¡Bienvenidos al pasado! La política de drogas de EE. UU.

Donald Trump cambió buena parte de la lógica del mundo. Pero, al parecer, dejó intacta la política de drogas. O incluso peor, la devolvió a una versión más dura, más militarizada, más punitiva y más unilateral. La nueva estrategia antidrogas de Estados Unidos habla con un lenguaje algo moderno asociado, por ejemplo, al uso de fentanilo, inteligencia artificial, cadenas globales de suministro, sanciones financieras y crimen transnacional. Sin embargo, en el fondo mantiene el mismo paradigma prohibicionista que ha dominado las últimas décadas. Uno que privilegia la represión sobre la transformación estructural del mercado y mide el éxito en capturas, incautaciones, extradiciones y hectáreas erradicadas, sin afectar de manera sostenible las dinámicas que sostienen el negocio.

La paradoja es evidente. Washington reconoce que las organizaciones criminales mutaron y que hoy son más flexibles, transnacionales, financieras, tecnológicas y menos jerárquicas. Pero, aun así, propone enfrentarlas con una lógica de guerra. Habla de carteles como organizaciones terroristas, de ataques a la producción en el origen, de control fronterizo, sanciones, persecución global y despliegue de capacidades militares. Todo eso puede producir golpes operativos importantes y resultados visibles en el corto plazo. Lo que no garantiza es transformar las condiciones que hacen posible la expansión y adaptación permanente del mercado.

Uno de los principales puntos ciegos de esta estrategia es que sigue anclada en respuestas fundamentalmente punitivas y cinéticas frente a un fenómeno que exige una lógica mucho más fina para producir resultados sostenibles. Aunque incorpora herramientas más sofisticadas, estas terminan operando bajo la misma lógica de castigo y contención. El problema es que el mercado de drogas ya demostró una enorme capacidad de adaptación frente a ese tipo de presión. Cuando se golpea un eslabón, rápidamente aparecen otros actores, nuevas rutas y mecanismos más eficientes de operación.

En Colombia, esa experiencia es bastante conocida. Durante décadas el éxito se midió en hectáreas erradicadas, toneladas incautadas, laboratorios destruidos y personas capturadas. Entre finales de los años 90 y la suspensión de la aspersión aérea en 2015, por ejemplo, Colombia asperjó y erradicó más de 2 millones de hectáreas de coca. Sin embargo, según UNODC, los cultivos reaparecieron, se desplazaron territorialmente y terminaron alcanzando nuevos máximos históricos años después, llegando en el 2023 a 253.000 hectáreas.

Hoy el mercado es incluso más eficiente. La producción potencial de cocaína pasó de cerca de 290 toneladas métricas a comienzos de los años 2000 a más de 2.600 toneladas en 2023, impulsada por mayores rendimientos por hectárea, enclaves productivos y cadenas criminales mucho más sofisticadas.

Al mismo tiempo, el consumo mundial tampoco disminuyó. A comienzos de la década pasada se estimaban alrededor de 17 millones de consumidores de cocaína en el mundo y hoy la cifra supera los 25 millones, mientras el mercado continúa expandiéndose hacia nuevos destinos. Algo similar ocurrió con las estructuras criminales. Capturas, neutralizaciones, desmovilizaciones y extradiciones produjeron fragmentaciones temporales, pero no lograron desarticular de manera sostenible las capacidades financieras, territoriales y logísticas de las organizaciones. El resultado fue un ecosistema criminal más atomizado, más resiliente y más difícil de contener. Para no ir más lejos, hoy tenemos en el país más de 27.000 integrantes de este tipo de organizaciones en Colombia con una influencia de algún tipo en más de 600 municipios. Seguir empujando la pared con las mismas manos difícilmente permitirá moverla de lugar.

Es en eso, justamente, donde la discusión debería cambiar. El problema no es solo la coca ni únicamente el narcotráfico entendido como una cadena aislada. El verdadero desafío es el ecosistema criminal que se articula alrededor de estas economías. Un entramado donde convergen narcotráfico, minería ilegal, extorsión, tráfico de personas, delitos ambientales, lavado de activos y captura institucional. Los grupos armados no solo controlan rutas o compran hoja de coca. También regulan economías locales, imponen normas, median conflictos, capturan rentas públicas y disputan gobernabilidad en amplias zonas del país.

Por eso, insistir exclusivamente en erradicación, interdicción o presión operativa es confundir el síntoma con la enfermedad. El desafío ya no pasa solamente por reducir hectáreas, sino por desmontar sistemas criminales complejos que mezclan economías legales e ilegales, aprovechan vacíos institucionales, normas superpuestas, incertidumbres jurídicas y logran gobernar territorios donde el Estado no consigue hacerlo de manera efectiva.

¿Qué viene para Colombia?

La política de Trump sigue partiendo de una idea cómoda y profundamente discutible: que si se golpea más duro la oferta, el mercado necesariamente se reduce. Pero la experiencia colombiana, y del mundo en general, muestra otra cosa. Las acciones tradicionales de control no han logrado resultados sostenibles cuando operan desconectadas de seguridad territorial, justicia, desarrollo rural y transformación económica.

Para Colombia y los países productores y de tránsito, esta lógica puede tener efectos problemáticos. Refuerza la idea de que la reducción de coca depende principalmente de la presión operativa, empuja al Estado a priorizar resultados rápidos sobre transformaciones sostenibles y aumenta la injerencia estadounidense sobre una agenda que debería responder mucho más a las realidades territoriales del país.

Al final, quienes vuelven a quedar en el centro del costo político y operativo de esta guerra son, principalmente, las comunidades cultivadoras, que cada vez más participan en eslabones intermedios de la cadena de producción.

Algo similar ocurre frente a las organizaciones criminales. Esta mirada refuerza la idea de que desmantelarlas depende principalmente de producir más capturas, bajas o extradiciones, mientras las finanzas criminales, las redes logísticas, la corrupción y los mecanismos de gobernanza ilegal mantienen intacta buena parte de su capacidad de adaptación.

La discusión no debería centrarse en si se necesita control. Claro que se necesita. Pero un control inteligente, selectivo y estratégico. No se trata de perseguir más campesinos ni de sumar operativos tradicionales para alimentar indicadores de corto plazo. Se trata de hacer más riesgosa y costosa la operación de los actores que realmente sostienen el negocio, desde las redes financieras y logísticas hasta las estructuras de corrupción y los mecanismos que conectan lo legal con lo ilegal.

Desde la perspectiva de la Fundación Ideas para la Paz, la alternativa pasa por cambiar la lógica de intervención. Menos énfasis en la reacción punitiva y más en una estrategia integral de seguridad territorial. Eso implica ordenar la acción del Estado alrededor de cuatro objetivos articulados que permitan proteger a la población civil, contener la expansión de los grupos armados, recuperar el control territorial y fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. No se trata de hacer más operaciones, sino de hacerlas mejor, afectando las capacidades estructurales de las organizaciones y no solamente sus manifestaciones visibles.

También implica reconocer que no todos los territorios cocaleros requieren la misma respuesta. En algunos la prioridad será contener la violencia. En otros, recuperar control institucional. Y en otros, abrir oportunidades económicas reales. La transformación territorial debe asumirse como una inversión estratégica de largo plazo y no como una promesa de sustitución rápida o una operación diseñada únicamente para cumplir metas anuales.

La agenda con Estados Unidos tampoco puede limitarse a aceptar esta presión. Colombia debería proponer una cooperación mucho más estratégica, enfocada en inteligencia financiera, control de precursores, persecución del lavado de activos no solo en nuestro país, sino principalmente en el exterior, trazabilidad logística, control de armas y fortalecimiento judicial. En resumen, pensar menos en hectáreas como fetiche eterno y más en afectación estructural al negocio criminal.

El riesgo de la apuesta de Trump

Ahora, además, aparece un elemento nuevo que puede agravar este escenario. Una mayor exigencia de cuentas y resultados (“accountability”) por parte de Estados Unidos hacia los países productores. La política de Trump no solo busca éxitos, sino que los condiciona. Esto puede traducirse en certificaciones más estrictas, evaluaciones unilaterales y presiones directas sobre gobiernos como el colombiano para mostrar avances rápidos, medibles operativamente y alineados con sus prioridades. El riesgo es que esa lógica no se quede en lo diplomático y termine permeando otras agendas, incluyendo el comercio bilateral, la cooperación y la inversión, como lo ha manifestado la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) en algunos de sus informes. En ese contexto, la política de drogas deja de ser un tema sectorial para convertirse en una herramienta de presión mucho más amplia, con efectos potencialmente impredecibles sobre la relación entre ambos países.

La pregunta no es si Colombia debe cooperar con Estados Unidos. Claro que debe hacerlo. La pregunta es si esa cooperación seguirá atrapada en el pasado o si servirá para construir una política más seria, más territorial y más efectiva. Porque después de décadas de guerra contra las drogas, una cosa debería estar clara. Repetir la misma receta, incluso con más fuerza, no fue, no es y no será una estrategia exitosa. Es, más bien, una nostalgia punitiva que sigue pedaleando en una bicicleta estática. Bienvenidos al pasado.

*Javier Andrés Flórez es el director del Área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la paz (FIP).

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