Se han producido dos noticias importantes que remiten al asunto del valor actual de la historia de las víctimas en la sociedad colombiana. Por un lado, se anunció su comparecencia en la mesa de diálogos con el ELN. Por el otro, circula la declaración del Presidente de la República acerca de la incapacidad del Estado para reparar a todas las víctimas que se encuentran en el Registro Único por las vías establecidas en la Ley 1448 de 2011.
Que un grupo de víctimas asista a la negociación con el ELN apela a la valoración de su sufrimiento como razón principal del fin del conflicto y el logro de un acuerdo efectivo, como ocurrió en la mesa de diálogos con las FARC. Esa apelación tendría que producir un efecto de giro de la conversación en la mesa, no para que se omita la agenda de negociación, que es una agenda de cambios con los que el gobierno está comprometido, sino para que deje de considerarse que la legitimidad de las relaciones entre el Estado y la guerrilla está concentrada en los actos militares que responden a los del adversario y se entienda que esa legitimidad está en los actos decididos para dejar de repetir el sufrimiento que las víctimas encarnan.
En los titulares de los noticieros de radio y TV se dijo que el Presidente, después de reconocer la incapacidad del Estado para reparar a las víctimas, propuso que la reparación se hiciera a partir de la emisión del Banco de la República. Pero eso no fue exactamente lo que dijo. Primero hizo cuentas sobre el costo de la reparación para establecer el punto de partida del tratamiento del tema hoy. Luego, antes de hablar del Banco, habló de la alternativa de incluir ese tema sinceramente en un diálogo por un acuerdo nacional. También dijo que la emisión de dinero para la reparación era algo que se le ocurría, no que fuera su propuesta concluyente, y pidió al Consejo Nacional de Paz, frente al que estaba hablando, que le dieran mejores ideas si existían, porque él las estaba buscando.
Respetar el significado de la victimización en Colombia contra el uso degradado que le han querido dar el senador Alex Flórez y el representante Uscátegui, con sus espectáculos vulgares de justificación y oportunismo, es fundamental para que su circunstancia siga siendo un motivo importante del fin de la violencia y la guerra en Colombia. Por eso, plantear con sinceridad la incapacidad del Estado para ejecutar una reparación que abarca casi todo el presupuesto nacional parece una contradicción, pero no lo es. Lo que dijo el presidente Petro se ha venido diciendo en diferentes escenarios por parte de organizaciones sociales de larga trayectoria que saben que no podemos seguir en la carreta de las ilusiones con que se ha tratado a las víctimas de un modo condescendiente, mientras se insiste en que la reparación en los términos de la Ley 1448 de 2011 es una expectativa cierta. En ese sentido, también se dejó en el Acuerdo de Paz de La Habana que se iba a revisar esa ley y que se iba a discutir su reforma, pero eso no ha pasado.
Es cierto que abordar sinceramente el asunto de la reparación enfrenta grandes dificultades. Para muchos, discutir su viabilidad, tal y como está planteada en la Ley, es poner en tela de juicio la victimización que ha sufrido la población desplazada, que es la que engrosa el Registro Único. Para otros, los derechos de las víctimas se piensan desde un evangelio intocable de derecho internacional, en el que son preferibles las promesas políticamente correctas a las fórmulas realistas. Yo creo, discrepando de quienes piensan así, y contra quienes usan el dolor de las víctimas como coartada, que nos merecemos una discusión soberana que privilegie la verdad, la restitución de tierras, la reforma agraria, la construcción de vivienda digna en las ciudades y la universalización del acceso a la salud y la educación, a una siguiente prórroga por otros 150 años de una ley que se planteó como una ley transicional.