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César Tulio Sandoval Chía estaba en su casa cuando llegaron tres hombres armados y lo intentaron asesinar en la sala. Tras un forcejeo salió de su vivienda junto con los homicidas. Caminaron 200 metros y le dispararon. Murió en el acto. Él era un líder social de la vereda La Silla, zona rural de Tibú (Norte de Santander), quien participaba en el Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, lideraba la ocupación de terrenos por parte de parceleros y era el coordinador del comité veredal de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat). Sandoval se convirtió en el integrante de esa organización número 15 en ser asesinado desde el 2013. Una historia de persecución en contra de Ascamcat.
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La organización nació en diciembre de 2005. Desplazados de la vereda El Suspiro, de Teorama, se juntaron y constituyeron Ascamcat. Cuenta Juan Carlos Quintero, integrante de la junta directiva de la colectividad, que emularon el proceso organizativo de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra tras tener contacto con varios de sus líderes en un foro que se dio en la Universidad Nacional de Bogotá. Se propusieron defender los derechos humanos del campesinado, reconstruir el tejido social que destrozó la intervención paramilitar en el Catatumbo y fomentar el bienestar de los campesinos.
¿Por qué se hacía fundamental recuperar el tejido social? El Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004, tras operar cinco años. Esa estructura armada generó un drama humanitario en la zona, aparte de los asesinatos y las desapariciones, también aplicaban castigos colectivos. El grupo armado controlaba la cantidad de medicinas y de enseres que podían tener los campesinos. En los cascos urbanos de Tibú y Convención ejercían los controles: 100 mil pesos de mercado mensual era lo máximo que les dejaban pasar a las familias que vivían en las veredas.
Tras la desmovilización de los paramilitares, los campesinos de la región tuvieron un respiro. Sin embargo, no duró mucho porque el Ejército entró a copar los sitios que abandonaban la AUC. Para eso el gobierno del expresidente Álvaro Uribe creó las brigadas 15 (con sede en Ocaña) y 30 (con sede en Cúcuta). Se lanzaron las operaciones Fortaleza 1 y Fortaleza 2. Quintero cuenta que ese despliegue militar generó problemas humanitarios y que hubo cientos de desplazados, fue en ese momento cuando se fundó Ascamcat.
La Asociación ha florecido en medio de un contexto de violencia, el cual los ha afectado directamente. La persecución empezó en 2013, año en el que Ascamcat llamó a un paro campesino en la región. La movilización duró 53 días y se levantó luego de lograr acuerdos con el Estado. La protesta tuvo su costo en sangre: cuatro integrantes de la organización murieron y los campesinos aún señalan a la Fuerza Pública como responsable de los asesinatos.
También han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El 2 de diciembre de 2013 fue asesinado, al parecer por integrantes del Ejército, el campesino Jorge Eliécer Calderón Chiquillo en una vía de Tibú. La Policía aseguró que se trató de un combate, sin embargo, Ascamcat ha contrariado esa versión. Entre los trabajos que ha hecho la organización está la denuncia de 'falsos positivos' que se cometieron en la región. "Evidenciamos ante el país, junto con otras organizaciones, que aquí estaban matando a los civiles y los estaban disfrazando de guerrilleros, en aquella época no nos creyeron mucho, pero se dieron cuenta de esta práctica cuando aparecieron los cuerpos de los jóvenes de Soacha en la vereda Las Chircas, de Ocaña", relata Quintero. La organización aportó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) información de 180 ejecuciones extrajudiciales que habría cometido la Fuerza Pública en Norte de Santander.
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En los últimos dos años, los homicidios contra los integrantes de Ascamcat han sido cometidos por actores armados que la organización no ha podido identtificar y las autoridades tampoco ha esclarecido los hechos. Además, se han presentado secuestros. Hace cinco meses Celiar Martínez, líder campesino del corregimiento de San Pablo (Teorama), se encuentra al parecer en poder del Eln. "Se puede tratar de un secuestro o de una desaparición, todavía no sabemos", expresa Quintero con preocupación. La organización estima que desde 2018 a 15 líderes les ha tocado desplazarse debido a amenazas contra sus vidas. La Defensoría del Pueblo regional Ocaña también ha registrado hechos victimizantes como ejecuciones extrajudiciales, secuestros y desplazamientos contra la organización.
La organización tiene identificados los factores que los ponen en riesgo. El primero es la estigmatización. Desde hace varios años Ascamcat ha sido señalada de ser una especie de brazo político de las Farc. Sin pruebas, algunos columnistas han difundido esos señalamientos. En 2015 la opinadora Salud Hernández, por ejemplo, publicó una columna que titulada: '¿Ratas humanas?'. Una pregunta en la que hizo clara alusión a los integrantes de "Ascanca (sic)" de ser "pupilos de Timochenko". En mayo de 2016 el excongresista del Centro Democrático Samuel Hoyos señaló a la asociación de ser "(una) organización de las Farc". Por señalamientos similares, la organización ha iniciado acciones penales contra los integrantes del partido de gobierno: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Diego Villamizar y Juan Carlos Capacho. "Cuando alguien de manera irresponsable hace algún comentario eso repercute en la situación de seguridad y de riesgo de estas organizaciones", explica el defensor del pueblo regional Ocaña, Diógenes Quintero, quien comparte que la estigmatización ha emperoado la persecución.
Al preguntarle a Juan Quintero si en algún momento existió ese involucramiento dice que lo que ha existido son "señalamientos y montajes judiciales". Recordó que en 2010 se dio la captura de 17 integrantes de Ascamcat y se libraron órdenes de captura contra 68 más. Ninguno resultó condenado, todos recuperaron la libertad. "En estos 15 años hemos sufrido montajes judiciales de parte de la Fiscalía en los cuales nunca se ha comprobado algo que nos involucre con algún grupo armado ilegal. Por el contrario eso se volvió una propaganda de desprestigio muy peligrosa porque luego se pasó a una segunda etapa, que fueron las amenazas, y desencadenaron en homicidios", subrayó.
Otro factor importante de riesgo es que Acamcat le apuesta de lleno a la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las Farc. Eso le ha generado problemas con las insurgencias que persisten en la región: el Eln , el Epl y una disidencia del frente 33 de las Farc. "Consideran que es una maniobra de traidores o de gente que puede ser servil al enemigo de clase", explica Juan Quintero.
El defensor regional complementa que "(apostarle a la implementación) también ha generado un costo político en el sentido en que las comunidades no ven el avance de la implementación del Acuerdo". Un ejemplo de eso es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), dice Juan Quintero:. Ascamcat impulsó a los cultivadores de coca a que se acogieran al programa y hoy esa misma organización denuncia incumplimientos. "Lo que ocurre cuando el gobierno incumple es que hay actores que dicen: 'ustedes son los que andan con el Gobierno engañando la gente, entonces lo amenazamos o lo pelamos'", enfatiza el líder, quien denuncia que el Gobierno ha modificado "unilateralmente los tiempos planteados en la ejecucion de la linea de tiempo del Pnis y además hay una negativa de Duque de incluir los demas municipios del país, especialmente los del Catatumbo, en el programa". De esa región solo están incluidos los municipios de Tibú y Sardinata.
El Gobierno, por su parte, defiende su accionar frente al Pnis. "Al comenzar el Gobierno del Presidente Duque recibimos programa sin planeación, sin fortaleza administrativa y sin presupuesto para atender los compromisos adquiridos", aseguró Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación. "No había estructura operativa ni modelo de gestión de la información. Tuvimos que revisar, ajustar y establecer tiempos, procesos, procedimientos y operación de los diferentes componentes del Pnis, determinando la ruta mínima realista de intervención, que nunca hubiera podido ser menor a 29 meses", complementó. Además, aseguró que se han invertido 11.836 millones de pesos para las familias catatumberas inscritas.
Otros factores de riesgo mencionado por Juan Quintero es la oposición que la organización ha hecho a los megaproyectos de explotación minera. También asocian algunas amenazas a las denuncias que han hecho por violaciones a los derechos humanos cometidas por grupos armados irregulares que operan en la región.
Las soluciones
Juan Quintero pide soluciones de fondo: "la herramienta está en el Acuerdo de Paz en todas las materias". Dijo que la implementación de lo pactado tendría una repercusión positiva en la situación de seguridad de Ascamcat. También pidió que se avance en los diálogos con el Eln porque mientras no se resuelva ese conflicto, la situación de orden público en el Catatumbo seguirá siendo crítica.
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Intentamos comunicarnos con el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, para conocer sus planes para la protección de las organizaciones sociales en el Catatumbo, pero en el momento de la publicación de este artículo no obtuvimos respuesta. Su jefe de prensa, Heider Logatto, nos hizo llegar un audio de una rueda de prensa que dio el mandatario el pasado viernes en la que se comprometió a adelantar un consejo de seguridad para el próximo 20 de enero.
Diógenes Quintero aseguró que "las comunidades a través de la autogestión han tomado medidas de protección, de autoprotección, que son comunitarias, algunas en el marco de medidas de protección colectivas. Es importante que desde el Estado se foralezcan esas medidas para que sean más efectivas en el territorio".
Mientras tanto, los líderes de esta organización seguirán resistiendo. Para ellos, Ascamcat es muy importante para una región que se mantiene en guerra y una sociedad civil cansada de la confrontación por los costos humanitarios que esta genera. "En regiones como el Catatumbo donde hay deficiencia de institucionalidad es importante que haya este tipo de organizaciones que defienden los derechos humanos, que fortalecen a las comunidades, a las juntas de acción comunal", dice Diógenes Quintero. Los integrantes de esa organización esperan que el Estado les brinde garantías y que los grupos armados no los estigmaticen por luchar por la implementación de unos acuerdos que mejorarían la calidad de vida de los campesinos de la región.