La reforma a la Policía Nacional no es un asunto más dentro de los ajustes de la estructura del Estado. Se trata de la institución más cercana a los ciudadanos cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes convivan en paz, según lo dispone el art. 218 de la Constitución Política de 1991.
En la Policía está depositada la confianza de las personas sin distingo alguno, se acude a estos servidores públicos en situaciones de angustia, indefensión y ante la ocurrencia de delitos. Aún se percibe a estos funcionarios como los depositarios de la autoridad, confiables e imparciales, dotados de una gran capacidad mediadora en procura de la salvaguarda de las garantías esenciales de las personas, la protección de los animales y la naturaleza; también es ese tercero idóneo a quien simplemente se le pide un consejo u orientación.
La reestructuración de la Policía amerita una discusión amplia e incluyente, con la participación de diferentes sectores de la sociedad, mediante una convocatoria pública, para que, por ejemplo, las universidades y organizaciones sociales puedan expresar sus puntos de vista, aportar desde su conocimiento y experiencia. Se están dando pasos significativos no exentos de controversia. El nombramiento del actual director de la Policía, general Henry Armando Sanabria Cely y de la subdirectora, brigadier general Yackeline Navarro Ordoñez, provocó la salida de veinticuatro generales; desconocer la antigüedad y materializar la participación de la mujer en los cuadros directivos del más alto nivel, estremeció la tradicional estructura policial.
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Lo anterior generó preocupaciones: la pérdida de ciertos liderazgos, el conocimiento técnico y la experiencia cualificada; algunos generales consideraron que su retiro se hizo por la puerta de atrás. Se informó que quienes tuvieran investigaciones por violaciones a los derechos humanos serían excluidos de los mandos; se apeló a la presunción de inocencia, reviviendo una vieja discusión sobre la suspensión de los ascensos de los oficiales de Policía comprometidos con esos graves hechos y conductas; reiteradamente avivada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, la ONU, las víctimas y otros organismos.
Pasar de una Policía de choque, con características militares y en función de contrarrestar al enemigo, a una Policía para la paz y como cuerpo especialmente preventivo, conlleva un cambio drástico pero inaplazable, que debe adelantarse de manera ponderada, mediante un proceso cuidadoso y progresivo.
La Policía de Colombia cuenta con 130 años de trayectoria, ha construido una doctrina desde sus centros de pensamiento y academias; siendo además una institución reconocida y admirada por varios países especialmente americanos. Por eso, quienes creen que esos fundamentos filosóficos y de funcionamiento estratégico no existen están en un error. Ello no quiere decir que los virajes estructurales solamente pueden gestarse por los miembros de la Policía, ni que su doctrina sea inmodificable; lo que sí está claro es que no se puede echar por la borda esos saberes; como tampoco sería coherente entregar esa delicada misión solamente a personas externas.
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Algunos sectores miraron con desdén la reunión del nuevo director de la Policía con integrantes de la primera línea de varios lugares del país; la decisión fue acertada, pues permitió iniciar un diálogo abierto, desprovisto del escudo prepotente de los altos cargos y la peligrosidad que se les atribuye a quienes protestan. Los temas sensibles para la Policía como su retiro del Ministerio de Defensa; el desmonte del ESMAD; el ingreso, ascenso, los traslados y desvinculación de sus miembros; la igualdad de la mujer; las academias, la formación y capacitación; el salario digno y las garantías laborales, entre otros, debe tener un debate público y participativo, dada esa inescindible relación de sociedad y Policía.
Hay que superar esa sensación ciudadana de encubrimiento que generó el anterior Gobierno respecto a los desafueros policiales; y a la vez, contrarrestar la percepción de improvisación suscitada por los cambios súbitos y la falta de respuestas asertivas en situaciones como la inseguridad o la alteración del orden público.
P.D. Continúa la deuda del Congreso y del Gobierno con respecto a la ley estatutaria de reunión, manifestación y protesta (Corte Constitucional, sentencia C-223 de 2017).