Conflicto

5 Sep 2020 - 3:22 p. m.

Campesinos capturados en Mapiripán sostienen que no son guerrilleros

Seis campesinos fueron capturados y acusados de ser responsables por el desplazamiento de una líder que apoyaba la sustitución de cultivos. Sin embargo, cinco de ellos firmaron acuerdos de sustitución, arrancaron la coca e incluso uno hace parte de la Junta de Acción Comunal.
Arriba Norbey Bustamante, Carlos Julio Díaz y José Vicente Hernández. Abajo Luis Alberto Méndez, Carlos Julio Betancourt y José Isidro Martín.
Arriba Norbey Bustamante, Carlos Julio Díaz y José Vicente Hernández. Abajo Luis Alberto Méndez, Carlos Julio Betancourt y José Isidro Martín.
Foto: Cortesía familias

El pasado 9 de junio el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo hizo un anuncio a través del canal de Youtube del Ministerio. En este dijo que “en una importante operación del Cuerpo Élite de la Policía, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados en Mapiripán (Meta) seis presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Primero, señalado de desplazamiento forzado y amenazas contra líderes sociales, comunales y de sustitución de cultivos de uso ilícito tanto del Meta como del Guaviare”. El funcionario dijo que esta operación se hacía avanzando en la lucha “contra los criminales, narcotraficantes, y asesinos de líderes sociales”. El hecho ocurrió en la vereda El Silencio, donde la propia Junta de Acción Comunal rechazó la captura, pues aseguran que los capturados son campesinos que viven en la vereda desde hace más de 12 años, no guerrilleros.

En el video, el ministro Trujillo se refiere a los seis capturados por unos “alias”, pero sus nombres son: Carlos Julio Betancourt Flores, José Isidro Martín Barreto, Carlos Julio Diaz, José Vicente Hernández, Norbey de Jesús Bustamante Cardona y Luis Alberto Méndez.

Fueron capturados en un operativo en el que se utilizó hasta un helicóptero y en el que fueron, casa por casa, a buscarlos. Además, allanaron las viviendas. El 7 de junio se llevaron a cuatro de ellos, y dos (Díaz y Bustamante) se presentaron voluntariamente a la estación de Policía del municipio cuando se enteraron de que los habían ido a buscar cuando no se encontraban. Es de anotar que en los allanamientos no se encontró ningún material que los vinculara con grupos ilegales, únicamente una escopeta que las autoridades no tuvieron en cuenta por considerarla de caza.

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La cuestión con este caso es que a los capturados se les señala de amenazar y desplazar líderes comunales y de sustitución de cultivos. De hecho, cinco de ellos firmaron acuerdos en el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y uno (Carlos Julio Díaz) es, además el fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda.

A pesar de que se les acusaba de hacer parte de la disidencia al mando de “Iván Mordisco”, según el abogado de los campesinos detenidos, José Luis Bohórquez, al momento de la imputación de los cargos “no apareció el delito de homicidio en persona protegida ni pertenencia a grupos armados ni concierto para delinquir ni rebelión, que es lo que se le imputa a cualquier persona que pertenece a grupos al margen de la ley. Se les imputó desplazamiento forzado contra una señora que se llama Rosalía Rodríguez”.

Rodríguez, según pudo constatar Colombia2020, era la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda en 2017, cuando, según dice la Fiscalía, recibió una información en la que un señor le decía que había visto y escuchado a los seis campesinos, ahora capturados, conspirando para matarla. Rodríguez, llena de miedo, se fue de la vereda e interpuso la denuncia. Por esa época estaba comenzando el PNIS, y lo que dijo la señora era que ella estaba de acuerdo con la sustitución de la coca y ellos no. Desde entonces esa denuncia había estado “quieta” en la Fiscalía. La señora Rodríguez dijo no haber regresado al territorio ni haber recibido amenazas directas.

Según el abogado Bohórquez, “ella hace una primera declaración y manifiesta que una persona le dijo eso. Esa persona está dentro del proceso, pero como testigo reservado y esa figura ya no existe. En la siguiente audiencia esperamos dar la pelea para que se revele quién es esa persona”. Bohórquez dice que es imposible que los seis hubieran estado juntos, pues en ese momento Carlos Julio Betancourt estaba preso en Villavicencio por porte de estupefacientes, pues lo habían detenido en un retén cuando iba a vender la coca. El ministro Trujillo se refirió a él como “alias “Coco”, quien tenía una orden de captura por narcotráfico”. Es Betancourt quien precisamente no firmó el acuerdo para sustituir la coca, pues estaba privado de la libertad. El hombre, según señalaron las juntas de acciones comunales de las veredas cercanas, tiene un problema de audición, casi no sabe leer y responde económicamente por su madre y hermana, que tienen discapacidad mental.

Otro punto que mencionaron las autoridades y que desmienten los campesinos es que en la zona haga presencia el frente Primero de las disidencias. El ministro de Defensa dijo que atendían a una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo de mayo de este año. Colombia2020 no pudo rastrear tal alerta. Encontramos, sí, dos alertas tempranas que advierten del riesgo en otros municipios del Meta, como Puerto Gaitán, Puerto López y Cabuyaro (abril de 2020) y Uribe y Mesetas (junio de 2020). La última alerta que pudimos rastrear en la que se advierte de riesgos en Mapiripán data de agosto de 2018.

De hecho, según el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Silencio, Nicacio Arsenio Perdomo, “hace rato, antes de que estuviera doña Rosalía, por acá no subía ningún grupo armado. Los que manejaban eso era el 44 (de las Farc), pero antes del acuerdo (de paz) ya no venían por ahí. A veces mandab1an tres, cuatro personas, hacían presencia y venían a cobrar lo que ellos cobraban, pero ya por ahí no se miraba nadie. A mí no me han venido a decir: don Arsenio, vimos a tales y tales. Ninguno”.

El líder comunal dice que esa detención lo tomó por sorpresa. “Nunca entendí que iban a detener a esas personas que son trabajadoras, dueñas de unas finquitas pequeñas, que viven en unas casitas pequeñas, digamos ranchos porque son en madera, pisos de tierra”. Agrega que espera “que la justicia investigue bien la situación, que mande a investigadores a la vereda con el fin de que ellos mismos constaten que los señores son campesinos, personas trabajadoras que no se meten con nadie”.

El próximo martes 8 de septiembre habrá audiencia de apelación de la medida de aseguramiento. El abogado pedirá que sean puestos en libertad. Esto mismo es lo que piden las familias. A través de videos conocidos por este medio manifiestan que son inocentes y que son quienes responden económicamente por sus hogares. En estos momentos los campesinos se encuentran presos en Restrepo (Meta).

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