El desplazamiento forzado del antiguo ETCR en Mesetas pondría fin a un impresionante proceso de construcción de paz territorial que ha involucrado a 200 familias de excombatientes y a comunidades aledañas.
Es un hecho. Así empieza el segundo comunicado con el que la comunidad Mariana Páez del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Mesetas, Meta, ratifica el desplazamiento al que serán sometidas en las próximas semanas cerca de 200 familias por las amenazas y ultimátum recibido por parte del Estado Mayor Central, disidencia de las antiguas FARC-EP.
Como investigadores tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano las apuestas de paz de esta comunidad frente a la reincorporación y la construcción de paz local. Allí adelantamos un proyecto sobre “el impacto de los ETCR en los procesos de reincorporación y de reconstrucción del tejido social en los territorios”, financiado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) y realizado entre la Universidad del Rosario, la Universidad de Rice y el Instituto de Paz de Frankfurt (PRIF). Es muchísimo lo que está en juego.
Con la firma del Acuerdo Final en 2016, las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) se establecieron para realizar el proceso de dejación de armas de excombatientes de las FARC-EP que se acogieron al acuerdo. En agosto de 2017, algunas de estas zonas se convirtieron en los ETCR, donde muchas familias decidieron continuar con su proceso de reincorporación. En el de Mesetas, ubicado en la vereda La Guajira, en el departamento del Meta, más de 290 firmantes de paz iniciaron su proceso de retorno a la vida civil. A hoy, el número de excombatientes que residen en el espacio ha disminuido significativamente. Las amenazas y la zozobra por las precarias condiciones de seguridad los han obligado a recomenzar un nuevo proyecto de vida fuera de esa zona. “Son más los que se han ido que los que quedan”, dice uno de nuestros entrevistados.
Quienes se quedan le apuestan, junto con familiares y personas de la comunidad aledaña, a un futuro en la región. Desde la firma de los acuerdos en La Habana, firmantes y comunidad han establecido en el espacio diferentes formas organizativas, entre ellas cuatro cooperativas y tres asociaciones, como la Asociación de Mujeres Amasando Sueños (MUASU), la Cooperativa Multiactiva de Líderes y Líderesas Campesinas (LICAMP), la Cooperativa Multiactiva de Granjas Multipropósito Auto Sostenible Construyendo y Cultivando Paz (GRAMPAZ). Los proyectos que adelantan son diversos, desde una planta de reciclaje de plásticos con apoyo de la cooperación internacional, hasta iniciativas de compostaje, piscicultura, confecciones y turismo. La planta de transformación de café es su proyecto insignia, gracias al cual producen el Café Maru, uno de los mejores Premium de la región.
Pero los obstáculos persisten. La inseguridad en la zona ha dificultado el desarrollo de estas iniciativas de paz por la disputa y consolidación territorial de diferentes grupos, incluida la disidencia Estado Mayor Central liderada por alias “Iván Mordisco”, que nunca se acogió al proceso de paz. La gravedad de la situación ha escalado después del asesinato de Alexander Parra, en octubre de 2019. Parra fue el primer excombatiente asesinado dentro de un ETCR y era responsable del seguimiento al proceso de reincorporación de los excombatientes de la zona. Según la población encuestada en el marco del proyecto, en 2022 la fuerte presencia de disidencias en el territorio era evidente, sin que hubiese claridad de quién o qué grupo específico estaba detrás de los hechos de violencia. Las extorsiones frecuentes y el ejercicio de control armado persistieron. Si bien los habitantes de Mesetas vivieron un cambio positivo tras la firma de los acuerdos, seis años después, la sensación de inseguridad en la comunidad se incrementó nuevamente.
A la inseguridad, se suma la titularidad del predio en donde se ha desarrollado el ETCR desde sus inicios. Las cerca de 17 hectáreas están ubicadas en un terreno baldío, lo que ha impedido que los firmantes puedan comprar los terrenos. La Agencia de Renovación del Territorio-ART y el gobierno de Iván Duque no solucionaron el problema. De acuerdo con nuestros entrevistados, a finales del año pasado, estos organismos habían dilatado el tema dejando a la comunidad una sola alternativa: esperar a que el nuevo gobierno tome las medidas necesarias para resolver la situación.
A partir de cerca de 200 encuestas realizadas en Mesetas, y de más de mil llevadas a cabo en otros seis municipios del país con presencia de comunidades de firmantes, vemos que la interacción frecuente entre excombatientes y población civil ha permitido la reconstrucción de vínculos significativos entre ambos, un paso crítico y a la vez vital para la reconciliación nacional. Firmantes y comunidad trabajan en los proyectos productivos ya mencionados y en la consolidación de la paz en uno de los territorios más afectados por la guerra. Defender estos espacios y garantizar la seguridad y permanencia de los firmantes es urgente para alcanzar el propósito de una paz territorial sea estable y duradera.
Las condiciones de precariedad, el aumento de la inseguridad y la incertidumbre generada por la inoperancia institucional en la zona son responsables de que estas 200 familias no solo tengan que abandonar su territorio, sino también a las comunidades aledañas a las que el ETCR les ha permitido acceder a servicios como guardería, supermercado, restaurante o la biblioteca.
El gobierno de Gustavo Petro enfrenta muchos retos y obstáculos frente a la implementación del Acuerdo Final. Deberá demostrar con determinación su compromiso con la consolidación de la paz territorial y la búsqueda e implementación de medidas urgentes para evitar, no solo el desplazamiento forzado de la comunidad Mariana Páez, sino también para impedir una nueva ruptura del tejido social. Estas amenazas afectan todo un territorio que ha creído que la paz es posible. Tal y como sugieren los resultados de nuestra investigación, el compromiso de los firmantes de paz y las comunidades aledañas con la reconciliación sigue intacto. La acción del gobierno es crucial para que estas experiencias y esperanzas no se vean frustradas.
*Esta columna hace parte de la línea de trabajo en diplomacia de la educación y la ciencia del Instituto CAPAZ. Twitter institucional: @Instituto_CAPAZ La columna representa las opiniones de los autores.
**Laura Camila Barrios Sabogal. Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, investigadora de doctorado del Instituto Leibniz de Investigación de la Paz de Frankfurt (PRIF, por sus siglas en inglés). Twitter: LauraC_Barrios
Santiago López Álvarez. Investigador académico y Consultor de Naciones Unidas.
Jonas Wolff. Politólogo, investigador y director del departamento de investigación “Conflictos intraestatales” del Instituto Leibniz de Investigación de la Paz de Frankfurt (PRIF) y miembro de la junta directiva del Instituto Colombo-Alemán para la Paz - CAPAZ. Twitter institucional: @HSFK_PRIF