Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDETs-, fueron concebidos como la pieza maestra para que el país se pusiera al día con el atraso que el conflicto armado le generó a más de 170 municipios en todo el territorio. Estos programas quedaron contenidos en el punto uno del Acuerdo de Paz y debían hacer parte de la Reforma Rural Integral. El balance actual es bastante agridulce. Varios informes coinciden en los pocos avances en su implementación. A pesar de esto siguen siendo un instrumento de gran valía que se requiere reactivar en el nuevo gobierno.
Inicialmente vale la pena revisar algunas de sus limitaciones. En primer lugar, se cometieron errores desde su misma formulación. Fueron los procesos de planeación participativa más grande que se han hecho en el país, donde se contó con los aportes de más de 200 mil personas y se recogieron más de 32 mil iniciativas. Sin embargo, lo complicado fue que una vez más se separó la planeación de la posible implementación. Es decir, una vez formulados los PDET el gobierno se dio cuenta que no se habían establecido recursos concretos para su ejecución. Esto obligó a que se improvisara un esquema de financiación que consistía en pasar la ponchera a ver si los sectores de gasto aportaban algo.
Adicionalmente, como no se adelantaron procesos de priorización, con los pocos recursos que se consiguieron no se sabía por dónde empezar. El gobierno se inventó un mecanismo de priorización “La hoja de ruta” que ni la institucionalidad ni las comunidades entendieron ni usaron mucho. Como ya habían transcurrido un par de años y no pasaba nada, el gobierno adelantó dos estrategias, primero decirle a los nuevos alcaldes y gobernadores que ellos debían financiar los PDETs e incluirlos en los planes de desarrollo. Es decir, como los sectores de gasto nacional no querían invertir, la solución fue echar mano de los exiguos recursos de estos municipios para intentar cumplir.
La segunda estrategia fue comenzar a adelantar “obritas” dispersas. Eso si con mucha propaganda para mostrar que se estaba cumpliendo. Una caseta comunal aquí, una placa huella allá, una reparación de una escuela rural más allá, todas con muchas fotos y videos mostrando al consejero de estabilización “transformando” el territorio. Incluso tuvieron el coraje de publicar un fotoalbum de lo que denominaban paz con legalidad. A estas desperdigadas realidades se sumaban anuncios de billones de pesos de regalías que en la práctica la gente no ha visto. En parte por lo paquidérmico del sistema, en parte por lo que se está ventilando con respecto a la poca transparencia en el manejo de esos recursos.
Hoy muchas de las comunidades se sienten engañadas. No hay que olvidar que en los territorios PDET está el 24% de la población rural del país, menos de la tercera parte de la población tiene acceso a una fuente de agua y 3 de cada 4 habitantes no cuentan con una vivienda digna. Por no mencionar los guarismos en salud, educación o infraestructura vial. Es decir, estos territorios, que representan el 36% del territorio nacional y que se han caracterizado por su pobreza, violencia, ausencia del Estado y presencia de cultivos ilícitos, siguen siendo la gran prioridad no solamente en términos de desarrollo sino sobre todo como desafío para garantizar los derechos mínimos de la gente.
Los anuncios del nuevo gobierno de la Paz Total deberán llevar consigo corregir el rumbo de la deficiente implementación que traen estos programas, para ello algunas acciones que se podrían adelantar son:
Acciones de corto plazo (6 meses)
- Hacer un balance con alcaldes y grupos motor del avance en implementación de PDETs (esto puede ser como parte o derivado de la discusión del Gran Acuerdo Nacional).
- Adelantar acciones de emergencia en aquellos municipios PDET que de acuerdo con las cifras estén en peores condiciones de seguridad alimentaria (robustecer PAE, subsidios focalizados, restablecimiento de huertas y productos de ciclo corto).
- Restablecer el gabinete de posconflicto y articular las coordinaciones de los distintos frentes de trabajo en implementación del Acuerdo y todas las carteras sectoriales concernidas. Es decir, ordenar la implementación.
Acciones de mediano plazo (1 año)
- Incluir los Planes nacionales para la reforma rural integral que están en punto uno del Acuerdo, como parte del Plan Nacional de Desarrollo, con programación de recursos.
- Articular estrategia de PDET y PNIS (donde sea posible también con proyectos productivos de excombatientes y de víctimas).
- Formular Contratos-Plan por cada PDET donde se comprometan, para los 4 años, recursos del presupuesto general de la nación, de departamentos y municipios y de regalías, contra intervenciones estratégicas subregionales.
- Invitar y acompañar a los municipios PDET para que conformen Esquemas Asociativos Territoriales que les permita la generación de bienes públicos rurales conjuntos (acueductos, vías, centros de acopio, etc.) y también puedan juntar recursos y lograr mayor eficiencia en contratación y ejecución. Usar pliegos tipo.
- Concertar con el sector privado la estrategia de articulación de obras por impuestos con responsabilidad social empresarial y ejecución de PDETs para lograr economías de escala subregionales.
- Vincular los mercados urbanos cercanos a municipios PDET (Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Cali, Barrancabermeja, Cúcuta, etc.) con los procesos productivos de los proyectos PDET. Generar mercados.
- Vincular la producción de municipios PDET a las compras públicas locales de alimentos (PAE, ICBF, SENA, Fuerza pública) ya sea en estos mismos municipios o en los mercados urbanos circundantes.
- Estructurar proyectos racimo (juntar varias iniciativas PDTE en un solo proyecto que por su escala pueda impactar más territorio) y negociarlo para ejecución dentro de los Planes nacionales de la Reforma Rural Integral. Esto debe agilizar la ejecución.
- Articular y focalizar la dispersa cooperación internacional que está llegando a los territorios.
- Vincular la entrega y restitución de tierra con los proyectos productivos de PDET, ANT, ARN.
Sobra decir que cada una de estas acciones se debe adelantar de manera concertada con las organizaciones y autoridades locales, son ellas quienes mejor conocen su territorio y pueden dar directrices más acertadas. Para el “largo plazo” es decir para el resto de gobierno, el mantra debe ser: ejecutar, ejecutar, ejecutar. La población de estos territorios no aguanta más gobiernos que se la pasen escribiendo documentos y formulando una política tras otra sin generar soluciones reales.