intactas, porque no ha existido una política que dimensione la situación y la atienda con estrategias, sino que se le ha dejado al paramilitarismo que reprime y efectivamente controla en algunos barrios. El tema es que cuando no estén, estos fenómenos se van a disparar porque no está el ente regulador y la gente va a salir a pedir, a gritos, que vuelvan porque no hay una propuesta generadora de cambio en este sentido.
Finalmente, la ciudad necesita también prepararse para enfrentar la violencia urbana que ha modificado las conductas y las prácticas sociales en Santa Marta. Hoy no hay una sola cámara de seguridad que funcione y tampoco hay inversiones en los barrios periféricos y, de hecho, existe un temor nulo hacia las autoridades porque los delincuentes cometen delitos a toda hora y en cualquier parte. Han ponderado el factor riesgo y oportunidad y les ha dado resultados óptimos. Asimismo, los homicidios, cuyas tasas en los últimos 4 años han sido desastrosas y la ciudad ha entrado, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, dentro del penoso ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo; en el 2012 y ahora en el 2023.
El reto está en restituir la tranquilidad a los ciudadanos y hacer de Santa Marta un distrito equitativo, con inclusión y oportunidades a los jóvenes. Se hace necesaria la reevaluación de los PISCC, que en últimas nadie sigue como “supuesta ruta” para las líneas estratégicas de la disminución de la violencia urbana y lo más importante: quitar al paramilitarismo como ente regulador y devolverles esta función a las instituciones legalmente constituidas para investigar, perseguir y condenar a los responsables, pero para esto se necesita voluntad política y capacidad de integración y liderazgos que lleven a implementaciones.
*Antropólogo de la Universidad del Magdalena y estudiante de maestría en Anthropology of the Americas en Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Deutschland)