Los servidores públicos que representan a los órganos del Estado no admiten ni asentirán que las conductas y prácticas racistas, de discriminación y odio, hagan parte del acontecer de las instituciones, ni menos que se aceptan y toleran. Así ocurre en la Policía Nacional de Colombia. Cuando ciertos casos superan el umbral interno y son de conocimiento público, de las autoridades judiciales o disciplinarias, las respuestas parecen calcadas: se trata de casos aislados, no se puede generalizar. Si se denuncia y las vulneraciones o amenazas provienen de un jefe o superior, la jerarquía se impone, el miedo cunde porque lo que está en juego es la carrera, el empleo, las sanciones, los traslados. Todo esto permite socavar a las personas, amigos y compañeros de estudio o trabajo; la solidaridad se debilita, prima el silencio y el ocultamiento, el recaudo probatorio se vuelve difícil y, por tanto, las cargas se invierten, pues las consecuencias y reacciones negativas son para quien resolvió denunciar.
Como olvidar lo ocurrido en la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander el 15 de octubre de 1995, con el cadete chocoano Sossir Palomeque Torres, quien prendió fuego a su superior el mayor Humberto Antonio Castellanos. El joven Palomeque en el año 1993 ocupó el primer puesto en su Departamento y el cuarto puesto como mejor bachiller de Colombia; ingresó a la Escuela General Santander superando todas las pruebas intelectuales, físicas y psicológicas. Cuando me desempeñe como profesor de esa academia, se rumoraba entre los estudiantes que el oficial trataba mal y ridiculizaba al cadete Palomeque. Posteriormente sus padres señalaron que las ofensas, los hostigamientos y agravios de contenido racista eran permanentes. Este tipo de conductas y comportamientos de exclusión se suelen convertir en prácticas y costumbres en las escuelas y sitios de trabajo, se consideran intrascendentes, cosas comunes, sin importancia, hacen parte de los chistes que habitualmente se reproducen. Pero el efecto es demoledor, se trasgrede la dignidad e integridad de las personas, degradándolas, condenándolas al sufrimiento, a la desesperación y a la indefensión.
El 11 de octubre de 2022, los noticieros informaron sobre la condena judicial por racismo proferida contra la Policía Nacional en el caso de la expatrullera Angélica Cañizales, una mujer afrodescendiente, quien fue representada por el abogado de la Universidad Libre Hans Alexander Villalobos Díaz. En el proceso se demostró que por el color de su piel era reprimida y humillada por sus superiores y compañeros; se la enviaba a almorzar al baño; padeció casi a diario palabras vergonzosas y ofensivas; se la amenazó con trasladarla y retirarla; fue tanta la denigración en su contra, que sufrió un episodio de estrés el cual desembocó en parálisis facial; incluso, intentó quitarse la vida por el menosprecio que sufría. En la sentencia, además de la orden de pagar indemnización en favor de Angélica, sus padres y hermanas, se dispuso que la Policía Nacional debe publicar la decisión del Juez en la página web de la institución y ofrecer disculpas públicas por parte del director General, todo con el objetivo de reparar el perjuicio que por discriminación racial sufrieron. Ha transcurrido más de treinta y tres meses desde la sentencia y no se ha cumplido ninguna de las tres órdenes ¿hasta cuándo se debe esperar? ¿Quiénes son los responsables del incumplimiento de esta orden judicial?
Se muestra a una Policía diversa, en la que están vinculados indígenas; ya son 6.471 policías afrocolombianos, como se difundió en 2014; y se publicita que el 21 de mayo es la celebración del día de la afrocolombianidad. No obstante, dentro de la reforma a la Policía, estos asuntos de discriminación y racismo, deben ser abordados a profundidad para que puedan erradicarse. Mientras la Policía no tenga una plena naturaleza civil y continúe funcionando bajo un mando castrense, personalizado, de tal suerte que la permanencia en la institución, el desarrollo de las funciones y las sanciones dependan del rango, o que algunas órdenes, aunque irreflexivas y absurdas se deban cumplir, el quebrantamiento de los derechos fundamentales continuará.
P.D. El 12 de octubre Día de la Raza no hay nada que celebrar. Estoy de acuerdo con la vicepresidenta Francia Márquez: “resignifiquemos con dignidad nuestra identidad pluriétnica y cultural...”.