El 6 de diciembre pasado, una falla en la red eléctrica dejó sin servicio a 2.063 usuarios en la vereda Puerto Líbano, zona rural de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño. La reparación tardó más de ocho días no por falta de capacidad técnica, sino por condiciones de seguridad que impidieron el ingreso oportuno de las cuadrillas y porque, cuando llegaron, los grupos armados retuvieron a los técnicos.
Según las denuncias de pobladores, conocidas por Colombia+20, hombres del Clan del Golfo detuvieron por cerca de dos horas al personal de la empresa de energía eléctrica, les pidieron papeles y empezaron “a hacer verificaciones”. “Los tuvieron ahí retenidos un rato y luego les pidieron una lista de las tareas que iban a hacer y les dieron un tiempo para hacerlo, pero eso no les despegaban el ojo”, dijo una lideresa de la región.
El caso es apenas uno de los que han ocurrido en el Bajo Cauca antioqueño, pero expone un problema más amplio que se da en varios puntos de la subregión de ese departamento, donde la operación de servicios públicos parece depender de los actores armados ilegales.
La zona atraviesa una confrontación sostenida entre el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC, con disputas por corredores de narcotráfico, enclaves de minería ilegal y rentas de extorsión. Municipios como Nechí, Tarazá, Zaragoza, Cáceres, El Bagre y Caucasia aparecen de forma reiterada en reportes de riesgo por confinamientos, restricciones de movilidad y choques entre estructuras.
Al menos desde 2020, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas no solo con la presencia de estos actores armados, sino con el riesgo de confinamientos y desplazamientos masivos, como el que ocurrió en octubre de 2025, que afectó a unas 60 familias en las veredas Doradas Altas y Tahamí, del municipio de Tarazá.
Una de las respuestas sobre por qué se han intensificado los combates en esa zona, así como las formas de control de los grupos armados, es bien conocida: el oro. El auge de la explotación ilegal del mineral no es un fenómeno nuevo. Este diario ha venido documentando la guerra sangrienta que se libra en ese punto, que es un corredor en el que convergen varios corredores estratégicos, como el sur de Cesar, el Magdalena Medio -Catatumbo-, el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño.
Lea también: Así se vive la guerra por el oro entre el Clan del Golfo y ELN en sur de Bolívar
Todo ese enclave es fundamental para los grupos que necesitan mover el oro, que genera ganancias de entre COP 100.000 y 150.000 millones entre empresas legales y la extracción ilegal.
“Los factores de inestabilidad de esta región conjugan una tormenta perfecta que lleva a concluir que en el Bajo Cauca estamos perdiendo la batalla, no solo en el plano militar y ambiental. Se trata quizá de una aún más decisiva: la disputa por la gobernanza territorial”, explica un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), publicado en octubre de 2025.
La FIP también afirma que el atractivo particular del oro es que “a diferencia de la cocaína o sus derivados”, el mineral circula en el comercio legal. “No se trata solo de las rentas inmediatas que genera la comercialización del metal, sino también de la facilidad que ofrece para el lavado de activos. A estas dinámicas se suma el incremento sostenido del precio del oro en la última década, que prácticamente se ha triplicado”.
Antioquia es el segundo departamento del país en explotación de oro, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). De hecho, la tradición minera atraviesa otras partes del departamento como Remedios y Segovia, dos municipios donde también se presentan con frecuencia combates, desplazamientos y confinamientos.
“No podemos ni avisar que estamos incomunicados”
Varias organizaciones sociales han advertido sobre la dura situación humanitaria del Bajo Cauca y las restricciones de movilidad impuestas por actores armados que han afectado de forma directa la prestación de servicios esenciales.
“La presión armada no se limita a enfrentamientos, sino que incluye bloqueos de acceso, controles a la movilidad y obstáculos a la entrada de misiones técnicas o trabajadores de empresas de servicio. En la práctica, esto ha dificultado el ingreso de personal especializado, el transporte de insumos y la operación regular de redes de energía, agua, salud y educación”, se lee en un informe conocido por este diario.
De acuerdo con el reporte, entre el 11 de noviembre de 2025 y el 14 de enero de 2026, grupos armados ilegales impidieron el acceso de funcionarios públicos y de personal contratista de empresas de servicios a varios corregimientos de la subregión, entre ello, Las Conchas (Nechí), Pato (Zaragoza), Puerto Claver (El Bagre), Cuturú (Caucasia) y Piamonte (Cáceres).
En el mismo período quedaron documentados otros 12 casos de expulsión de cuadrillas técnicas que realizaban reparaciones de infraestructura, nuevas conexiones, lectura de medidores y distribución de facturas.
Asimismo, hubo tres casos de retención de funcionarios de una empresa de servicios públicos y de gestores sociales de contratos regionales: uno ocurrió el el 4, otro el 27 de noviembre de 2025 y otra el 26 de enero de 2026. Estas retenciones, aunque temporales, interrumpieron operaciones en terreno y obligaron a activar protocolos extraordinarios de seguridad.
El informe incluye como caso crítico el ocurrido el 6 de diciembre en Puerto Líbano. “Ese día les dijeron a los señores de la luz que debían enviar con una semana de anticipación los nombres de quienes venían a hacer arreglos o algo, y si no no los dejaban pasar”, expresó la lideresa.
Esa práctica consolida un control de facto sobre la movilidad, la operación institucional y la prestación de servicios públicos en amplias áreas del Bajo Cauca. “Hemos pasado días sin luz. Se daña lo poquito que uno tiene en la nevera, nos quedamos sin la recarga del celular, es que ni eso. No podemos ni avisar que estamos incomunicados”, dice otro poblador que pide no poner su nombre por seguridad.
Este diario intentó contactar a las autoridades de otros municipios, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.
La situación tiene además un impacto político directo. El Bajo Cauca forma parte de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) o curules de paz, creadas tras el Acuerdo de Paz para garantizar representación de territorios especialmente afectados por el conflicto.
Esto significa que las condiciones de seguridad, movilidad y presencia armada no solo afectan la vida cotidiana y la prestación de servicios, sino también el entorno en el que se desarrollan los procesos electorales de marzo y mayo, y la participación política local.
Alertas tempranas recientes de la Misión de Observación Electoral (MOE) ya han advertido riesgos de confinamiento, presión armada y restricciones comunitarias que pueden incidir en la campaña y en la logística electoral rural.
“Las subregiones antioqueñas del Nordeste, el Bajo Cauca y el Nudo de Paramillo, junto con municipios aledaños del sur de Bolívar con extensión hacia el río Magdalena, presentan de manera casi generalizada niveles de riesgo extremo”, se explica en el mapa de riesgo de la MOE conocido hace unas semanas. En el documento también se explica que 18 de 125 municipios de Antioquia están clasificados en riesgo extremo, entre ellos, todos los de Bajo Cauca.
En el vecino municipio de Caucasia la situación es distinta. La zona es el punto de recepción de los desplazados de zonas como Anorí, Remedios y Segovia, y el principal impacto reciente se concentra en disputas urbanas. “Este es un punto de recepción. Aquí no se afecta tanto a la población rural, sino que las disputas se dan en lo urbano, por disputas por temas de territorialidad donde hay microtráfico”, dijo a este diario el secretario de Gobierno, José Payares.
Las declaraciones del secretario contrastan con informes de organizaciones de análisis y alertas tempranas. Pese a ello, las restricciones a los servicios básicos que ocurren en otros puntos de Antioquia ya son parte del impacto humanitario del conflicto.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.