Eje Programático Cultura Democrática, Paz y Convivencia - Capítulo Región Central*
La ley 1448/2011 dispuso la construcción del Museo Nacional de la Memoria. Después de 9 años de promulgada esta ley - febrero del 2020- se comenzó la construcción de este bien público cuyo propósito es la reconstrucción y el fortalecimiento de la memoria colectiva sobre el conflicto armado interno y sus implicaciones históricas. A pesar de la importancia de esta iniciativa, en términos de la construcción de memoria como componente central de la no repetición y la reparación a las víctimas, y, por ende, para la consecución de la paz en el país; la tan mentada ineficiencia de la gestión estatal, y en este caso del nivel nacional, ha impedido que se materialice este mandato. En la actualidad, la construcción de esta obra atraviesa por situaciones problemáticas que cuestionan la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, la calidad de las decisiones ingenieriles y arquitectónicas, y en general la planeación y gestión de este proyecto.
Ni al cierre del gobierno del presidente Duque, ni del entrante presidente Petro las noticias fueron alentadoras. El presidente Duque afirmó que el museo sería inaugurado en agosto del 2022. Cosa que no pasó. Y en el gobierno del presidente Petro, el panorama se torna un tanto agridulce. La nueva directora del Museo, María Valencia Gaitán, afirmó en entrevista con La W (radio) que el museo será terminado en el 2025; que mientras tanto se irán haciendo entregas parciales. Es decir, tres años de incumplimiento. Lo cual muy seguramente traerá mayor exigencia fiscal. Sumando dinero al oneroso saldo en rojo que van dejando las dos multas que hoy día se tienen, por parte de la interventoría a la empresa constructora. Multas producto, otra vez, del incumplimiento en los tiempos de ejecución.
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A lo anterior se le suma un sobrecosto de $25 mil millones en relación con el presupuesto inicial, según el portal de internet Razón Pública. Y la cuestión es que no hay más recursos – según el mismo portal – incluso, con lo que aprobó el Ministerio de Hacienda de acuerdo con la asignación presupuestal, los recursos no alcanzan para darle vida a la dotación del edificio, ni a la museografía que se requiere. Es decir, mala planeación y presupuestación desde el principio.
Y para completar la situación, señala como señala Colombia +20 de El Espectador que la obra presenta graves fallas en su estructura. Dice el periódico que en un informe presentado por la directora encargada Ana María Trujillo, se presenta toda la información técnica que demuestra que los muros no cumplen con los requisitos de sismo resistencia que exige la normatividad del país. Y que estas inconsistencias fueron presentadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), ante la Agencia Nacional Inmobiliaria (ANIM), aportando no solo los soportes sino argumentando las consecuencias que traería a futuro la falta de calidad de los procesos de esta obra. Aportando información adicional donde Andrés Gallego, director encargado de la ANIM, confirmó que “el plazo contractual finalizó exactamente el 14 de octubre de 2022 “(…) el contratista al momento de finalización de su contrato ejecutó un 78,26% del avance físico”.
Debido a este incumplimiento, que supera el 21% del total de la construcción de la obra, la Procuraduría Primera delegada para la Vigilancia de la Función Pública, ha iniciado sus labores de protección del patrimonio y ha solicitado buscar las alternativas eficaces para dar cumplimiento a la obra.
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Desde que inició el proceso de diálogo con las Farc – EP se señaló que dos, de los muchos males que afectan la gestión del Estado en Colombia, la ineficiencia y la corrupción serían obstáculos muy graves para la construcción de la paz. A seis años del Acuerdo Final las evidencias son contundentes. La ineptitud en la gestión pública y la voracidad del corrupto nos pasan una factura muy alta en términos de buen vivir, pero la factura es más costosa cuando va a cargo de la construcción de paz y la convivencia pacífica.
Es urgente que las autoridades competentes y las organizaciones de la sociedad civil actúen a favor de la protección del patrimonio público, el cual incluye la reparación a las víctimas, la no repetición y por lo tanto la memoria. El gobierno está obligado a cumplir con su deber; la ciudadanía a exigir su derecho a la memoria. Los órganos de control, que en el caso de la Procuraduría no solo debe disciplinar funcionarios, sino garantizar derechos. Y cosa muy importante es la acción positiva de la gente a través del control ciudadano; mecanismo efectivo para participar y proteger lo que es público.
Se hace necesario una rendición de cuentas pública de esta situación, así como un plan de acción donde todos los responsables de esta obra garanticen no solo la culminación de esta, sino el funcionamiento tal como lo señala la ley y los decretos reglamentarios. Las organizaciones de la sociedad civil podemos presentar recursos ante el CNMH para que cumplan con su deber. Y en esto es clave conocer el contenido y la metodología que se propone incorporar el proceso de construcción de memoria; pues este es un escenario de historia y representaciones simbólicas. Este fue pensando como proyecto de nación que contribuye a la garantía de los derechos humano y, por la vía de la memoria, a la construcción de la democracia. Por lo tanto, no puede incurrir en miopías partidarias y enfoques reduccionistas, ni caer en las trampas de la ineficiencia y la criminal acción de la corrupción.
*Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).