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Elicerio Mendoza, el 4 de diciembre. Humberto Londoño, el 6. Luis Carlos Hernández, el 13. Cristian Andrés Vitonas Yatacué, el 16. Jairo Ortiz y Richard Nilson Caicedo, el 22. Lucy Villarreal, el 24. Reinaldo Carrillo Vera, el 25. Ocho asesinatos de líderes sociales en tan solo tres semanas, y contando solo los casos más conocidos. La cifra, según datos recopilados por el Equipo Nacional de Garantías y Derechos Humanos de Marcha Patriótica, es mucho más abultada: 23 defensores y defensoras de derechos humanos asesinados este mes. Los números de ataques, amenazas y atentados son otra cosa.
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El panorama de lo que dejó el año en términos de la situación de los líderes sociales en el país no deja de ser preocupante y no se puede reducir a números y casos, sobre los que, además, nunca hay consenso. De entrada, la cifra total parece haber disminuido cerca de 23 % respecto a 2018. Aunque hay que tener en cuenta que el cierre definitivo del balance es el 31 de diciembre, de acuerdo con el Programa Somos Defensores, a la fecha hay un reporte de 110 asesinatos de líderes y se espera que —al confirmar otros casos que están en investigación— la cifra global llegue a 120 asesinatos, es decir, por lo menos 35 menos que el año pasado.
Estos datos difieren un poco de los entregados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según los cuales entre el 1º de enero y el 16 de diciembre de este año se reportaron 90 homicidios de líderes sociales. Aun así, los números fueron suficientes para que la ONU ubicara a Colombia como el país que más defensores y líderes sociales asesina en el continente.
No en balde, departamentos como Cauca, Antioquia, Nariño y Norte de Santander tienen las estadísticas más altas de violencia en contra de líderes sociales, pues se trata de zonas en las que durante los últimos dos años se ha presentado una consolidación de distintos actores armados, desde disidencias de las Farc, pasando por el Eln y los Pelusos, hasta grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc o Clan del Golfo) y los Caparros. Dentro del listado, las estructuras paramilitares y las disidencias son las responsables de las principales acciones de violencia cometidas en contra de esta población en 2019, según la Fiscalía y Somos Defensores. No obstante, hay una gran cantidad de casos en los que ni siquiera se sabe quiénes fueron los posibles autores del ataque criminal.
Para Diana Sánchez, coordinadora del programa Somos Defensores, aunque es positivo que bajen los casos, es determinante entender cuál es el fenómeno detrás de esos indicadores. “El año pasado hubo una pugna muy fuerte entre actores armados ilegales por el control territorial, y este año vemos que algunos territorios ya están controlados por un solo grupo. Eso hace que la gente se quede callada, que los líderes sociales tengan que bajar la cabeza para que no los maten. La gente está silenciada y no la siguen matando, pero los costos de eso son muy altos, porque no hay libertades. El Gobierno no puede quedarse solamente leyendo asesinatos, tiene que ver cómo están los contextos, qué pasa en las poblaciones. Hay que ampliar la mirada, el problema no se limita a la cifra de muertos”, sostiene.
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Sánchez se refiere, por ejemplo, a lo dicho por el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, quien señaló esta semana que en el caso del asesinato de líderes sociales no se puede hablar de sistematicidad pues las razones detrás de los crímenes “son diversas, aquí no hay una política de exterminio, ni una política sistemática, aquí lo que existen son razones diversas que se producen contra nuestros líderes sociales, atadas a fenómenos de delincuencia”.
Para las organizaciones sociales es claro que la sistematicidad existe y está dada por las características de las víctimas, no por las de los victimarios. Es decir, se trata de personas que lideran procesos y proyectos en sus territorios y que son asesinadas por el papel relevante que cumplen en sus comunidades. “Una característica de la sistematicidad es el perfil de las personas que asesinan. No son tenderos, vendedores, enfermeros... son líderes y defensores de derechos humanos. Además, los casos se dan en zonas altamente conflictivas. A los nasa, por ejemplo, los asesinan porque se oponen a los intereses de quienes dominan sus territorios”, detalla Sánchez.
Según Cristian Delgado, líder social del Cauca e integrante de Marcha Patriótica, el caso específico de su departamento muestra cómo en los últimos dos años, después de una reducción en las acciones violentas entre 2016 y 2017, se está viviendo un escenario similar al de antes de la salida de las Farc como actor del conflicto. Con un agravante: en la zona han aparecido grupos que históricamente no habían tenido presencia en el Cauca. “Los territorios han sido ocupados por las disidencias, el Eln, y el Epl (los Pelusos), un grupo que nunca había tenido presencia en nuestro territorio y llegó desde el oriente del país”, afirma.
En el Catatumbo la situación de los líderes no es muy diferente. Juan Carlos Quintero, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo, asegura que “los liderazgos estamos bajo todos los fuegos”, haciendo referencia a que en la zona hay presencia de disidencias, Pelusos, Rastrojos, Eln y otros grupos paramilitares que aprovechan la frontera para delinquir.
Todos estos actores atacan, según Quintero, a personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y se oponen a proyectos económicos como la palma de aceite o la explotación mineo-energética. Asimismo, incluyen al Ejército como otro de los actores del que han recibido agresiones y ponen como ejemplo el caso de Dimar Torres, exguerrillero que murió por acción de uniformados que operaban en el área.
Además, asegura que los homicidios han tenido un leve descenso frente al año pasado, pero esto ha significado un aumento en otras agresiones como lo son el desplazamiento y las amenazas, distribuidas a través de panfletos, mensajes de texto y WhatsApp. Lo que ha llevado a que en la zona se apodere el temor dentro de la población, incluido los líderes, blanco principal de estas agresiones. Situaciones como las de Cauca y el Catatumbo se replican por gran parte del territorio, así lo confirma Yesid Zapata, líder del Bajo Cauca antioqueño y una de las cabezas de la Corporación Sumapaz. Asegura que la lucha entre los Caparros y el Clan del Golfo ha condenado a la población a un constante temor. En el caso de los liderazgos sociales, de acuerdo a Zapata, muchos se han tenido que silenciar y salir del territorio: es la única forma de sobrevivir. De no ser así, la tumba es el único destino posible.
Otras voces consideran, además, que el Plan de Acción Oportuna anunciado por el Gobierno para atender la situación de los líderes sociales no ha tenido efectos prácticos para garantizar la seguridad de los defensores, pues ha centrado sus esfuerzos en militarizar los territorios e inyectarle recursos a la Unidad Nacional de Protección. De fondo, los problemas persisten sin soluciones estructurales.
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“El Gobierno tampoco ha utilizado las herramientas del Acuerdo Final de Paz para tener garantías de seguridad para los liderazgos sociales y los excombatientes. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Garantías fue convocada tan solo dos veces por el presidente, y por simple presión. Los delegados de la sociedad civil presentaron una propuesta de ruta para la creación de la política para el desmonte del paramilitarismo, y eso está quieto. Hay una falta de voluntad de este gobierno de meterse fuerte a acabar con el problema”, puntualiza Diana Sánchez.