Así se vive la guerra por el oro entre el Clan del Golfo y ELN en sur de Bolívar

La región del Sur de Bolívar es la tercera con mayor producción de oro ilegal en Colombia. La extracción del mineral en los municipios de la serranía de San Lucas genera alrededor de $100.000 millones mensuales.

Foto: El Espectador

El sonido de los disparos se colaba fácil entre las paredes de madera de la casa. Después de esa noche, la mujer no tenía mucho que pensar: la única opción para sobrevivir era dejar todo tirado, agarrar a sus hijos y huir. Ahora mismo, ellos y otras 200 personas pasan sus días en un albergue del sur de Bolívar. Están amontonados, pero prefieren quedarse allí atrincherados que volver a sus veredas cercadas por el Clan del Golfo: “Ya vamos para mes y medio acá, pero nos dicen que todavía no hay garantías para retornar a las fincas”.

En esa región atravesada por las montañas de la serranía de San Lucas casi nadie se atreve a hablar. Denunciar es ponerse una lápida encima en ese territorio en disputa entre el Clan del Golfo (autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia, EGC), la guerrilla del ELN y el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC. El avance de los gaitanistas ha sido de tal magnitud que el ELN y el EMC dejaron de lado su enemistad para unirse y enfrentarlos, pero ni siquiera así lo han logrado.

El Clan los tiene arrinconados y cada vez ocupa más posiciones estratégicas de esta región codiciada: es la tercera con mayor producción de oro ilegal en Colombia, la cuarta con más cultivos de coca y una de las primeras en abandono estatal histórico: no hay universidades, la atención en salud es precaria y las oportunidades de trabajo escasean, al igual que las carreteras. Es un territorio tan aislado que para llegar a algunas veredas hay que viajar un día entero por ríos y trochas.

La guerra en ese territorio se ha reciclado tanto, que lo que ocurre permanece invisible. Por eso el país solo vuelca su mirada hacia allá cuando ya es demasiado tarde, como ocurrió en el caso de Narciso Beleño, un histórico líder social agrominero de este territorio que fue asesinado por un sicario el pasado 21 de abril. Beleño fue uno de los principales impulsores de las actividades del Comité Nacional de Participación -el mecanismo para que la sociedad civil se involucre en los diálogos con el ELN-. Su asesinato se dio una semana después de hacer presencia en una reunión del Comité, y aún no se esclarece si el homicidio tuvo relación con lo que planteó en ese encuentro.

Dos semanas después del homicidio, las delegaciones de paz del Gobierno y el ELN visitaron Santa Rosa del Sur, donde vivía. Condenaron el hecho, llamaron a tomar medidas, advirtieron que el Clan “controla el 85 % de la serranía”, pero se fueron y nada cambió en la región.

Los mismos resultados nulos tuvo la declaratoria de este territorio como “zona de crisis humanitaria”, a través de un acuerdo en la mesa de diálogos con esa guerrilla en septiembre de 2023.

“Lo que muestra la situación del sur de Bolívar es que, a pesar de las negociaciones, ningún grupo está dispuesto a perder espacio ni sacrificar sus ventajas económicas o poner en riesgo su salud financiera”, explica Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group, que ha hecho investigaciones en la región.

Los intereses detrás de la disputa

Desde hace décadas, esta zona es conocida por su alta producción de pasta base de cocaína (449 toneladas métricas en 2022, según reportes de Naciones Unidas; una cantidad mayor a la producida en el Catatumbo). Sin embargo, el principal factor de la disputa territorial es el control del oro.

“El oro es lo que mueve la pelea, porque después de la crisis cocalera la minería se posicionó como el primer dinamizador de la economía”, dice un habitante de la región.

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Un funcionario estatal, que pide no citar su nombre, calcula que la extracción del mineral en los municipios de la serranía de San Lucas “genera alrededor de $100.000 millones mensuales”, entre empresas legales y producción informal o artesanal. “Parece que el Gobierno no es consciente de que la riqueza de esta tierra podría llevar desarrollo a todo el país. En cambio, esos recursos se quedan en la guerra y la criminalidad”, asegura.

Al potencial económico del narcotráfico y la minería se suma la ubicación estratégica. “El sur de Bolívar es un corredor interregional que los grupos armados han usado para mover armas, minerales, narcotráfico, tropas de apoyo para combates e incluso secuestrados”, cuenta un investigador del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena.

Esta ubicación es clave porque tiene conexiones con el nordeste y Bajo Cauca antioqueño, el Magdalena Medio santandereano, el sur del Cesar y el Catatumbo, el cruce hacia la frontera con Venezuela. “Para grupos como el ELN o las disidencias, que tienen campamentos en Venezuela, esta región es un paso obligado”.

La poca atención mediática que recibe esta región se la llevan los combates entre grupos ilegales, pero a la sombra crecen otras violencias que intensifican el drama de vivir en este territorio, como el reclutamiento forzado, las extorsiones, la explotación sexual, los confinamientos y desplazamientos.

El año pasado, Bolívar fue el segundo departamento del país con más desplazados (la cifra se duplicó en comparación con 2022). Y solo en lo corrido de 2024, según los registros de la Unidad de Víctimas, en la zona sur por lo menos 2.073 personas han sido obligadas a abandonar sus hogares, mientras que otras 1.797 están confinadas.

El cerco del oro

Hacia la década de 1980, el ELN empezó a consolidar su presencia en esta región y formó una zona de retaguardia en algunos municipios del sur de Bolívar. Con los años, la guerrilla empezó a lucrarse de algunas rentas de la minería legal e ilegal, una fuente de recursos a la que el Clan del Golfo también le ha puesto la lupa.

La arremetida de los gaitanistas habría empezado a cocinarse hacia 2019, cuando hicieron sus primeros movimientos de tropas en zonas aledañas a la serranía de San Lucas. “Esto se intensificó después de la captura de Otoniel (jefe máximo del Clan) en octubre de 2021. Ahí el grupo lanzó un paro armado en la región, amenazó al comercio en Santa Rosa y empezó a cercar el territorio. Un frente llegó desde Urabá por Arenal, otro entró por Segovia, otro por San Pablo, hasta que fue encerrando la serranía”, cuenta una persona que monitorea la situación del sur de Bolívar.

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Con el avance de los gaitanistas, el ELN y el Frente 37 del EMC, que habían sostenido confrontaciones, se unieron para evitar que el Clan se posicionara. Entre los municipios de Santa Rosa, Arenal, Morales y Simití hay al menos nueve grandes minas de oro que están en disputa.

Cualquier forma de producción significa dinero para los grupos, que extorsionan a las empresas legales y a las que no lo son.

Sin embargo, según Francisco Daza, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el objetivo detrás de la guerra por el oro podría ser mucho más ambicioso: “El sur de Bolívar es estratégico en la ruta del oro hacia Venezuela. No hay que descartar que el Clan del Golfo, que tiene la minería dentro de su portafolio criminal, esté buscando no solo controlar las rutas, sino también las minas propiamente”.

Esa hipótesis también se ha planteado en la región. Según conoció Colombia+20, en el último año los gaitanistas habrían aumentado los cobros mensuales a las empresas legales que extraen el mineral, y algunas pagarían entre $20 y $30 millones. “Se habla de que la estrategia es que las compañías no sean capaces de cancelar esas sumas, y la amenaza es que si no pagan, las desalojan, las desplazan, algo como lo que ocurrió con los paramilitares de las AUC, que despojaron grandes extensiones de tierra que ahora están cultivadas en palma”, plantea una persona de este territorio.

Para las comunidades de la zona, la preocupación no solo radica en que la minería se haya vuelto un imán de los grupos armados y un combustible para sus acciones, sino en las afectaciones ambientales que generan estas actividades.

Según informes de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2021 en el sur de Bolívar había 3.156 puntos autorizados de extracción de oro, 319 en proceso de formalización y 5.996 donde se explotaba de forma ilegal.

“Acá tenemos minería de aluvión y de socavón. Los niveles de contaminación de fuentes hídricas son alarmantes: hay brazos de ríos y ciénagas que se han secado, en algunos puntos usan mercurio y cianuro, y también hay afectación por la maquinaria amarilla. No se entiende cómo entra tanta máquina de esa, que es de gran tamaño, y se le pasa por el frente a la Fuerza de Tarea Marte, que tiene jurisdicción acá”, dice un habitante de la zona.

El Espectador consultó a esta unidad del Ejército Nacional, pero hasta el momento de publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta.

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Las huellas del ELN y la estigmatización

En esta dinámica de expansión territorial del Clan del Golfo, una situación que aumenta el riesgo de las comunidades del sur de Bolívar es el señalamiento de que son auxiliadoras o simpatizantes del ELN, como lo han planteado los gaitanistas en varias zonas.

El origen de esta estigmatización está atado a la presencia de esa guerrilla en el territorio. “Esta es una de las zonas de cuna del ELN, que entre los años 80 y 90 reemplazó el papel del Estado, primero mediando tensiones entre costeños, rivereños y migraciones antioqueñas y santandereanas, luego construyendo infraestructura, mediando el mercado del oro, y también por la vinculación de habitantes que en algún momento se convirtieron en mando de frentes de guerra”, explica el profesor Luis Fernando Trejos.

Que en la actualidad las comunidades rechacen cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, no ha sido suficiente. En corregimientos como Micoahumado, donde los grupos paramilitares no han logrado posicionarse, los pobladores viven con la zozobra de que el Clan tome represalias contra ellos. Según cuenta un poblador, a finales de abril los gaitanistas hostigaron a la comunidad y hubo tres días de confrontación con el ELN.

Las comunidades también han denunciado connivencia del Clan del Golfo con la Fuerza Pública. En septiembre de 2023, la Defensoría del Pueblo indicó en una alerta temprana sobre el sur de Bolívar que “son crecientes las denuncias sobre presuntos acuerdos, alianzas o complicidades de integrantes de la fuerza pública, sectores privados y/o autoridades civiles con los grupos armados. En especial, con las AGC (o Clan del Golfo)”. Ese documento también cuestiona que el dinamismo de actividades ilegales de la región “no haya sido detectado ni intervenido de manera contundente por la fuerza pública”.

En ese mismo sentido, al menos seis fuentes consultadas para este reportaje señalaron que hay serios indicios de la connivencia de las Fuerzas Militares con el Clan. Colombia+20 consultó la posición de la Fuerza de Tarea Marte sobre estos señalamientos, pero no hubo respuesta.

Desde la Gobernación de Bolívar indicaron que no se han recibido denuncias sobre esos hechos y destacaron que “hay un compromiso de la institucionalidad en enfrentar a todas las expresiones ilegales”.

Situación desbordada

La crisis de violencia que enfrenta el sur de Bolívar también se ha convertido en un desafío para las administraciones municipales. “Acá el mayor miedo es que la soga se reviente, porque nos defendemos con las uñas, pero no hay suficientes recursos para atender una situación así de grave y con tantas víctimas que llegan desplazadas a los cascos urbanos”, cuenta un delegado del Ministerio Público que trabaja en un municipio de la región.

El secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, asegura que no es cierto que los grupos ilegales tengan el control del sur del departamento, pero reconoce que “el conflicto se sale de las capacidades institucionales de la Gobernación”. Según cuenta, en lo corrido del año se han hecho seis consejos de seguridad en este territorio, en dos de los cuales estuvo el ministro de Defensa, Iván Velásquez. “Se reforzó la seguridad con 10 nuevos pelotones de soldados profesionales, que suman 360 hombres, llegó artillería y se mejoraron las capacidades tecnológicas y los vehículos para custodiar las rutas. Hemos recibido apoyo del Gobierno y necesitamos que se mantenga”, asegura el funcionario.

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Sin embargo, los pobladores de la región coinciden en que el aumento de tropas no ha tenido efectos en la disminución de la violencia, y lo que se necesita son medidas integrales.

“En el sur de Bolívar se necesita que el Estado organice su presencia de manera completa, que logre no solo el monopolio de las armas sino también de los impuestos, que dé soluciones para las carencias a nivel educativo y de salud, se fije en las afectaciones ambientales, que se piense una política de seguridad que responda a lo que ocurre en el territorio y, muy importante, que ofrezca garantías de protección a los líderes sociales”, propone un investigador del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena.

Para Elizabeth Dickinson, además de las medidas que urge tomar para atender la crisis humanitaria, es clave que el Ejecutivo retome los diálogos de paz con el Clan del Golfo.

Ese grupo ilegal ha querido aterrizar en la política de paz total varias veces, pero tras el levantamiento del cese al fuego en marzo de 2023 no ha habido muchos avances. El pasado 19 de marzo, la comandancia del Clan dijo que acepta la invitación del presidente Gustavo Petro para sentarse a negociar. Pero la iniciativa del mandatario no se ha concretado en acciones. Al contrario, cada vez endurece más su discurso. Por no ir más lejos, el viernes pasado Petro afirmó que el crimen debía “someterse o destruirse” y que había que actuar de inmediato frente a la expansión del Clan del Golfo”.

En medio de la crisis de los últimos años, la población está desesperanzada. Como sentencia un poblador: “Acá saboreamos dos años de calma cuando se firmó el Acuerdo con las FARC, pero luego llegó el Clan y eso se acabó. Pareciera que para el Estado es imposible llegar de verdad a esta región”.

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