El nuevo gobierno colombiano ha anunciado una reforma al sector de seguridad. En su informe final, hecho público hace pocas semanas, la Comisión de la Verdad coincide con esta iniciativa en sus recomendaciones. Sin duda, estamos frente a una gran oportunidad de transformación, que permite diseñar una propuesta de seguridad para una sociedad que construye paz. Para esto hay un gran número de desafíos. Uno de ellos es comprender y hacerle frente a la política de género que sustenta las nociones de seguridad. Hoy es una exigencia pensar en los impactos diferenciales de la guerra y asumir una perspectiva de género para atender integralmente a las víctimas. En esto ha avanzado nuestro país gracias al trabajo de organizaciones de mujeres y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas.
En primer lugar, debemos trascender la idea de que hablar de género se limita a pensar en mujeres y sujetos feminizados. Esto es fundamental, pues en la mayoría de ocasiones le quitamos los lentes del género a otras dimensiones de la guerra. ¿Qué es lo que permite, en términos de género, que unos sujetos específicos hagan la guerra? Simplificando un asunto complejo: para que exista la mujer como botín de guerra, debe existir el hombre como guerrero. Pensar de manera integral y relacional el género es un asunto vital, que algunas perspectivas feministas nos han permitido ponderar. Una reforma de fondo al sector de seguridad exige una mirada crítica y feminista sobre el modo como el género lo estructura.
En segundo lugar, es importante entender que las instituciones tienen género y que existe una política de masculinidad que se encarga de posicionar ciertos significados de lo masculino. De ahí devienen, en parte, las posiciones que los hombres han ocupado en la sociedad en general y en las relaciones de género en particular. El género es un motor que impulsa a las instituciones, las organiza y las define. Por ejemplo, algunas académicas han hablado del “complejo represivo” compuesto por la Policía, la justicia y la cárcel, el cual debe ser comprendido como producto de procesos de enclasamiento, racialización y, por supuesto, de engeneramiento.
Como un tercer aspecto, los enfoques interseccionales nos pueden servir para complejizar el análisis de las relaciones de género. Los hombres que van tanto a la batalla como a la cárcel son, por lo general, personas empobrecidas y racializadas. Por su parte, quienes toman decisiones sobre la guerra y la justicia son personas con posibilidades económicas mayores, generalmente blancas. Y en estas articulaciones, las políticas de género han sido una fuerza determinante en la violencia, la desigualdad y, especialmente, en los procesos de militarización asociados a las nociones de seguridad. Por ejemplo, detrás del servicio militar obligatorio (SMO) no solo hay una política de masculinidad, también una noción y una estrategia para producir más hombres y masculinidades al servicio de la guerra y una estructuración de clase y racial, pues quienes prestan el SMO son mayoritariamente jóvenes con menores recursos económicos y racializados.
El informe de la Comisión de la Verdad menciona que Colombia es el segundo país de la región, después de Estados Unidos, con “el aparato de seguridad y defensa militar y policivo más grande, costoso y mejor entrenado”. No obstante, este mismo documento señala que en nuestro país ha primado una idea de defensa antes que de seguridad. Las nociones que hemos apropiado sobre la seguridad están marcadas por una fuerte militarización de la vida, lo que supone producir unos sujetos, especialmente hombres, y unas masculinidades militarizadas y corporativas, disponibles para el mercado de la guerra, que debemos repensar y trasformar.
En cuarto lugar, repensar el sector de seguridad en clave de género tendría implicaciones que van mucho más allá de unos cambios en la institucionalidad. Las instituciones de la Fuerza Pública promueven unas masculinidades que tienen gran impacto en nuestras sociedades y se proponen como masculinidades ejemplares. En la práctica, esta hipermasculinización es difícil de cumplir por la mayoría de los hombres, pero se instala como ideal para muchos: un hombre guerrero, que usa las armas para defenderse, es combativo, valora el riesgo y la autoridad, mantiene una disposición agonística, está dispuesto a la confrontación física y tiene bajos niveles de empatía. Esto afirma la dominación social y expresa una combinación entre la moral colectiva altruista y una ética individualista del triunfo. Además, los ejércitos asumen y producen una noción de masculinidad que es inseparable de la heterosexualidad, la condición física saludable y el cisgenerismo, dejando claro que el ideal de masculinidad militarizada condensa ya una articulación con otras clasificaciones sociales valoradas culturalmente, cumpliendo así con el estereotipo de ser “hombres de verdad”.
Imaginar la paz en clave de género también significa desafiar las masculinidades militarizadas y las tecnologías de género que las producen. Apostar, por ejemplo, por reducir el gasto militar y el pie de fuerza del ejército, pensar en una policía comunitaria, eliminar el servicio militar obligatorio. Pensar integralmente la seguridad exige pensar integralmente el género. Una reforma al sector de seguridad en clave de género no significa incluir mujeres o personas trans en las fuerzas armadas y especialmente en los rangos altos: pasa por transformar la idea misma de seguridad y por desmilitarizar la Policía; por invertir el presupuesto de seguridad en apoyar procesos con hombres para que reflexionen sobre su lugar en la reproducción de la violencia.
Finalmente, es necesario abrirse a una noción de seguridad humana que garantice la vida de la gente. La idea de “seguridad basada en el ser humano” que proponen la Comisión de la Verdad y el nuevo gobierno tiene ya, de hecho, elementos que superan concepciones tradicionales de seguridad y avanzan hacia visiones que podemos considerar feministas. Las reformas a la Policía y al Ejército exigen repensar todo el sistema, incluyendo el judicial y el penitenciario. Hay que apostar por perspectivas menos punitivistas y entender que quienes son más castigados son personas empobrecidas y racializadas. Como dice Ángela Davis “el carácter profundamente generizado del castigo refleja y afianza la estructura generizada de la sociedad”. Hay que hacer explícito el género y el feminismo en la reforma a la seguridad y, en general, en la construcción de la paz.
Esta columna hace parte del proyecto sobre diplomacia de la educación y la ciencia del Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ.
* Andrea Neira Cruz. Docente universitaria e investigadora en Masculinidades, militarización, conflicto armado y procesos de reincorporación. Colaboradora Científica del Instituto CAPAZ. E-mail: andrea.neira@instituto-capaz.org