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Para comunidades enteras en Colombia, el confinamiento hoy implica un sufrimiento silencioso, múltiples y graves violaciones a los derechos humanos e incluso un riesgo de extinción física y cultural. Al encontrarse confinadas, las personas pierden acceso a derechos, bienes y servicios, y las comunidades enfrentan profundos cambios de su relación con el territorio y la vida: sus ciclos sociales, productivos, culturales y rituales se ven también transformados, incluido el acceso a los sitios sagrados.
Los niños muchas veces tienen que escoger entre desistir de ir a la escuela o exponerse diariamente al reclutamiento forzado en camino a esta, se presentan problemas de desnutrición y afectaciones a la salud, las comunidades no logran conseguir alimento en actividades de caza, pesca, agricultura por no poder moverse libremente y acceder a sus tierras. La presencia de minas antipersonal, particularmente en territorios que tienen muy escasas vías de acceso, es una amenaza directa para la vida de los pueblos y las personas confinadas. Paradójicamente, las personas confinadas ni siquiera pueden desplazarse en búsqueda de protección.
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El confinamiento en Colombia ha afectado principal y desproporcionadamente a pueblos indígenas y afrocolombianos de la región Pacífico. Siempre ha sido una estrategia usada en el marco del conflicto armado, que afecta cada vez más a comunidades campesinas de departamentos como Antioquia, Arauca, Putumayo, Caquetá o Bolívar. Este fenómeno ha tomado proporciones considerables en años recientes, aún cuando no siempre se reporta, por temor a retaliaciones por parte de grupos armados no estatales (GANE). De acuerdo con el seguimiento y acompañamiento de ACNUR a comunidades afectadas por el conflicto o en riesgo de serlo, en 2023 más de 100.000 personas se vieron afectadas por el confinamiento, y hasta septiembre de 2024, más de 89.000 personas han sufrido los efectos devastadores de esta situación.
El confinamiento, a pesar de no contar con un desarrollo de principios a nivel internacional, como sí lo tiene el desplazamiento interno, hoy se encuentra en la agenda global. Dada su evolución, sería deseable contar con un marco internacional que diera orientaciones a los gobiernos, a las comunidades y a la comunidad humanitaria, sobre las formas de prevenir estas situaciones, de atenderlas integralmente y de fortalecer los mecanismos de autoprotección comunitaria.
La propia y desafortunada experiencia de Colombia al respecto podría contribuir a este debate y transformar la realidad cotidiana de cientos de miles de personas en el mundo. En Colombia, si bien hay esfuerzos importantes de las instituciones del Estado para atender este tipo de situaciones, incluyendo el rol y sobre todo el riesgo que en muchas ocasiones asumen los funcionarios públicos, en particular los personeros municipales, a la fecha no se cuenta con un marco interno que defina las competencias en la atención de estas situaciones, o que regule una ruta de atención.
ACNUR se suma al llamado urgente de la Corte Constitucional hacia la definición del marco legal y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones del Estado para prevenir y resolver estas situaciones. Sin duda, una mayor presencia civil del Estado, con docentes, profesionales de salud y otros servicios básicos en las zonas más afectadas contribuiría a aliviar el sufrimiento de pueblos y comunidades, abriendo espacios de protección, dignidad y “normalidad” en el territorio.
La paz será la mejor respuesta. Mientras se avanza en los diálogos con múltiples grupos armados no estatales, ACNUR reitera su compromiso para apoyar a las comunidades confinadas y desplazadas en el país, porque son sus territorios, porque son sus vidas.