Cinco tramos de placa huella en vías rurales de Guática, pequeño municipio cafetero del occidente de Risaralda, están en la mira de la Contraloría por las denuncias de supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato que se aprobó y ejecutó con dineros del fondo OCAD-Paz, recursos que se deben destinar a la implementación del Acuerdo de Paz.
Varios ojos están puestos en las obras que se ejecutan bajo el OCAD-Paz luego de que en junio de 2022 periodistas de Blu Radio, develeran un escándalo de corrupción y afirmaran que hubo un millonario desfalco a recursos de regalías que debían financiar esos proyectos del Acuerdo de La Habana y que se pagaron coimas a funcionarios del Departamento de Planeación Nacional (DNP), la Contraloría y congresistas.
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Aunque Guática no es un municipio incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) -que prioriza a las regiones más afectadas por la violencia-, sí recibió estos recursos. Esto a pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo establecía que solo se deben destinar a los municipios PDET, según denunció en 2019 la excongresista Juanita Goebertus.
El contrato para esa obra suscrito entre Fredy Alexánder Bayer, exalcalde de ese municipio, y Julio Antonio Pinedo Campo, como representante legal del consorcio Obras Guática, estableció que se debían construir 800 metros lineales de placa huella en cinco fragmentos de dos carreteras rurales, comprendidas entre las veredas La Bendecida, Alturas, Las Lomas, Ospirma y Taijará.
El documento se firmó el 31 de diciembre de 2019, último día de mandato de Bayer, miembro del Partido Conservador.
Los sobrecostos de la obra
La obra en Guática estaba planeada para ejecutarse en cinco meses a partir de su adjudicación el último día de 2019, pero tuvo retrasos el año de la pandemia y solo pudo empezar labores en junio de 2020, de acuerdo con el acta de inicio que reposa en el portal del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). El plazo de labores se fue dilatando y en los documentos consta que tuvo una prórroga de un mes y luego otra adicional por 46 días.
En el mismo portal del SECOP se verifica que la segunda acta parcial del contrato, con su respectivo informe de actividades, solo fue protocolizada el 20 de enero de 2021 ante la interventoría, más de un año después de la firma del contrato. En la página no hay ningún acta de finalización ni algún documento que pruebe la entrega formal de las obras, con la respectiva terminación del contrato y el aval de la Alcaldía.
Colombia+20 confirmó con pobladores locales que los cinco tramos de placa huella existen en los lugares referenciados en los documentos, aunque hay tramos nuevos intercalados con tramos antiguos, que habían sido construidos por el Comité de Cafeteros en un contrato anterior.
Las quejas de la comunidad vinieron por los presuntos sobrecostos, pues el valor por el que se licitó la obra es superior a los costos calculados por el DNP para este tipo de carreteras.
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Un documento de 2016 de esa entidad estimaba que trazar un kilómetro de placa huella en vías rurales tenía un valor $892 millones, mientras que en el pliego de condiciones tipo que se usó hasta 2018, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se establecía un precio de referencia menor de $844 millones por kilómetro.
Hay carreteras rurales en Antioquia que han tenido costos mucho menores de $500 o $600 millones por kilómetro construido de placa huella. Las obras de Guática no alcanzan a sumar un kilómetro completo y costaron casi $1.300 millones, según el contrato.
Además, los habitantes se quejan de que en algunos puntos los drenajes no quedaron bien hechos y la vía se convierte en un río intransitable cuando llueve. Dichas denuncias fueron recogidas por la congresista Carolina Giraldo, quien las expuso en un debate de control político en el Congreso en septiembre de 2022.
El exalcalde Bayer les salió al paso a esas denuncias y publicó el 5 de septiembre de 2022 un video en redes sociales desde uno de los tramos: “Estoy en la vereda Alturas y he logrado verificar que la ejecución de la obra fue total”, dijo.
Bayer le aseguró a este diario que su administración “no participó ni tuvo injerencia en las decisiones de adjudicación” y que los criterios técnicos del contrato fueron los establecidos por la ley conocidos como ‘pliegos tipo’”. En sus redes sociales también publicó el video de un campesino de la vereda La Bendecida, que se presentó como Gerardo de Jesús Velásquez, quien le reclamaba a la congresista Giraldo por sus denuncias y aseguraba que las vías se habían realizado “en el mandato de Fredy Alexánder Bayer”. Dicha afirmación no es cierta, pues el contrato se firmó el último día de sus funciones.
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El exalcalde aprovechó su video para felicitar “a aquellos congresistas que se ponen la camiseta, no solamente por el control político, sino además por hacer la gestión ante el orden nacional para traer recursos que beneficien a la comunidad de Risaralda”.
Este diario le preguntó a Bayer si con esa afirmación aludía al senador Samy Merheg porque, según fuentes en la zona, ambos tienen una estrecha cercanía. Bayer dijo que no se refería a ninguno en particular y que “los congresistas no tienen competencia para direccionar contratos”.
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En videos de la pasada campaña electoral, Merheg reclamó como propias las gestiones con las cuales millonarios recursos del orden nacional llegaron a Guática en los últimos años, entre ellos dineros para la construcción de vías rurales.
Merheg participó en varias sesiones donde se aprobaron los proyectos del OCAD-Paz en 2019 y en las que estaban presentes Emilio Archila -entonces consejero de Estabilización-, y delegados de Alcaldías y Gobernaciones. Por ello, el senador fue señalado por la representante Giraldo durante un debate en el Congreso como uno de los presuntos implicados en la trama del OCAD-Paz. Actualmente la Corte Suprema de Justicia le tiene abierta una indagación preliminar a Merheg por presunta participación en ese entramado de corrupción.
Este caso de Guática resumiría el supuesto “modus operandi” con el que se desfalcó al fondo OCAD-Paz, en donde desde el nivel central se direccionaban contratos a municipios gobernados por aliados políticos de los congresistas implicados en el escándalo, quienes a su vez licitaban las obras y estas terminaban en manos de consorcios corruptos.
Este diario intentó comunicarse con William Soto, actual alcalde de Guática, quien llegó al cargo por un partido contrario al de Bayer, pero no contestó las llamadas ni respondió un cuestionario que le enviamos a su correo para conocer pormenores de la ejecución de la obra, su estado y el dinero que costó.
La muerte de un contratista
Estos supuestos sobrecostos no son la única sombra que tienen estas obras en Guática. Hay un hecho extraño relacionado con la audiencia de adjudicación, en donde se presentó un hombre que ya había sido denunciado por corrupción en el OCAD-Paz desde 2018.
El representante legal del Consorcio Obras Guática, que ejecutó las obras, es Julio Antonio Pinedo, contratista oriundo de Santa Marta que ha participado en proyectos con recursos públicos. Sin embargo, quien asistió como miembro del consorcio a la audiencia en la que se adjudicó el contrato, el 26 de diciembre de 2019, fue Óscar Iván Londoño Galvis, ingeniero con fuertes conexiones políticas. Su nombre, cédula, correo y firma aparecen encabezando el listado de asistencia a la audiencia, documento al que este diario tuvo acceso.
Londoño no firmó el contrato, ni figura en otros documentos del mismo y por eso resulta extraño que haya sido él quién acudiera el día en que fue adjudicado al consorcio.
Londoño pertenece a una familia de larga tradición política en Alcalá, Valle del Cauca. Fue alcalde de su pueblo entre 2007 y 2011. Gloria Estella Raigoza Londoño, prima suya, también fue elegida en la Alcaldía de Alcalá para el período 2020-2023 en una coalición del Centro Democrático con el Partido Liberal. Ahora, ella está en detención domiciliaria acusada de pertenecer a la red de corrupción del excongresista Mario Castaño.
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La trayectoria de Óscar Iván Londoño siempre estuvo ligada a cargos o contratos con el sector público y en los años anteriores al cuestionado contrato de Guática había trabajado como asesor del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Hacienda, en 2018, precisamente dentro del OCAD-Paz.
Londoño —estando en ese cargo— habría citado a mandatarios locales para exigirles coimas a cambio de ayudarles a aprobar contratos y montos presupuestales para los proyectos que tramitaban ante el OCAD-Paz. Este hecho fue denunciado ante la Procuraduría por Paula Acosta, entonces viceministra general de Hacienda. La Procuraduría se abstuvo de investigar a Londoño con el argumento de que, como aquel era contratista, “no tenía la facultad de aprobar o improbar los respectivos proyectos, como tampoco administraba recursos públicos”. La denuncia fue trasladada a la Fiscalía.
No obstante, la misma Procuraduría dictaminó que “de toda la información recaudada, se verifica que posiblemente el citado contratista, al exigir dinero a los diferentes mandatarios locales, presuntamente estaría inmerso en conductas de carácter penal, así como del Código de Ética Profesional”.
Londoño fue asesinado el 3 de diciembre de 2021 por dos sicarios en moto, que lo persiguieron desde Alcalá cuando regresaba a Pereira, donde tenía su residencia. Los criminales abrieron fuego contra su vehículo disparándole 23 veces al llegar a un pare y siga en las afueras de la ciudad. Lo acompañaba el contratista Johan Darío Peña Martínez, quien también murió en el atentado.
El exalcalde Bayer negó conocer a Londoño o haber tenido alguna relación con él, aunque admitió que pudo habérselo cruzado en alguna reunión en la Alcaldía.
El coronel Aníbal Villamizar, quien era comandante de la Policía Metropolitana en esa época, atribuyó el homicidio a la banda de Los Flacos, que controla el microtráfico en Cartago y otros municipios del norte del Valle. Aunque la Fiscalía abrió una investigación de oficio por su homicidio, a la fecha no se conocen resultados ni certeza sobre los móviles del crimen.
