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Este lunes se presentó en el Congreso de la República una audiencia pública para exponer los hallazgos del informe final de la Caravana Humanitaria por la Vida, por la Paz y la permanencia en el territorio, que durante un mes (entre el 23 de julio y el 23 de agosto pasado) recorrió cinco departamentos azotados por el conflicto armado.
Más de 100 organizaciones defensoras de derechos humanos y de líderes sociales recorrieron Antioquia, Sur de Bolívar, Arauca, Chocó y el suroccidente del país, con el fin de conocer de primera mano su situación humanitaria.
En el evento hizo presencia el senador Iván Cepeda, quien recibió las denuncias de los ciudadanos de territorios agobiados por la presencia de paramilitares y de organizaciones armadas que piden la pronta atención del Estado.
Otros miembros del Congreso como la senadora Aída Avella y el senador Robert Daza también hicieron presencia para escuchar los hallazgos de los líderes que estuvieron en terreno hablando con las comunidades.
Las voces de los colombianos azotados por el conflicto
Los hallazgos de la Caravana Humanitaria por la Vida, por la Paz y la permanencia en el territorio fueron expuestos este lunes por delegados de organizaciones sociales que pudieron recoger las peticiones y denuncias de sus territorios.
Sonia Milena López, lideresa de la Fundación Joel Sierra, habló en representación del departamento de Arauca y dijo que en la región hay un plan de exterminio en el cual se ha declarado a los defensores de derechos humanos como objetivos militares por parte de organizaciones como las disidencias de las FARC y los paramilitares.
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Según la lideresa, las confrontaciones armadas entre el ELN y la Fuerza Pública han dejado como víctimas a miembros de la sociedad civil y ha agudizado la crisis humanitaria.
En su llamado, López pidió a las instituciones más presencia en los territorios y dijo que en los últimos tres años 572 personas han sido asesinadas, entre los que se encuentran 32 líderes sociales y 6 firmantes del Acuerdo de Paz.
Por su parte, Carlos Hernández, líder social de la organización Jesús María Valle Jaramillo, aseguró que la situación en el Sur de Bolívar es crítica, pues la avanzada paramilitar se está tomando los municipios del departamento y los terrenos en inmediaciones a la Serranía de San Lucas para ejercer control territorial y explotar las economías ilícitas.
En ese punto del país, los campesinos han manifestado su preocupación por la situación de orden público y han dicho que han sido desplazados de sus territorios por las amenazas de los “paras”. De hecho, manifiestan con preocupación que los hombres armados los han obligado a abandonar sus casas de forma silenciosa para evitar represalias que comprometen sus vidas.
Las organizaciones sociales que visitaron este departamento pidieron el desmonte del paramilitarismo y la presencia del estado para que las imposiciones de los grupos armados no se convierta en la autoridad de los territorios afectados históricamente por el conflicto.
En el evento también intervino una lideresa y defensora de derechos humanos del pacífico colombiano, quien aseguró que la problemática en esa zona del país es el reclutamiento forzado de menores.
Según sus hallazgos, en el Alto Baudó los jóvenes están siendo instrumentalizados por los grupos armados para colaborar con labores violentas en zonas alejadas del casco urbano y con poca visibilidad del Estado o de las organizaciones sociales.
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Además, la mujer denunció que en Chocó la arremetida paramilitar también está entrando con fuerza y que no se le está dando la suficiente visibilidad para exponer el impacto en las comunidades.
En ese punto del país también se expusieron problemáticas ambientales como la aspersión con glifosato y la contaminación a ecosistemas por economías ilícitas.
Marelén Serna, representante del Coordinador Nacional Agrario del Cauca, expuso que en esa región el paramilitarismo también ha declarado a los líderes sociales como objetivos militares cuando no se comparte la ideología de las economías ilícitas.
El departamento del Cauca es un punto estratégico por los grupos armados, pues su ubicación en el Cañón del Micay se ha convertido en el epicentro de los cultivos de coca y del punto de encuentro para que mafias internacionales lleguen a comprar la droga.
Las comunidades del Cauca también han asegurado que su territorio se ha convertido en el campo de batalla de organizaciones como el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, quienes ya han ampliado sus tentáculos a los cascos urbanos con bandas criminales que robustecen su estructura armada.
Sin embargo, en el informe también señalan que el conflicto armado también está azotando con fuerza en las ciudades y que el accionar de los paramilitares ha hecho que se creen nuevas dinámicas en las cuales se busca ejercer control territorial a partir del microtráfico y del lavado de activos.
Según Juliana Ramirez, miembro de la organización Ciudadanía para la Paz y Territorios Urbanos, el desplazamiento también se está dando en las ciudades, aun cuando el Gobierno le está apostando a dialogar con las bandas urbanas. Además, Ramírez señaló que el reclutamiento se ha recrudecido en ciudades como Bogotá, Popayán y Cali,
Las organizaciones que expusieron las problemáticas de las comunidades han pedido mayor atención del Estado y han señalado la importancia de reconocer la crisis humanitaria que hay en el país con la expansión violenta del paramilitarismo.
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