A través de cuatro informes, cientos de víctimas construyeron relatos colectivos del exilio en los que recogen las causas de su expulsión, como las amenazas por su trabajo en la defensa de derechos humanos; las consecuencias que les ha traído: desde el choque cultural hasta el quiebre de su lucha política; lo que significa la búsqueda de sus desaparecidos fuera del país y las respuestas que esperan del Sistema Integral de Paz. Más de 50 personas exiliadas viajaron a Bogotá para el VI Foro Internacional de Víctimas, que se realizó entre el 1 y el 4 de julio en Bogotá, en alianza con el Laboratorio de Actos de Escucha (Allab) de la Universidad de Concordia de Canadá.
Vea: “La mayoría de exiliados no quiere volver a Colombia”: Comisión de la Verdad
Las cabezas de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad estuvieron en este evento recibiendo los informes y escuchando los testimonios. Más de 200 colombianos y colombianos que viven exiliadas y no han podido retornar se conectaron de manera virtual. Colombia+20 conoció los informes y recogió algunos de los testimonios.
Salir por defender los derechos humanos
“Nuestras organizaciones quedaron heridas de muerte con nuestra salida del país. Y nuestro proyecto de vida quedó truncado, fue como otra muerte”. Con esas palabras, la investigadora Nancy Tapias presentó al Sistema Integral de Paz un informe que analizó 24 casos de personas defensoras de derechos humanos obligadas al exilio, como una muestra de un universo mucho más grande de quienes han salido del país con dos maletas y a escondidas, por haber defendido los derechos más básicos en Colombia.
Es un documento de más de 700 páginas que recoge diferentes tipos de agresiones y persecución a quienes han defendido los derechos humanos en el país. El caso de Alba Teresa Higuera es uno de ellos: una defensora nacida en Bucaramanga y militante de la Teología de la Liberación que creía que, en vez de enseñar a poner la otra mejilla, había que cambiar un mundo injusto y desigual. Pasó de reclamar los derechos a la vivienda, a la educación y a la salud a denunciar los crímenes de los paramilitares en San Vicente y El Carmen de Chucurí, en el Magdalena Medio, tratando de alertar en la capital sobre lo que pasaba a escasos kilómetros.
Los montajes judiciales contra sus compañeros en Bucaramanga la hicieron desplazarse hacia Bogotá, en donde estaría al frente de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, integrada por decenas de organizaciones de derechos humanos en el país. Allí se convirtió en vocera internacional y denunció la persecución.
Un día la llamaron a su casa y le advirtieron que asesinarían a su hijo de cinco años. “Cuando uno está jugado con la defensa de los derechos humanos sabe a qué se atiene, pero cuando le tocan los hijos la cosa es a otro precio”, cuenta. Además, en pocas semanas tendría a su segundo hijo. Dos meses después del parto, en abril de 2003, salió con su familia exiliada para España, con ayuda de la organización Amnistía Internacional.
Allá empezó con la lucha por los desahuciados a través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y fue una de las fundadoras de la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas que se fue extendiendo y ahora tiene integrantes en Canadá, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Dinamarca, Suiza y Bélgica. Desde esa colectiva participaron activamente en la mesa de negociaciones de La Habana entre el Estado colombiano y las Farc, y se reunieron con sus subcomisiones de género.
Pese a que hace más de 25 años se graduó de sociología, hoy está prácticamente volviéndola a estudiar por las dificultades para homologar el título, que la obligaron a convalidar la carrera. En un año estará celebrando su grado (otra vez).
En 2019, la colectiva entregó un informe a la Comisión de la Verdad dedicado exclusivamente a las mujeres refugiadas y exiliadas en España. Pero este nuevo informe, que ahora quedó en manos de la justicia transicional, tuvo una apuesta más ambiciosa: con los 24 casos documentados de personas defensoras exiliadas en 10 países de Europa y América, así como 64 casos de asesinatos emblemáticos y 11 desapariciones forzadas, plantean al menos dos peticiones: la primera, que la JEP abra un macrocaso dedicado a las afectaciones a las personas defensoras de derechos humanos en Colombia y que, por su parte, la Comisión de la Verdad dedique un capítulo específico de su informe final a esta materia.
Buscar a los desaparecidos desde el exilio
Gladys Ávila y Sandra Ubaté están exiliadas en Suecia y Argentina, respectivamente. Ambas presentaron el informe “Desde el exilio seguimos buscando. Sus voces, nuestras memorias” al Sistema Integral de Paz el pasado 1° de julio.
Junto a otros 40 colombianos en el exilio, que conforman el Grupo Europa Abya Yala de familiares de personas detenidas desaparecidas en Colombia, recogieron 15 historias de desaparición y las secuelas que les ha dejado el tener que hacer la búsqueda desde fuera del país.
Lea también: Las peticiones de víctimas en el exilio a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos
El 20 de abril de 1993, el hermano de Gladys, Eduardo, quien se había desmovilizado del M-19, fue desaparecido en Bogotá por miembros de la Sijín. Una semana después, ella lo encontró muerto en la vía a El Guavio (Cundinamarca), con signos de tortura. Aunque lo pudo enterrar, con dolor, asumió desde ese entonces la búsqueda de otras personas desaparecidas, lo que trajo consigo amenazas contra su vida y su posterior exilio, casi más de una década después.
Lo mismo ocurrió con Sandra. Empezó la búsqueda de su hermano Jhon Ricardo Ubaté, un joven defensor de derechos humanos en el barrio Siloé de Cali, desde que fue desaparecido por miembros de la Policía el 19 de mayo de 1995 junto a su amiga Gloria Patricia Bogotá. Lo último que se supo de ellos es que habían sido llevados a la estación de Policía. Un mes antes, Jhon había denunciado públicamente que miembros de esa institución habían cometido violaciones a los derechos humanos.
“¿Por qué nosotros tuvimos que irnos y abandonarlos todo, y los responsables de sus desapariciones fueron absueltos y condecorados?”, exclamó Sandra durante el Foro Internacional de Víctimas. Además, señaló que en medio de la situación que vive el país por el Paro Nacional este delito sigue ocurriendo, así como le pasó a su hermano, sin que nadie sea investigado y condenado.
El trabajo de documentación y escucha colectiva que hicieron durante más de seis meses entre ellos les permitió encontrar alrededor de 12 hallazgos. Uno de ellos es la pérdida de identidad de quienes buscan a sus seres queridos. “A mí me preguntan quién soy y digo que la hermana de Eduardo Ávila, desaparecido en 1993. Y todos los familiares sin darnos cuenta asumimos sus identidades desde el momento en que desaparecen”, sostiene Gladys. “Dejamos a un lado nuestra profesión, nuestra vida y a veces hasta nuestra familia para conocer su entorno, por una necesidad de mantenerlo vivo en nuestras memorias”. Otro de los hallazgos que encontraron es que los familiares tiene varias muertes, explica Gladys: “el día en el que desaparecen a nuestros parientes, el día en el que nos dicen que posiblemente los encontraron, pero también las muertes que se están llevando a los padres y madres por su edad”.
El informe también recoge los impactos psicosociales, como la sensación de estancamiento en la búsqueda tras la salida del país, o el tener que enfrentarse al dilema moral de salir del país para proteger sus vidas y que se detenga la búsqueda, o quedarse, continuar en ella, pero seguir en riesgo de muerte.
En el documento resaltan los desafíos que persisten desde hace años en la búsqueda y que desde el exilio se intensifican. Por ejemplo: la dificultad para hacer una denuncia en Fiscalía de una desaparición forzada, de hacer el seguimiento de la investigación en la justicia, o que alguna entidad colombiana les tome muestras de material genético en el país de acogida. Estos fueron unos de los tantos retos que le plantearon a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
“Tampoco es suficiente que se decreten medidas cautelares sobre cementerios donde había desaparecidos y ya, sino que se empiece a tramitar la búsqueda de los cuerpos. Hay algo que no se comprende y es que las familias no podemos esperar eternamente, unos son los tiempos de las entidades y otros los de los familiares”, añadió Gladys.
Gladys contó que desde los países donde están ven con preocupación cómo se está repitiendo el delito de la desaparición forzada en el Paro Nacional. “Nos asusta que no digan que están buscando a personas desaparecidas, sino a personas ‘sin ubicación”. Están negando un delito que continúa en Colombia”, agregó.
Tanto Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, como Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, aseguraron durante el encuentro que esperan estar al alcance de las expectativas de las víctimas de exilio y de desaparición, y se comprometieron a avanzar en los casos estancados en la justicia ordinaria.
Salvar la vida para seguir educando
Hace 28 años que se fue. Dice que la defensa de la educación pública en Colombia casi le cuesta la vida, y para salvarla tuvo que irse a Suecia, donde ha ido aprendiendo a vivir lejos de los suyos. José de Jesús Gamboa es un curtido maestro y líder sindical que hoy carga a cuestas las memorias de la lucha del magisterio colombiano, ya que muchos de sus compañeros hoy no están para contarlas.
Forjado como educador en las escuelas rurales de Huila, se hizo dirigente departamental de los maestros en la década de los setenta, cuando la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) le apostaba a un estatuto docente que combatiera la precariedad de los educadores en el país. El costo: en 1977, los principales dirigentes en las regiones fueron destituidos, entre ellos Gamboa, que estuvo desvinculado del magisterio por cuatro años. En ese periodo, por fin, el Gobierno emitió el Decreto 2277 de 1979, el estatuto docente único, que profesionalizó la docencia en el país y creó el escalafón de maestros.
Y la persecución arreció. Una edición de la revista “Semana” de 1985 registró las amenazas que José de Jesús Gamboa recibía por esos meses, cuando otros dirigentes huilenses como José del Carmen Yepes o Rómulo Trujillo eran víctimas de la violencia de los grupos armados. ”Los que me están pisando los talones son los grupos paramilitares”, denunciaba. Al año siguiente, el 15 de mayo -Día del Maestro en Colombia- los docentes y líderes sindicales de Huila José Diomedes Cedeño y Héctor Perdomo Soto fueron asesinados en Tello.
Mientras los educadores ponían en marcha el Movimiento Pedagógico para reivindicar los derechos docentes e impulsar su propuesta educativa, los dirigentes estudiantiles y sindicales caían asesinados en las calles de distintas ciudades. El 17 de agosto de 1989, el estudiante Reinaldo Cuenca y su compañera Liliana Montoya fueron asesinados, según denunciaron los docentes, por agentes del Estado. Cuenca era estudiante de la Universidad Surcolombiana, donde Gamboa ejercía como docente.
En Neiva fue víctima de dos atentados fallidos, pero entonces los armados empezaron a cercar a su familia. Las autoridades le hicieron un allanamiento a su hija de 18 años y la enviaron a prisión en medio de un proceso que después se caería. La situación se hizo insostenible y las directivas de Fecode optaron por sacarlo del país en 1993. Fue a parar exiliado al norte de Suecia, a la ciudad de Umea, donde siguió el camino de la academia. En Colombia había estudiado lingüística y literatura, una maestría en pedagogía y allá estudió un doctorado en filosofía y letras, a pesar de la discriminación contra quienes se forman fuera de Europa y cuyos conocimientos y títulos profesionales muchas veces no son reconocidos.
A Colombia llegó a comienzos de junio, en un paso fugaz, para entregarle al Sistema Integral de Paz el informe que recoge las historias de aquellos que, como él, siendo docentes en Colombia, tuvieron que salir por las amenazas, los atentados y los compañeros asesinados.
“Salvar la vida para seguir educando por la paz y la libertad” se titula el documento que según sus autores representa a unos 260 docentes exiliados. Además, se trata de casos que no fueron tenidos en cuenta en el informe que entregó Fecode a la JEP en 2019, que nada dice sobre exiliados, ni tampoco en los que otros sectores sindicales han entregado a esa justicia.
De hecho, este documento plantea que las cifras sobre afectaciones a docentes en medio del conflicto pueden ser más elevadas. Según datos de la Escuela Nacional Sindical, que usó Fecode en su informe a la JEP, serían alrededor de 1.000 docentes asesinados desde 1985, pero este nuevo documento habla de que llegarían a ser 1.400.
Igualmente, se había hablado de alrededor de 5.500 hechos de amenaza, que según este informe serían 9.000. Y en el caso de los docentes desaparecidos, no serían 80, sino 120; así como no serían 75 exiliados, sino 260. La premisa de su documento: los persiguieron por organizarse, por impulsar la lucha sindical, por tener capacidad de movilización alrededor de una propuesta educativa transformadora.
Le puede interesar: Comisión de la Verdad lanza “Transparentes”, una novela gráfica sobre el exilio
Las luchas organizativas al otro lado de la frontera
Una de las consecuencias del exilio para los defensores de derechos humanos es la pérdida de la lucha social que tenían en Colombia, aquella que precisamente provocó su salida del país. Llegan a un nuevo lugar a empezar desde cero y sin que su voz tenga algún reconocimiento. Es decir, además del impacto personal, hay un quiebre organizativo.
Diversas organizaciones sociales de todo el país desaparecieron por completo debido a las amenazas, asesinatos y el exilio de sus integrantes. Esta es una de las consecuencias que recoge el informe “Lo que la violencia no pudo acallar: reinvención organizativa desde el exilio”, a través del cual sostiene que en Colombia hubo un “genocidio organizativo”.
“La identificación como objetivo de persecución a causa de las luchas sociales, agrarias, feministas, indígenas, ambientales, políticas, entre otras, que daban los movimientos u organizaciones, colocaban a la organización como tal en la mira de los ataques. No era una persecución personal por la persona en sí misma sino por su liderazgo, por su denuncia y por su labor social”, señala este documento.
A pesar de esto, el informe rescata algunas de las experiencias organizativas que han nacido o se han fortalecido en el exterior a pesar del exilio. “Nos decían: ‘Salí de Colombia por hablar, por denunciar. Si aquí solamente me voy a dedicar a sobrevivir, me quedo callada y no voy a continuar con mi liderazgo, para eso me hubiera quedado allá quieta’. Y así es como empezaron a crear redes”, cuenta Sandra Torres, una de las coordinadoras del informe. Esta reinvención organizativa fuera de Colombia la facilitó la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, agrega.
En el marco de la campaña “Construyamos la paz desde la migración y el exilio”, las organizaciones Revivir, el Foro Internacional de Víctimas, el Colectivo Orlando Fals Borda y la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas, entre otras, trabajaron durante dos años para recoger la memoria de los procesos sociales de colombianos que se han dado fuera del país.
El caso de Leonora Castaño es uno de ellos. Esta lideresa campesina fue expresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (Anmucic), lo que la llevó a exiliarse en España desde 2003 para proteger su vida. Desde allá ha continuado con el trabajo para el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado, el derecho de las mujeres, el campesinado y la defensa de derechos humanos.
Hoy está trabajando en tejer nuevos liderazgos con colombianos en el exilio a través de la Ecoaldea de la Esperanza, un proyecto campesino en el que sus integrantes retornan al campo desde el país en el que viven ahora. “Cada persona que llega encuentra un pedacito de Colombia y convergen procesos unitarios, nuevos modelos de relacionamiento entre lo rural y urbano”, relató Leonora durante el VI Encuentro del Foro Internacional de Víctimas.
Como ella, los más de 40 participantes de este informe, que están en Bélgica, España, Portugal, Noruega, Suiza o Países Bajos, salieron exiliados en su mayoría entre 1995 a 2010, etapa que coincide con la expansión del paramilitarismo, el fortalecimiento del narcotráfico y la implementación del Plan Colombia y la política de Seguridad Democrática.
“No ha sido fácil la reinvención organizativa”, explica Torres. “Es de muchos obstáculos, pero aún así continúan porque no se han olvidado de este país. El país sí se olvidó de ellos y ellas, pero siguen apostándole a la paz y con una agenda política”.
Torres destaca que a diferencia de lo que ocurre en Colombia, en las organizaciones del exilio hay mucho pluralismo: están desde la víctima campesina del conflicto armado, hasta el militar también amenazado.
Otro de los hallazgos es que la persecución y el exilio no han cesado para muchos colombianos. Torres cita a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado cuando asegura que las solicitudes de protección internacional por parte de colombianos a este país han incrementado en un 330 % desde 2017 hasta la fecha.
“De 2017 a 2018, las solicitudes pasaron de 2.502 a 8.811, y en 2019 a 29.363. Colombia es el quinto país que más solicita protección internacional en la Unión Europea”, sostiene. Y es que, a pesar de la implementación del Acuerdo de Paz, el paro nacional y las violaciones a derechos humanos que continúan son algunos de los escenarios más preocupantes para que esto se siga intensificando, de acuerdo con la investigadora.