21 Apr 2022 - 4:31 p. m.

El retroceso en garantías de derechos humanos en Córdoba

En el departamento de Córdoba, desde la llegada del gobernador Orlando Benítez hemos retrocedido en materia de garantías para los derechos humanos. De nada sirvió el show mediático del día 9 de septiembre de 2020 en el municipio de Puerto Libertador, con el defensor del pueblo Carlos Camargo a bordo, donde se firmó la ordenanza 0017 “Por el cual se adopta la política pública integral de derechos humanos y paz de Córdoba 2020 – 2034 y el sistema departamental de derechos humanos”. El documento, en su tercer capítulo, contiene los siguientes ejes: 1. Educación y Cultura de Derechos Humanos y Paz, 2. Derechos Civiles y Político, 3. Igualdad no Discriminación y Reconocimiento a la Diversidad, 4. Derecho Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, 5. Derecho Internacional Humanitario, 6. Construcción de Paz, Reconciliación y Convivencia, 7. Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, 8. Acceso a la Justicia y Lucha Contra la Impunidad 9. Derechos Humanos y Empresa. Hoy, 18 meses después, ninguno de los ejes de los que habla dicha política se está implementando.

José David Ortega

De igual manera pasa con la ordenanza 0016 de 2020 “Por la cual se modifica la ordenanza 023 de 2017 y se establece la conformación y funcionamiento del Consejo Departamental de Paz, Derechos Humanos, Reconciliación y Convivencia del departamento de Córdoba” otro espacio que en el Gobierno de “Ahora le toca al pueblo” tampoco está funcionando. En 2021 no se hizo una sola sesión presencial ni una sola iniciativa del plan de acción y se suponía que habían destinado $70 millones distribuidos de la siguiente manera: $15 millones para funcionamiento de 4 sesiones al año y $55 millones para iniciativas del plan de acción. ¿Qué pasaría con los recursos? ¿Se los gastarían en las campañas políticas?

La Mesa Territorial de Garantías para Líderes, Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos que se modificó, al igual que el Consejo de Paz por iniciativa de organizaciones de sociedad civil y con el apoyo de la cooperación internacional (mediante el decreto 577 de 2020), es otro espacio que en esta Gobernación no funciona. En 2021 no sesionó ni una sola vez y también tenía unos recursos asignados para sesiones conjuntas, como para espacios autónomos. Pero, por el contrario, el gobernador ha estigmatizado en varias ocasiones a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos del departamento, faltando a sus deberes como servidor público.

En medios nacionales, el gobernador afirmó lo siguiente: “la verdadera lucha para proteger la democracia en el sur de Córdoba es contra los grupos al margen de la ley, residuales de las Farc y grupos armados organizados, quienes no solamente quieren apropiarse de las curules de paz, si no que ya se han metido en las Juntas de Acciones Comunales y quieren venir a influir en las elecciones locales, porque su intención es frenar que la institucionalidad siga llegando a lugares donde en el pasado reciente por los mismos estragos del conflicto era casi imposible”.

Con estas declaraciones el Gobernador violó la directiva 002 de 14 de junio de 2017 de la Procuraduría General de la Nación “Lineamientos para la protección efectiva de los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos, y sus organizaciones, integrantes de los movimientos sociales, movimientos políticos y lideresas y líderes políticos y sociales, y sus organizaciones y a los que en esta condición participen activamente en la implementación del Acuerdo Final de Paz para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. Infringió específicamente el parágrafo segundo que señala lo siguiente: “Exhortar a los servidores públicos para que, en cumplimiento de sus funciones y deberes legales y en el marco de sus actuaciones, respeten y garanticen las actividades que deba desarrollar la población objeto de la presente Directiva. En consecuencia, los servidores públicos deberán abstenerse de realizar conductas que los deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento o estigmaticen su labor”.

Igualmente, violó el parágrafo quinto, que señala: “Exhortar a los servidores públicos para que se abstengan de hacer falsas imputaciones o acusaciones que comprometan la seguridad, la honra y el buen nombre de la población objeto de la presente Directiva, sin perjuicio de la obligación legal que asiste a las autoridades competentes de investigar y juzgar los delitos”. También infringió la propia política pública que él firmó, que en su primer eje habla de la cultura de Paz.

Las promesas de campaña de quien se hizo elegir con el lema “Ahora le toca el pueblo” quedaron solo en eso, en campaña, como dice el adagio popular, del dicho al hecho hay mucho trecho.

*Vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Acsucor)

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