6 Nov 2021 - 10:30 p. m.

Anorí e Iscuandé, donde la tensión entre cocaleros y fuerza pública no se erradica

Los choques de las últimas semanas entre campesinos cocaleros, y militares y policías por operaciones de erradicación forzada en estos dos municipios, de Antioquia y Nariño respectivamente, abren un nuevo capítulo de una serie de desencuentros por el uso de la tierra en el posconflicto. La pregunta de fondo persiste: ¿por qué tras cinco años del Acuerdo de Paz se mantienen los incumplimientos en los compromisos del PNIS y siguen rotos los canales de diálogo entre población rural cocalera y autoridades de estas zonas?
Camilo Pardo Quintero

Camilo Pardo Quintero

Periodista Proyectos especiales

Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), Anorí es el municipio antioqueño con mayor tasa de sustitución voluntaria de coca desde que en mayo de 2017 comenzó a funcionar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Esta población del nordeste de Antioquia ha sido evaluada y ratificada por Naciones Unidas en los monitoreos que año a año le han hecho a la resolución de problemas de drogas de uso ilícito, una revisión del punto 4 del Acuerdo de Paz.

Concretamente, cerca de 1.400 familias cocaleras de se municipio han acogido el PNIS y hasta el primer semestre de 2021, de acuerdo con el Movimiento Campesino de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), han sido eliminadas de forma voluntaria más de 1.500 hectáreas de cultivos ilícitos. Esto quiere decir que, en promedio, cada una de estas familias registradas ha sustituido una hectárea para darle un nuevo uso a su tierra.

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Sobre esto, la Asociación Campesina del Norte y Nordeste Antioqueño calcula que la tasa de resiembra ronda el 1%, una cifra baja si se compara con municipios como Tibú (Norte de Santander) o Tumaco (Nariño), en donde la resiembra roza el 9%, según cifras oficiales. Entonces, con un panorama así, ¿por qué en Anorí persisten los choques constantes entre campesinos y fuerza pública que acompaña procesos de erradicación forzada si el respaldo al PNIS es altísimo y comprobada por verificación internacional?

Con las confrontaciones de estas últimas dos semanas, sumada a otros episodios similares a inicio de febrero, mitad de marzo y otra en el marco del Paro Nacional, de los pasados meses de abril y mayo de 2021, Anorí ha vivido a lo largo del año una crisis humanitaria que parece interminable y que se asemeja a un refrán añejo del novelista español Ramiro de Maeztu: “lo que vale no dura y lo que no vale se eterniza”.

Así lo entienden en el territorio, en la medida que consideran a sus esfuerzos diarios por sustituir como algo con baja importancia para el Estado, a cambio del sinfín de líos y dolores que les ha tocado padecer por las pocas personas que se resisten a eliminar cultivos de forma voluntaria y por los nulos canales de diálogo que tienen con las autoridades encargadas del PNIS.

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“No defendemos el palo de coca, defendemos los sueños de transformación social”

José David Hernández, delegado departamental del Coccam y líder de la Asociación Campesina del Norte y Nordeste Antioqueño está convencido de que las tensiones que han vivido las comunidades de Anorí, especialmente los de la vereda Tenche, con los erradicadores, militares y cuerpos del Esmad, a lo largo de 2021, se deben a que no hay garantías reales para que les cumplan a las familias cocaleras que dejaron sus cultivos de uso ilícito en el pasado.

El gobierno no ha cumplido con los compromisos de pago por sustitución que están vigentes desde hace cuatro años. Al campesino, por mandato del Acuerdo de Paz, le dan 60 días para que sustituya voluntariamente si está en el PNIS y el Estado desde el comienzo tuvo un margen de dos años para garantizar subsidios alimentarios y pagos de 12 millones de pesos por familia para cultivar en la legalidad. Los que han incumplido son los segundos. Nos dicen cada año que hay retrasos, que no hay dinero y que esperemos… pero nunca llegan con nada. Hay gente que le entregó su vida y su tierra a la paz a cambio de un chorro de babas”, denunció Hernández.

Para el líder campesino, la complejidad de esta situación radica en que llevan más de seis meses sin dialogar de manera directa con autoridades del PNIS o miembros del Ministerio de Defensa. Por ello, la única presencia del Estado la ven en los erradicadores y en el pie de fuerza de militares y Esmad.

“No defendemos el palo de coca, en cambio defendemos los sueños de transformación social por los que hemos trabajado. Antes y durante el Paro Nacional nos prometieron garantías económicas y nada se cumplió. Esto lastimosamente nos lleva a afianzar la idea de que no van a arrancar ni una mata más, de las pocas que hay, hasta que no haya negociación. Si este gobierno hubiera querido negociar con los campesinos de Anorí no hubieran mandado Ejército, eso se lo dije al teniente Godoy (encargado de esa zona) cuando vino. El Esmad tampoco negocia, solo lanza gases a nuestras cabezas. Queremos hablar con alguien que tenga poder de decisión sobre el PNIS”, concluyó.

Por su parte, el firmante de paz Ovidio Mesa, comentó desde la vereda La Plancha, en Anorí, que los procesos de sustitución voluntaria han tenido el mismo acompañamiento y verificación por parte de la ONU que los procesos de reincorporación, motivo por el cual no entiende por qué la única salida para solucionar el problema de las drogas de uso ilícito allí sea el uso de la fuerza.

Según versiones de la Mesa Nacional de Víctimas de Antioquia, más de 100 familias campesinas en esta zona se encuentran en refugios humanitarios y a la espera de una respuesta estatal para definir su situación socioeconómica. Esta situación es similar a la de mayo de este año, cuando cerca de 1.500 campesinos que se movilizaron para pedir garantías para ellos y sus tierras resultaron en condiciones similares.

Mientras el Ejército y el Esmad dan un balance concreto y claro de lo sucedido en Anorí, tres campesinos cocaleros de allí se encuentran hospitalizados en centros de salud de Medellín y sus casos individuales para denunciar los hechos fueron asumidos por la Corporación Jurídica Libertad. A su vez, las denuncias emitidas por los colectivos campesinos en Tenche ya están en manos de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

Iscuandé, la otra olla a presión

Lejos quedan los años en los que se solo se analizaba históricamente a este municipio nariñense como el primer puerto naval en el que se libró una batalla en el marco de la Independencia de Colombia.

El conflicto armado logró sembrar terror allí por años, por medio de paramilitares y guerrillas, cuya herencia de guerra se ve hoy en hectáreas de cultivos de coca y familias campesinas que no son atendidas por el Estado, en aras de ofrecerles nuevas alternativas de vida. La seguridad para ellos no es más alentadora.

Según un reporte oficial de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), a lo largo de 2021, 166 personas han sufrido de desplazamientos forzados allí y desde el territorio le confirmaron a Colombia+20 que esta situación no ha sido atendida oportunamente con políticas sociales de nivel local o departamental.

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El Simci reportó el pasado 30 de octubre que en lo corrido del año en Nariño se han presentado 276 manifestaciones de cocaleros, quienes exigen mayores garantías para el acceso pleno al PNIS y, sin duda, entre los más fuertes están las tensiones entre campesinos y fuerza pública en Iscuandé. Allí, en las veredas Vuelta Larga y Santa Bárbara sus pobladores denunciaron desde hace 10 días que las FF.MM. los reprimieron con violencia, violando cualquier estándar de protección de derechos humanos.

Efraín* denunció que uno de sus amigos más cercanos fue alcanzado por un proyectil de fusil que disparó el Ejército en la tarde del 29 de octubre de 2021. Según él, se encontraban en un paro campesino pacífico por los incumplimientos de seguridad alimentaria pactados dentro del PNIS y en resistencia ante la llegada de multinacionales mineras que quieren adjudicarse en su territorio.

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“Los señores de la Brigada Móvil 16 del Ejército llegaron sin ánimos de hablar. Fueron disparando al aire y cuando vieron que nosotros no nos asustábamos y seguíamos en pie con nuestra movilización, el teniente Marroquí dio la orden de usar más fuerza. En esas, uno de esos desadaptados le disparó a mi compañero, quien está herido en Tumaco”, narró.

Sobre esto, el Ejército quiso desmentir las acusaciones, al indicar que ninguna bala fue disparada por ellos de forma directa hacia el cuerpo de los campesinos.

Los ánimos se han ido bajando con el pasar de las horas. Mientras se llegan a acuerdos más concretos para no extender las manifestaciones campesinas por el pacífico nariñense, desde El Charco hasta Tumaco, como en su momento lo propusieron los cocaleros de Iscuandé, líderes de más de 50 veredas en esta zona del país invitaron a que no se mantengan los bloqueos sobre vías, bancos y la misma Alcaldía.

Los campesinos de Iscuandé aún creen que la vía del diálogo es posible y debe ser tomada como primera opción.

*Cambio en el nombre de la fuente a petición expresa del entrevistado

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