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Reconociendo las disputas históricas en torno a la tierra como una de las causas estructurales del conflicto armado colombiano, el Gobierno Nacional y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) determinaron -en las mesas de diálogo de La Habana del año 2016-, fijar el tema de la Reforma Rural Integral como el primer punto del Acuerdo Final de Paz.
Un diagnóstico a Colombia arroja que históricamente la tenencia de la tierra se ha caracterizado por su alta concentración en manos de pocos; el acceso a este activo ha sido considerado como una fuente de poder político y, consecuentemente, de conflicto social.
A pesar de ser un país agrario -con el 75,5% de sus municipios rurales-, el campo en Colombia ha sido escenario de conflicto, de pobreza, de falta de oportunidades, de ausencia estatal y de una alarmante desigualdad. Todo esto se plantea en el Acuerdo de Reforma Agraria.
Esta realidad ha sido evidente para los diferentes gobiernos, por ello, previo a la suscripción del Acuerdo Final, en el país se habían tramitado tres grandes reformas agrarias: la del gobierno de Alfonso López Pumarejo, en 1936; de Alberto Lleras Camargo, en 1961; y, la de Ernesto Samper, en 1994.
Desde un enfoque más bien simple, las pasadas reformas guardaban sintonía en tanto perseguían un objetivo común: establecer políticas a través de las cuales se pudiesen restaurar los derechos de propiedad sobre la tierra.
Con la firma del Acuerdo Final con las Farc, aunque se sigue persiguiendo la democratización de la tierra, este proceso adquiere un tinte más integral. La Reforma Rural Integral reconoce que el acceso a la tierra es per se insuficiente y que se requieren medidas que impacten en el uso de la misma. Por ejemplo, el Documento CONPES 3867 de 2016 reconoce que lo rural no se limita a lo agropecuario, sino que es el punto de confluencia de otras áreas de política pública como la salud, la educación o la infraestructura.
Así, esta se erige como una real herramienta para reversar los efectos del conflicto en el territorio y cerrar la existente brecha entre campo y la ciudad, solucionando una serie de problemáticas estructurales del sector agrícola colombiano a través de su transformación.
Para ello, la Reforma Rural Integral contempla cuatro pilares: (i) el acceso y uso de la tierra, (ii) Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, (iii) planes nacionales en el territorio rural y (iv) la seguridad alimentaria y nutricional.
Los indicadores relacionados a estos pilares apuntan, entre otras cosas, a temas de infraestructura vial, eléctrica y de conectividad, así como a la salud, educación y vivienda rural, como se evidencia en el Plan Marco de Implementación. Estos indicadores implican
la articulación de propuestas que recogen diversos aspectos que contribuyen a la creación de condiciones de bienestar para la población.
Es claro que, para alcanzar la transformación estructural del campo y crear condiciones de bienestar, se requiere de planes nacionales que lo provean de bienes y servicios públicos como la educación, la asistencia alimentaria, la salud, la infraestructura, entre otros.
El campo se debe dotar de las mismas condiciones con las que cuentan los centros urbanos, siempre reconociendo sus características especiales. Se reitera, entonces, que no es suficiente que la población rural tenga derechos de propiedad sobre una tierra, sino que la misma les permita realizar un proyecto de vida digna, en un ambiente que cuente con las condiciones básicas de conectividad, salud y educación.
Con la puesta en marcha y la consecución de los objetivos de la Reforma Rural Integral, el país le apuesta a la construcción de paz y la reconciliación de los colombianos. Su enfoque integral supone la oportunidad para que miles de campesinos puedan tener condiciones de vida digna a través del desarrollo de sus proyectos productivos y la formalización de sus tierras.
No se trata de una reforma que tiene como únicos responsables a entidades cuyos objetos guardan directa relación con la tierra, sino que le apuesta a una interoperabilidad en la que diferentes entes del Estado, como el Ministerio de Educación Nacional o el Ministerio de Salud y Protección Social, juegan un rol protagónico en su ejecución.