25 Aug 2021 - 10:59 p. m.

Así quieren salvar la vida de los excombatientes de las Farc en Argelia

Los firmantes del Acuerdo de paz, concentrados en un refugio humanitario en Popayán, diseñaron una ruta para garantizar su propia seguridad en uno de los municipios más peligrosos para ellos. La JEP les ordenó a las autoridades ponerla en marcha en 30 días.
Entre el 20 y el 24 de agosto, delegaciones de excombatientes de Cauca, Valle y Nariño se concentraron en un refugio humanitario en Popayán para pedir garantías para la reincorporación en esa zona del país.
Entre el 20 y el 24 de agosto, delegaciones de excombatientes de Cauca, Valle y Nariño se concentraron en un refugio humanitario en Popayán para pedir garantías para la reincorporación en esa zona del país.
Foto: Cortesía

Mientras decenas de excombatientes de las Farc se concentraban el fin de semana en un refugio humanitario en Popayán (Cauca) para pedir que se detengan sus asesinatos en esa región, en Argelia la vida de un puñado de ellos estaba en peligro. Las autoridades tenían información de que en la región del Sinaí, en ese municipio, hombres del grupo disidente de las Farc Carlos Patiño perpetrarían una masacre contra los firmantes del Acuerdo de Paz. Después de un combate que se extendió por 72 horas entre ese grupo armado y militares de la Tercera División del Ejército el hecho, finalmente, se evitó.

Pero el riesgo sigue vivo. Desde el pasado viernes, delegaciones de exguerrilleros provenientes del Valle, Cauca, Nariño y otras zonas del suroccidente se juntaron en Popayán, en el refugio humanitario, como un grito de auxilio por la vida de los excombatientes en esa zona del país, la más violenta para esa población.

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El diagnostico es crudo y lo puso en evidencia la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP en medio de la audiencia que precisamente este martes hizo esa jurisdicción para hacerle seguimiento a las medidas de protección de los excombatientes, en el suroccidente del país. Según la UIA, de los 316 exguerrilleros asesinados en Colombia tras la firma del Acuerdo (una cifra mayor a la que lleva la propia exguerrilla o la Misión de Naciones Unidas), 115 lo han sido sólo en Cauca, Valle y Nariño. La tasa de muertes de excombatientes en esa región dobla la tasa a nivel nacional.

Cauca, donde viven 1.227 firmantes de la paz, se lleva las cifras más dramáticas: 56 de ellos han sido asesinados allí. Entre los municipios con más asesinatos en el país están los de este departamento: Argelia con ocho casos, Caloto con siete, Buenos Aires y Santander de Quilichao con seis. Todos ellos son solo superados por Tumaco (18 exguerrilleros asesinados) y Cali (también con ocho).

Los asesinatos no son aleatorios. La UIA encontró que los grupos armados asesinan a los exguerrilleros que asumen roles de liderazgo en proyectos productivos, comunitarios o políticos, en el marco de su reincorporación. Es decir, asesinan a los gerentes de las cooperativas, a sus líderes más visibles.

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Así lo confirma Francisco González, conocido en la guerra como Pacho Chino, uno de los líderes de los exguerrilleros en el Cauca y vocero del refugio humanitario. Habla de al menos tres casos en que a cooperativas de firmantes que alzaron proyectos en esa región les asesinaron o desplazaron sus cabezas.

El más emblemático, relatado por Colombia+20, es el de la Cooperativa Ecomún La Esperanza (Cecoespe), nacida en el antiguo espacio territorial de La Elvira. Solo entre junio y agosto de este año, tres de sus miembros activos (Yorbis Valencia, Norelia Trompeta y José Ignacio Loaiza) fueron asesinados en Buenos Aires y en Popayán. Y desde diciembre de 2019 y enero de 2020, toda la dirigencia del colectivo salió desplazada por amenazas, así como el grueso de sus miembros.

Lo mismo ocurrió en el caso de los excombatientes que levantaron un proyecto piscícola en Mandivá, Santander de Quilichao. Se juntaron y lograron que les aprobaran el proyecto y les desembolsaran los recursos para implementarlo. Un grupo de seis hombres armados entraron al predio y asesinaron a Arnoldo Medina Urcue, conocido como Nelson, presidente de la cooperativa, con el argumento de que iban tras el dinero desembolsado.

Y otro de los casos es el de los 33 excombatientes que se asentaron en la vereda Venus, de Tuluá, y levantaron un proyecto de café. Su principal líder, Jorge Enrique Corredor o Wilson Saavedra, fue asesinado en mayo de 2019 y quien lo reemplazó, José Alonso Valencia, también lo mataron el pasado junio.

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Esa es la historia que hoy quieren evitar en Argelia. “Hoy los excombatientes de Argelia resisten; los de Buenos Aires no pudimos”, dijo Norvey Rodríguez, o Mario, cuando le entregó a los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP un documento con la propuesta de una Ruta Integral de Construcción de Esperanza en Argelia, construida en el refugio humanitario, como un piloto para garantizar la seguridad de los firmantes del Acuerdo en ese municipio.

“Argelia es hoy el punto de mayor conflictividad en la región y en el refugio acordamos que lo primero que deberíamos hacer es precisamente auxiliarlos a ellos, que están en mayor riesgo”, dice Pacho Chino. A ese municipio llegaron, en 2018, 48 excombatientes que salieron del antiguo espacio de La Elvira, en Buenos Aires, y fundaron allí la cooperativa Ecomún Cemas. Desde entonces han trabajado articuladamente con la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (Ascamta), que logró poner al actual alcalde, Jhonathan Patiño.

Así fue hasta marzo de 2020, cuando la estructura Carlos Patiño, disidente de las antiguas Farc, ingresó al Cañón del Micay, al que pertenece Argelia, a disputarse la región con el Eln. Su entrada disparó la violencia en la zona: entre 2020 y 2021, 240 personas han sido asesinadas en homicidios selectivos y masacres en Argelia. Y al menos 10.745 personas fueron desplazadas y 142 tuvieron que abandonar totalmente el territorio.

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En el documento construido con acompañamiento de funcionarios de la alcaldía de Argelia, la Gobernación del Cauca y el movimiento estudiantil de la región, los excombatientes pusieron de presente experiencias anteriores que lograron contener la violencia en algunas zonas del país, como la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), en Vélez (Santander); la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; la Comunidad de Paz San Francisco de Asís, y la Asamblea municipal constituyente de Mogotes, en Santander.

La apuesta principal es articular a todas las instituciones que podrían contribuir a garantizar la seguridad de los excombatientes (y de la comunidad del municipio) de forma integral, más allá de la presencia de la Fuerza Pública en la zona. Por ello, juntaron los cuatro instrumentos de planeación que tienen injerencia en su municipio: el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la equidad; el Plan departamental de desarrollo, 42 motivos para avanzar; el Plan de desarrollo territorial, Argelia territorio de vida, y el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) del Alto Patía y Norte del Cauca.

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Allí priorizaron programas, intervenciones y planes que están en esos documentos que no se han hecho realidad. A nivel departamental, consideraron urgente implementar una estrategia de promoción de la reconciliación, inclusión, convivencia y no repetición para personas en proceso de reincorporación. Igualmente, pidieron aprobar en el Comité Territorial de Justicia Transicional cuatro planes de retorno y reubicación de las víctimas del conflicto o acompañar al 100% de las víctimas de amenaza con servicio de alojamiento temporal. Asimismo, apoyar a los municipios en una estrategia de protección y garantías de no repetición para víctimas del conflicto y fortalecer la Mesa Territorial de Garantías, sobre todo sus componentes de Protección, Investigación y Judicialización.

El listado de las estrategias es extenso y también se incluyen allí la implementación de una política pública de prevención de violaciones a los DD.HH. o siete escuelas subregionales para implementar la caja de herramientas en métodos de resolución de conflictos. A nivel municipal, además de trazar los indicadores en materia de transporte y construcción y mejoramiento de vías, se habla de financiar proyectos de derechos humanos con la comunidad del municipio o la construcción de siete escuelas territoriales de convivencia.

En lo que quedó plasmado en el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en el que priorizaron adecuar la infraestructura del Hospital Nivel I de Argelia, así como construir dos centros de salud en el corregimiento Sinaí y en El Plateado. Finalmente, propusieron poner en funcionamiento la casa de justicia de Argelia.

Lo que estipularon en el documento es apenas una propuesta que se seguirá trabajando con las autoridades en la región. En la audiencia del martes, los magistrados de la JEP ordenaron a la Consejería para la Estabilización que en conjunto con varias entidades del Estado involucradas en la materia, se convoque una mesa técnica para presentar en 30 días hábiles una estrategia para garantizar la seguridad integral de los excombatientes que se encuentran en las nuevas áreas de reincorporación del Cauca, Nariño y Valle. Y también ordenó que en 30 días diseñe un plan piloto para implementar esa estrategia en Argelia.

Esa misma ruta también la conoció la Comisión de Paz del Senado, que realizó una audiencia pública en el refugio humanitario y que se comprometió a acompañarla desde el Congreso. Además, según confirma el senador Antonio Sanguino, los miembros de esa comisión se comprometieron a realizar un debate de control político en el Congreso para evaluar la situación de seguridad de los excombatientes en el suroccidente del país, particularmente en el Cauca. Este martes, ese debate de control político fue aprobado en plenaria y se llevará a cabo en las próximas semanas.

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