Medellín ha sido una ciudad que ha intentado emerger a pesar de sí misma: en los últimos 40 años, guerrilleros, paramilitares, combos y narcotraficantes libraron sus propias guerras en Medellín. La violencia urbana era sinónimo de la ciudad, planteando desafíos en materia de derechos humanos, política criminal y seguridad. No en vano, Medellín es la ciudad capital con el mayor número de víctimas inscritas ante la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV) con 235,477 personas.
Dentro de las conclusiones del Informe Medellín: memorias de una guerra urbana, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y otras organizaciones, se señala que el narcotráfico prosperó en medio de una ciudad afectada por crisis económicas, permeando instituciones, corrompiendo actores del conflicto y fomentando la violencia. Medellín, durante décadas, ostentó el triste récord de ser la ciudad más peligrosa del mundo debido a este explosivo cóctel de circunstancias.
De esa violencia estructural que ha azotado a Medellín emergen violaciones a los derechos humanos que han pasado históricamente desapercibidas. Es el caso de los fenómenos victimizantes relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en Medellín. Esta desatención selectiva se puede deber a que las personas que consumen SPA a menudo enfrentan estigmatización y discriminación por parte de la sociedad. Sus historias y experiencias quedan marginadas e ignoradas bajo el rótulo revictimizante de que “se lo buscaron” o “lo merecían”.
Aunque es imposible desligar al narcotráfico de la historia de Medellín, lo paradójico es que se olvida a los usuarios, quienes quedan como un eslabón vulnerable de los actores armados y la estrategia belicista contra las drogas. De hecho, las personas usuarias de drogas en Medellín han enfrentado una serie de desafíos alarmantes. En primer lugar, han sido víctimas de la mal llamada ‘’limpieza social”, un término engañoso que encubre el desplazamiento forzado bajo la coacción violenta e incluso la ejecución extrajudicial de individuos etiquetados como ‘indeseados’.
También, se ha registrado el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados organizados, vulnerando la libertad de niños, niñas y adolescentes, y rompiendo el tejido social comunitario. De esta manera, en Medellín los combos y grupos armados han buscado aumentar sus filas a expensas de los usuarios de drogas, perpetuando un ciclo de violencia y vulnerabilidad.
Por último, las implicaciones sociales del narcotráfico en Medellín han tenido un impacto significativo en la comunidad, creando un entorno de miedo e inseguridad que ha visto en los usuarios de drogas un blanco para señalar, perfilar y eliminar. En ese sentido, es importante preguntarse ¿qué ruta posible hay para que Medellín brinde medidas de reparación y no repetición a la violencia selectiva hacia usuarios de droga?
Una parte de la respuesta surgió en la sesión de Julio de la Mesa de Política de Drogas de Medellín organizada y convocada por Elementa DDHH, el IEP-UdeA y el I.U Pascual Bravo. Allí se mencionó que los potenciales de la regulación de uso adulto de cannabis no son solo industriales, terapéuticos o económicos, sino que su fuerza también radica en la posibilidad de transformar las narrativas estigmatizantes hacia usuarios de drogas que son expuestos a riesgos, así como fomentar el acceso a información que transforme las políticas públicas desde enfoques respetuosos con los derechos humanos.
Mucho se ha dicho de porqué es importante regular el uso adulto de cannabis, pero es clave enfatizar que esta apuesta debe ser una medida de reparación hacía los usuarios que han sido perfilados, violentados y criminalizados. Es avanzar hacia un Estado que respete los derechos individuales y la autonomía, y que sea capaz de tener una oferta institucional con información basada en evidencia en lugar de prejuicios. Al reconocer errores pasados, fruto de estrategias fallidas, la regulación permitiría superar la división entre ciudadanos ‘buenos’ y ‘malos’ generada por la “guerra contra las drogas”, fomentando equidad y justicia social.
Si persisten los homicidios selectivos de individuos vinculados al consumo de drogas, es esencial reconocer que abordar este problema requiere no sólo una política de seguridad sólida, sino también una estrategia integral que vaya más allá del enfoque militarista: requiere transformaciones y retos en materia de política criminal, e incluso policial.
Territorializar la regulación de uso adulto de cannabis implica, en ese sentido, pensar en cómo esta puede ser una herramienta y plataforma para reparar a las víctimas del sistema prohibicionista en los distintos lugares en el país, ya que sus victimizaciones responden a lógicas de securitización propias. De esta manera, se abre la posibilidad de que ciudades como Medellín puedan comprometerse, más allá de la regulación de uso adulto, a no repetir el daño y dejar atrás la estela de violencia ejercida sistemáticamente a usuarios y usuarias de drogas.