Es difícil extraer un relato general del informe de la Comisión de la Verdad de Colombia, como lo pretendió Sábato con el prólogo del Nunca Más de Argentina y su teoría de los dos demonios; o como se intentó con el Hatun Villakuy (gran relato) de la Comisión de la Verdad de Perú. Aunque haya un tomo específicamente titulado “Relato histórico del conflicto armado”.
El Informe de la Comisión de la Verdad de Colombia es uno de los más largos del mundo con 23 tomos. El relato histórico de un periodo prolongado se organizó en subperiodos que pueden sintetizarse en sí mismos, y que se hilan con los demás, en la medida en que conforman una misma guerra y así un largo y trágico proceso de victimización.
Sin embargo, esos subperiodos conectan entre ellos a partir de circunstancias absurdas, como la irrupción del narcotráfico; o el Paro del 77 cuando las guerrillas se esperanzaban con la revolución; o la Constitución del 91, que celebramos como apertura democrática mientras se consolidaba un genocidio político contra el movimiento que levantaba la bandera de la apertura democrática. Por supuesto, lo absurdo no es culpa de la Comisión. Es que así fueron las cosas.
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Lo que hay en el Informe con respecto al relato general es de gran valor, sin duda. Son verdades dinámicas sobre una larga historia en la que lo único fijo, insisto, es la categoría “guerra” como objeto de esclarecimiento. Como dijo la comisionada Patricia Tobón al presentar el capítulo étnico: hay énfasis diferentes sobre el sistema político, el modelo de desarrollo, la agencia de los actores, y muchas otras variables. Lo ocurrido antes de la guerra, alrededor de la guerra y después de la guerra es contexto.
Precisamente porque así es el Informe, creo que son fundamentales todos los esfuerzos por estudiarlo, usarlo y criticarlo. Nuestra Comisión de la Verdad –cuyo trabajo finalizado es un punto de partida, no el cierre del conflicto porque conflicto es democracia– tiene por delante un objetivo importante, a mi modo de ver. Abrir la conversación sobre la experiencia histórica de la nación y las experiencias de múltiples sectores; que además de servir a la justicia transicional y a la legitimidad de la transición misma, es la convocatoria a la ampliación de la ciudadanía a la que tenemos derecho a través de la memoria.
Es necesario que, más allá de consignas electorales interesadas acerca de la Comisión, abordemos esa conversación con base en las muchas verdades que deben ponerse sobre la mesa en función del futuro que no conocemos. El del cambio, la democracia real, la salud digna, la seguridad humana, las culturas, la transición energética, etc. Porque está claro que la discusión sobre el pasado no podrá plantearse, para bien y para mal, en blanco y negro. Son nuestros desafíos actuales los que obligan a discutir sobre el conflicto a partir de las agresiones anticomunistas, el despojo de tierras, el capitalismo neoliberal, el racismo estructural o el sacrificio inútil justificado como compromiso revolucionario. Por eso necesitamos seguir conversando desde un ámbito amplio y diverso, aceptando lo innegable, disponiendo la autocrítica, y proyectando lo fundamental.
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Y no, no estoy llamando a ese relativismo que dice que hay verdades porque “cada quién tiene su verdad”. Los hallazgos, que son muchos y que se leen en cada capítulo, además del titulado “Hallazgos”, implican afirmaciones contundentes que suponen reformas insoslayables para la democratización real del país. No obstante, lo que sigue no es transmitir el informe como una cartilla sino, insisto, conversar, porque la memoria no es deber del Estado de oficializar un relato estático e intocable, sino el derecho a que conozcamos, reconozcamos, enfrentemos y confrontemos el pasado desacralizado.