Por Adriana Muro Polo y Brenda Valencia Medina
Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un hecho histórico, visitó Colombia en medio del paro nacional donde se cometieron graves violaciones a derechos humanos por parte de la fuerza pública y particulares en contra de cientos de personas en diferentes zonas del país. Entre las recomendaciones emitidas por la CIDH se incluyó “adoptar las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado, por medio de la investigación de forma imparcial, exhaustiva y expedita de las denuncias de violaciones a derechos humanos; así como juzgar y sancionar a los responsables.” A unos días de que culmine el período presidencial de Iván Duque, se desconoce cualquier avance en el cumplimiento de esta y otras recomendaciones emitidas por el órgano interamericano.
Hechos como los ocurridos durante las protestas en los últimos años en Colombia requieren una investigación profunda que impulse procesos de verdad, justicia y reparación en favor de las víctimas y permita identificar las fisuras estructurales en instituciones como el Esmad y la Policía Nacional que han permitido la comisión de dichas violaciones en las protestas de los últimos años en el país.
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En la experiencia comparada, la conformación de mecanismos internacionales independientes resulta una respuesta innovadora desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para desentrañar hechos y avanzar en las investigaciones de vulneraciones a derechos humanos en contextos de alta complejidad como lo ocurrido durante el Paro Nacional. Ejemplo de ello es el caso del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) para la investigación de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de Escuela Rural “Raúl Isidro Burgos” del municipio de Ayotzinapa, Guerrero en México.
El GIEI surgió como respuesta ante el pedido de las familias por desmontar la narrativa oficial de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) que planteó una “verdad histórica” sobre los hechos de aquella noche y el destino de los estudiantes. Una versión plagada de inconsistencias, contradicciones y serias deficiencias en la investigación. Este pedido se dio a través de la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH de la cual derivó un acuerdo entre la Comisión y el Estado mexicano para crear un grupo de personas expertas e independientes que trabajara en territorio mexicano y pudiera realizar análisis técnicos y coadyuvar con las investigaciones y emitir recomendaciones para lograr la búsqueda y localización de los estudiantes desaparecidos. El grupo lo conformaron Carlos Martín Beristaín, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz, y los colombianos, Ángela María Buitrago y Alejandro Valencia Villa.
Durante los primeros meses de instalación, el GIEI tuvo que adherirse a la limitada colaboración que brindó el gobierno del entonces presidente, Enrique Peña Nieto, emisor de la “verdad histórica”. A pesar de la falta de colaboración institucional, el GIEI realizó las visitas para las que estaba facultado y emitió los siguientes informes: i) Informe Ayotzinapa I, se presentó en septiembre de 2016 y, principalmente, se desmintió la verdad histórica; ii) Informe Ayotzinapa II, se presentó en abril de 2016, abordó las actuaciones de corporaciones estatales y la manipulación de escenarios por parte de altos mandos de la entonces PGR. De los resultados más relevantes que lograron los informes y las recomendaciones del GIEI, fue la instalación de la Comisión de la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ) y de la creación de la Unidad Especial de Investigación dependiente de la Fiscalía General de la República (antes PGR) que ha dado varios pasos hacia adelante en la investigación.
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Después de su reinstalación, y con mayor apertura por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador; en marzo de 2022, el GIEI presentó el Informe Ayotzinapa III en el que presentó información desclasificada de inteligencia militar, con la que se confirmó la alteración de los sitios involucrados en los hechos por parte de autoridades de la PGR y elementos de la Secretaría de Marina, además de las labores de inteligencia militar que, años antes a la noche de septiembre de 2014, iniciaron las autoridades para vigilar las acciones políticas de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En este sentido, el grupo de expertos independientes jugó un papel trascendental frente al derecho a la verdad, los obstáculos estructurales de las instituciones y el actuar de las fuerzas armadas en México. También fue un ejercicio clave para reconocer la necesidad de contar con acompañamiento internacional en casos emblemáticos que involucran graves violaciones a derechos humanos en regímenes democráticos.
Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, surge la oportunidad de abandonar la soberbia que caracterizó al gobierno actual frente a la tragedia que cimbró el país y a dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CIDH a Colombia. Especialmente, la sistematización e investigación de las desapariciones, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza, las torturas y las ejecuciones cometidas por la fuerza pública. La interacción y el trabajo conjunto entre el gobierno entrante y la Comisión a través de un mecanismo de personas expertas e independientes, podría ser un insumo clave para impulsar sinergias con los organismos internacionales que protección de derechos humanos, entender y atender las dinámicas dañinas al interior de la policía, materializar la urgente reforma policial y evitar que la represión de la protesta social vuelva a manchar de sangre las calles de Colombia.
*Integrantes de Elementa DD. HH., organización que trabaja en política de drogas en México y Colombia