Al menos 6.151 venezolanos en Colombia son víctimas de la guerra

Migrantes venezolanos en las calles de Arauquita, en el departamento de Arauca, donde también se vive el conflicto armado.

Foto: EFE - Jebrail Mosquera Contreras

En los últimos cinco años, desde que comenzó la ola más fuerte del éxodo de venezolanos a Colombia producto de la crisis social y política en ese país, 6.151 migrantes han sido víctimas del conflicto armado. La xenofobia y la vulnerabilidad en la que llegan a Colombia los ha hecho convertirse en blanco de desapariciones forzadas, reclutamientos, violencia sexual, amenazas, homicidios y desplazamientos, no sólo en los territorios donde históricamente han hecho presencia los grupos armados, sino también en ciudades capitales.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), a través del informe “Graves violaciones a los derechos humanos a población proveniente de Venezuela en Colombia”, de 2019 y 2020, advirtió que los departamentos de mayor riesgo son Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Arauca, Magdalena, Atlántico, Bolívar, La Guajira y Nariño, porque “son territorios con importante presencia de población migrante, que han contado histórica y actualmente con presencia de actores armados en el marco del conflicto armado, en donde se configura un escenario de riesgo latente para la población venezolana”.

Tan solo el año pasado, hubo seis masacres en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Cesar y Arauca en las que hubo víctimas de esa nacionalidad y la Defensoría del Pueblo ha emitido 24 alertas tempranas en todo el país advirtiendo de posibles victimizaciones por conflicto armado contra los migrantes.

También preocupa la situación de los menores de edad. Entre enero de 2019 y agosto de 2020, al menos 34 niños, niñas y adolescentes han sido asesinados, según el documento. Y en ese mismo periodo fueron amenazados 20 adolescentes entre los 14 y los 17 años.

Marco Romero, director de Codhes, explicó que “la ruptura de las relaciones diplomáticas hace que la frontera se vuelva una barrera que los refugiados deben terminar afrontando solos, pese a que la mayoría son consecuencia de decisiones políticas”. Como abrebocas para explicar la importancia de crear políticas transnacionales que velen por la protección de los derechos humanos de los refugiados, aseguró que “el manejo de las fronteras debe ser tratado como un espacio de protección internacional por las condiciones en las que usualmente llegan personas refugiadas (regulares o irregulares)”.

Desde el 23 de febrero de 2019, la más reciente ocasión en la que el gobierno venezolano, en cabeza del presidente Nicolás Maduro, rompió las relaciones diplomáticas con Colombia, se complejizaron los protocolos y la eficiencia para acceder a denuncias judiciales cuando se cometen violaciones a los derechos humanos. Por eso, aunque entidades como la Unidad de Víctimas en Colombia están abiertas para recibir y documentar casos de venezolanos que hayan vivido victimizaciones en medio del conflicto armado, en la práctica el reconocimiento de derechos es mucho más complejo porque, por ejemplo, para aportar testimonios a esta entidad, es requisito que los migrantes estén regularizados.

Este diario se comunicó con la Unidad para conocer sus cifras sobre víctimas venezolanas en Colombia, pero hasta la publicación de este artículo no se había recibido respuesta. Para dimensionar la magnitud de lo que viven los 6.151 venezolanos que padecen la guerra en Colombia, en este artículo explicaremos los tres delitos que más se cometen contra los migrantes, según el informe citado: los desplazamientos masivos o individuales, las desapariciones forzadas y el reclutamiento ilegal (de menores de edad y de adultos mayores).

Desplazamientos y homicidios

Migrar de un país a otro por falta de empleo o por la crisis socio-política es considerado como desplazamiento transfronterizo forzado. Por eso, las organizaciones de derechos humanos han pedido que, ante el éxodo masivo de venezolanos a otros países de la región desde 2015 hasta la actualidad, se garanticen sus derechos como refugiados. En Colombia, hasta diciembre de 2020, según Migración Colombia, 1′729.537 venezolanos llegaron al país en busca de algún proyecto de vida.

Ese, lastimosamente, no ha sido su único desplazamiento. Al llegar a Colombia se han tenido que enfrentar a este delito, el más sistemático en el marco de la guerra interna y que ha dejado 8 millones de colombianos como víctimas en diferentes territorios. Entre 2018 y 2020, se han documentado 26 eventos de desplazamientos masivos de venezolanos que han dejado casi 500 víctimas migrantes.

En 2020, uno de los años con más afectaciones, se registraron 313 víctimas; en 2019 se documentaron 84 desplazamientos y en 2018, diez. El documento de Codhes evidenció que en ciudades capitales, como Bogotá, Cartagena y Barranquilla, se cometen el mayor número de desplazamientos internos, en la mayoría de casos, por xenofobia y discriminación, al ser lugares de receptividad masiva. Y los departamentos desde donde más han tenido que desplazarse los venezolanos son Antioquia, Norte de Santander, Vichada y Cundinamarca.

Otra de las conclusiones de la investigación de Codhes apuntó a que en departamentos como Antioquia, Nariño, Putumayo y Cauca, con histórica presencia de actores armados como las guerrillas del Eln, el Epl, las disidencias de las Farc y grupos postparamilitarismo, “los actores armados ilegales suelen resolver las problemáticas sociales de las comunidades (en las que tienen control y cumplen el papel de Estado) en contra de la población venezolana, a la cual –a partir de ese momento– le incrementan las extorsiones, les amenazan, asesinan o expulsan, como acto ‘ejemplarizante’”.

Luis Carlos Rodríguez de la Cruz, uno de los investigadores del informe, explicó que en muchas ocasiones esto tiene como fin reforzar el falso imaginario de que los migrantes son los únicos responsables de la inseguridad o los delitos cometidos al interior de una comunidad o municipio “y que ellos (los actores armados) están cumpliendo con su labor al servicio de la comunidad”, creando fuertes escenarios de xenofobia que se replican en todo el país y que se materializan en agresiones verbales y físicas.

Uno de los delitos conexos al desplazamiento es, precisamente, el homicidio. Desde 2015 a agosto de 2020, 1.770 venezolanos fueron asesinados en Colombia. La tasa de homicidios de venezolanos en 2019, por ejemplo, fue de 34,7 por cada 100 mil habitantes; mientras que el mismo delito contra los nacionales fue de 25,05 por cada 100 mil habitantes.

“Los homicidios en población venezolana son en su mayoría de dos tipos: de carácter instrumental y de carácter aleatorio. En el primero, se encuentran los casos que están relacionados con el fuerte control territorial de algunos actores armados ilegales, que utilizan el homicidio como acto generador de miedo, acto “ejemplarizante” a modo de castigo por una situación de conflicto en escenarios comunitarios, intolerancia social y ajustes de cuentas. Los de carácter aleatorio, se dan de manera fortuita en acciones contra el patrimonio y bienes que pueden afectar a cualquier persona, al margen de su nacionalidad”, señaló e informe.

(Vea también: Inclusión laboral, una necesidad urgente de las víctimas del conflicto armado)

En un cruce de datos entre Codhes, la Policía Nacional, Medicina Legal y la Fiscalía se determinó que el departamento de Norte de Santander es el más afectado por los asesinatos a venezolanos con 73 casos, solo entre enero y agosto de 2020. En ese mismo periodo en Bogotá se presentaron 58 casos y en el Valle del Cauca, 48, siendo esas tres zonas del país las más riesgosas en este delito. Asimismo, el 55% de las víctimas tenían entre 18 y 28 años.

A pesar de ello, señaló Marco Romero, el desplazamiento y los homicidios selectivos contra la población venezolana no son considerados como delitos sistemáticos en Colombia y, por ende, tampoco son investigados ni documentados en el marco del conflicto armado colombiano, al menos en los casos de regiones en las que hay fuerte presencia de actores armados, porque no están tipificados como crímenes de lesa humanidad y, por ende, no son considerados como infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Eso hace, por ejemplo, que no tengan la posibilidad de ser contabilizados en la Unidad de Víctimas ni atenderse como una de las problemáticas de la persistencia de la guerra. “Además de la dificultad para rastrear estos casos porque las personas no los denuncian ni los reportan por su situación migratoria de irregularidad y por temor a sufrir represalias de los actores armados”, indica el informe.

Desaparición forzada

Esta es otras de las victimizaciones que más afectan a la población venezolana. Al menos 836 personas migrantes han sido dadas por desaparecidas en Colombia, entre 2015 y 2020. El año en el que más se registraron casos fue el 2019, con 398 denuncias, y el 2018, con 223. La característica que más llama la atención de esta investigación es que la ciudad con más casos es Bogotá, en la que se han registrado 311 desapariciones forzadas hasta el año pasado.

El segundo territorio con más denuncias es Magdalena, con 22 casos, y el Valle del Cauca, con 20. El investigador Luis Carlos Rodríguez dijo que una de las conclusiones principales es que muchas de las victimizaciones han ocurrido en ciudades capitales debido a que “son los municipios más receptores de migrantes y aunque es posible que muchos casos no estén relacionados directamente con el conflicto armado, se gestan escenarios de xenofobia que pueden tener origen en victimizaciones ocurridas en otros territorios”.

Por lo general, de acuerdo la investigación, los casos de desapariciones tienen como antecedentes desplazamientos masivos de venezolanos o amenazas en otras regiones del país. Entre 2019 y 2020, el 36,8 % de las víctimas de desapariciones fueron mujeres; el 63,2 % hombres y el 30,5 % menores de edad. Frente al perfil de las víctimas, aunque el porcentaje de mujeres víctimas es significativamente menor, esta es la población más vulnerable a los delitos sexuales y la trata de personas, delitos conexos a la desaparición forzada.

Para dimensionarlo, basta con saber que, entre 2018 y 2020, se han emitido 24 alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en las que se advierten riesgos para la población venezolana en Colombia, de las cuales 13 de ellas están relacionadas con violencia de género y trata de personas. Los departamentos con más alto riesgo, según esa entidad, son Atlántico, Sucre, Norte de Santander, Nariño, Arauca, La Guajira, Antioquia y Bolívar.

A pesar de que el informe no especifica cuántas de las personas dadas por desaparecidas han sido halladas, en entrevista con el investigador Rodríguez aseguró que la mayoría de casos permanecen en la incertidumbre y la impunidad, por el temor de los familiares a denunciar ante la Fiscalía “debido a que la mayoría de ellos está de forma irregular en el país, así que siempre hay miedo de ser deportados por recurrir ante las autoridades”.

En el caso de Cartagena, por ejemplo, el informe evidenció que las razones por las que persiste la violencia sexual contra mujeres venezolanas que son reclutadas o engañadas es porque muchas de las migrantes y refugiadas viajan solas y el hecho de no tener redes de apoyo en las ciudades de acogida que las puedan orientar para denunciar, hace que sean más vulnerables a terminar siendo victimizadas. También se explicó que, teniendo en cuenta el control territorial que ejercen actores armados y la debilidad institucional, “las amenazas de muerte se configuran como un elemento disuasorio frente a la denuncia de desaparición”.

El director de Codhes también habló de las problemáticas que se viven en las fronteras colombo-venezolanas en las que se configuran la mayoría de los crímenes contra migrantes. “El problema de las fronteras es, principalmente, las trochas ilegales por las que pasan los migrantes irregulares porque la mayoría de casos que ocurren allí, difícilmente son documentados o visibilizados”. El silencio, en esos territorios, es el salvavidas.

(Lea: Las verdades del conflicto armado que están en el exilio)

Reclutamiento ilícito

Los espacios de mayor riesgo de reclutamiento ilegal, tanto a menores de edad como adultos, son las fronteras colombo-venezolanas. Según Codhes este es el delito más difícil de rastrear y documentar. Entre enero y junio de 2020, hubo 9.594 menores de edad víctimas del conflicto armado, de los cuales por lo menos 40 de ellos fueron reclutados o utilizados por parte de grupos ilegales como la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc.

Las dinámicas de reclutamiento forzado se dan a través de la transferencia de dinero a las familias de los niños, niñas y adolescentes; la persuasión e incentivos con promesas de poder o a través de actividades educativas y recreativas, o mediante el uso de la fuerza y las amenazas. Los departamentos con más casos son Arauca, con nueve denuncias; Antioquia, con tres y Norte de Santander, con dos casos. La advertencia de Codhes sobre este delito son los riesgos del “traslado de niños, niñas y adolescentes reclutados hacia diversas zonas del país”, lo que complejiza mucho más el esclarecimiento de los casos.

En Santa Marta (Magdalena), por ejemplo, se han logrado documentar tres casos de reclutamiento desde 2017 hasta 2020. En esta región hacen presencia los grupos armados Los Pachencas y, en zona rural, las Agc. La Defensoría del Pueblo ha emitido dos alertas tempranas sobre riesgo de vinculación de niños, niñas y adolescentes a estas estructuras armadas en el departamento, sobre todo en la Sierra Nevada y la frontera con La Guajira; sin embargo, de acuerdo con Codhes, la problemática principal radica en el desconocimiento de las rutas y protocolos de denuncia en estos casos.

En contextos urbanos, sobre todo en niños mayores de 12 años, reveló el documento, prevalecen los casos de reclutamiento para bandas criminales con fines de microtráfico y mendicidad obligada “cuando se drogan a los menores de edad y son alquilados a otras personas con fines lucrativos”. Estas dinámicas ocurren, sobre todo, en ciudades capitales en las que la utilización de niños y niñas se tipifica como un delito penal por no tener relación con el reclutamiento por parte de grupos armados ilegales.

Ahora bien, en el reclutamiento ilícito, Codhes también tuvo en cuenta los casos de adultos o personas mayores de edad que son obligados o engañados para engrosar las filas de los grupos armados. “Por tratarse de población, que en su mayoría podría tener necesidades de protección internacional, en extremas condiciones de vulnerabilidad, es importante observar el fenómeno de vinculación no desde la criminalización de la migración venezolana, sino desde la perspectiva del riesgo de ser vinculado ante la necesidad extrema en un contexto con fuertes economías ilícitas y criminales, que se aprovechan de las condiciones de desprotección de la población”, concluyó la organización.

¿Cómo prevenir estos delitos?

Para prevenir las violaciones a los derechos humanos contra la población migrante, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento sugirió más de 30 acciones concretas hacia las instituciones para mitigar la doble victimización que padecen los refugiados venezolanos. Una de ellas es incentivar que las entidades gubernamentales ofrezcan jornadas de contextualización e información sobre el conflicto armado interno colombiano a través de campañas de autoprotección.

Sin embargo, de acuerdo con Marco Romero, esta estrategia debe ir acompañada de jornadas de capacitación a funcionarios públicos en los que se aclare que su situación migratoria no es impedimento para interponer denuncias y que, por el contrario, los migrantes son sujetos de protección internacional. “Los refugiados vienen de vivir violaciones a los derechos humanos en su país y, en la mayoría de ocasiones, hay fuerte desconfianza hacia la institucionalidad, lo que hace que se sigan generando esas brechas profundas de desigualdad e impunidad”, aseguró.

(Nota relacionada: La salud que necesitan las migrantes venezolanas)

Para ser más concretos, también sugieren que la Unidad de Víctimas permita el reconocimiento de víctimas venezolanas a pesar de su estatus migratorio irregular, además de la necesidad de “investigar a profundidad la población víctima del conflicto armado refugiada y migrante, las rutas de atención, los contextos de victimización, las barreras de acceso a la política pública y gestionar los mecanismos para garantizar el goce efectivo de sus derechos”, como indicó el informe.

Para los investigadores de Codhes, el primer paso para mejorar las condiciones de los refugiados y migrantes en Colombia está en la construcción de una política pública que permitan concertar acciones concretas para proteger los derechos humanos. Rodríguez de la Cruz resaltó un primer paso: “Hay que ir más allá de los documentos temporales de permanencia que terminan convirtiéndose en barreras y brechas para los migrantes. ¿Colombia quiere de verdad velar por esos migrantes? Es fundamental retomar relaciones diplomáticas con Venezuela para comenzar”.