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Carlos Antonio Lozada ha acudido dos veces a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a entregar su versión de cómo las extintas Farc asesinaron al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, el 2 de noviembre de 1995. La primera el 10 de diciembre de 2020 y la segunda el 6 de abril de 2021. En ambas diligencias, sostuvo que la acción la ejecutó un comando de la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN), de la que él estaba al frente, perteneciente al Bloque Oriental. Además, agregó que quienes pueden corroborar su versión son, entre otros, los miembros vivos de la dirigencia de ese bloque, que hoy se limitan a dos antiguos comandantes. Hoy, uno de ellos dice no tener conocimiento que la autoría del magnicidio fuera de las Farc y acaba de denunciar a Carlos Antonio Lozada ante la Fiscalía por amenaza.
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En su primera cita con la JEP, Carlos Antonio Lozada señaló que a un hombre bajo su mando en Bogotá le llegó información precisa sobre el horario de Gómez Hurtado en la universidad Sergio Arboleda y que ese dato fue el desencadenante del magnicidio. Esa información la puso en conocimiento del entonces comandante del Bloque Oriental, Jorge Briceño o ‘el Mono Jojoy’, quien aprobó la acción. En busca de antiguos miembros de la guerrilla que pudieran corroborar su versión, el abogado de la familia Gómez Hurtado le pidió a Lozada los nombres de los integrantes del Estado Mayor del Bloque Oriental para 1995, cuando se cometió el magnicidio. El hoy senador aportó nueve nombres: Jorge Briceño, Martín Villa, Mauricio Jaramillo, Fernando Marquetalia, ‘Grannobles’, Alberto Martínez, Rafael Gutiérrez, Esteban Martínez y él.
“¿Ellos podrían dar fe de que el magnicidio de Gómez Hurtado fue cometido por las Farc?”, preguntó el abogado. Quienes están vivos sí, respondió Lozada, y explicó: Mauricio Jaramillo, Alberto Martínez y Rafael Gutiérrez. Y añadió que, si bien este caso fue un secreto en la ciudad, en la ruralidad no tuvo la misma reserva por lo que serían varios mandos medios del Bloque Oriental quienes tuvieron conocimiento de la autoría de las Farc.
Rafael Gutiérrez, cuyo nombre real es Reinel Guzmán, se enteró por medios de comunicación que su nombre había salido a relucir de boca de Carlos Antonio en su versión ante la JEP. Al no tener conocimiento de los hechos sobre los que Lozada afirmaba él era testigo, pidió un encuentro con Mauricio Jaramillo y el propio Lozada para aclarar la situación.
Esa reunión tuvo lugar en la sede del hoy partido Comunes, en Bogotá, el pasado 17 de diciembre, siete días después de la primera versión de Lozada ante la JEP. A ella acudieron Mauricio Jaramillo, último comandante del Bloque Oriental, Carlos Antonio Lozada y Rafael Gutiérrez. Los dos últimos en compañía de sus abogados. Según el audio del encuentro, en poder de este diario, Rafael Gutiérrez le reclamó a su antiguo compañero de armas haber puesto su nombre ante la JEP y afirmar que él podría corroborar su versión sobre el caso Gómez Hurtado. “La realidad es que, si eso lo hizo las Farc, pues eso fueron cuestiones del Secretariado que tomó esa decisión, pero esa información nunca llegó a la dirección del Bloque, porque yo nunca la supe (…) Por eso yo necesito hablar sobre esta situación porque yo no voy a responder por eso”, le reclamó en la reunión Gutiérrez.
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Carlos Antonio Lozada le replicó que no se dejara llevar por las versiones de los medios de comunicación e insistió en que más bien viera su audiencia completa, que además es pública. “Yo lo conocí a usted como en el año 1993, hace 27 años. Y usted y yo estuvimos en situaciones de la guerra y tenemos secretos como un hijueputa, para hablarlo sinceramente. Tenemos que partir de la confianza entre nosotros”, aseguró ese día Lozada. “Yo no lo estoy comprometiendo; vaya y mire el video; usted verá si niega que era del Estado Mayor, eso sí ya es un problema suyo (…) Yo ahí no digo que sabía ni no sabía, simplemente, me preguntan quiénes eran los integrantes y son ellos. ¿Quiénes están vivos? Mauricio, Rafael y Alberto Martínez”, continuó airado el exjefe guerrillero en su respuesta a los reclamos de Gutiérrez.
Ante la insistencia de Rafael Gutiérrez de no haber hecho parte ni saber nada respecto al magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, Lozada enfatizó: “Después de que la vea (la audiencia), como usted conoce cosas, me dice si ve ahí alguna falla, algún elemento para que digan que yo soy un traidor, que soy un sapo. Así como a usted le da piedra que de pronto lo vayan a involucrar, a mí me da piedra que se dude de mí, porque yo soy un revolucionario que, igual que usted, entregué mi vida en esto, y me muero como un revolucionario”. Ante las dudas de su interlocutor, Lozada puntualizó: “Yo también pagaría por ver en qué termina usted. El día que usted me entierre o yo lo entierre, ahí hablamos”. Rafael Gutiérrez respondió: “Pero que me muera de una muerte natural y no pistoleado, eso es lo importante”.
En el lenguaje de la guerra, la advertencia de Lozada fue interpretada por Rafael Gutiérrez como una amenaza y, por eso, el 1° de julio pasado radicó ante la Fiscalía una denuncia formal. Esa denuncia también la conoce la JEP, pues Gutiérrez hizo una solicitud de medidas cautelares de protección. A través de auto del 17 de marzo de 2021, la JEP avocó el conocimiento de ese trámite y le ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) evaluar el riesgo del exguerrillero.
Este diario conoció el resultado de la evaluación, consignado en una resolución del 22 de junio de 2021, que estableció el nivel de riesgo como extraordinario. Allí se recopilan además varios de los hechos que han agravado la situación de seguridad de Rafael Gutiérrez. En uno de ellos se lee que “tuvo un altercado con otro alto mando de las extintas Farc; la causa se originó porque hizo el reclamo por haberlo vinculado a un proceso del que no tuvo conocimiento sobre esos hechos, razón por la que recibió amenazas”. Además de ese crítico episodio, se detallan persecuciones y hostigamientos de los que el compareciente ha sido víctima en medio de su liderazgo en temas de reincorporación, luego de la firma del Acuerdo de paz.
Si bien la JEP no ha adoptado una decisión de fondo sobre la solicitud de medidas cautelares, el excombatiente hoy cuenta con un esquema de seguridad otorgado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). La otra vía para obtener seguridad es la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, donde se sientan el Gobierno y las Farc. Justamente Rafael Gutiérrez fue uno de los representantes que la exguerrilla delegó para esa mesa, cargo que ocupó a partir del 16 de febrero de 2017.
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Sin embargo, el excomandante empezó a denunciar que el componente Farc en la mesa estaba cometiendo irregularidades en relación con la contratación de agentes escoltas, que en principio deben ser excombatientes. Las denuncias quedaron consignadas en tres documentos dirigidos al Consejo Político Nacional del partido y a la Subdirección Especializada de la UNP, entre mayo y junio de 2020, y están relacionadas con que estaban ingresando personas que habían pertenecido a cuerpos de seguridad del Estado. A raíz de esas críticas a la gestión del componente Farc en la mesa, el partido decidió apartarlo de su cargo, donde estuvo hasta el 20 de mayo de 2020.
A su salida intempestiva de la mesa técnica de seguridad atribuye Carlos Antonio Lozada el hecho de que hoy el excomandante lo haya denunciado ante la Fiscalía. Según su versión, Gutiérrez fue apartado de la mesa por decisión del partido porque no estaba cumpliendo adecuadamente con sus funciones como funcionario público. En relación con el audio de la reunión, explicó: “Ahí estamos discutiendo y yo le digo: ‘Hermano, usted conoce mi historia, han dicho que soy de la CIA, que soy sapo, que soy infiltrado’. Entonces yo le digo ‘finalmente aquí se va a saber quién es o no revolucionario, cuando a mí me toque ir a enterrarlo a usted, porque se haya muerto, o que usted vaya y me entierre a mí porque yo me muera. Ahí se sabe quién es o no revolucionario’. Es un decir nuestro, pero ahí no hay ninguna amenaza”.
La segunda vez que Lozada acudió ante la JEP para hablar del caso Gómez Hurtado, el 6 de abril de 2021, ya había tenido lugar la reunión con Rafael Gutiérrez. Sin embargo, en esta ocasión, la mención que Carlos Antonio hizo de Gutiérrez fue aún más explícita. En su relato, afirmó que, para el momento del magnicidio, el día 2 de noviembre de 1995, él se encontraba en la región del río Itilla, en Guaviare, en una concentración de comandantes de frentes del Bloque Oriental, que luego partiría, a través de la serranía del Chiribiquete, hacia los Llanos del Yarí, en el departamento del Caquetá, donde tenían un curso con Manuel Marulanda Vélez. Según Lozada, en esa reunión se habló públicamente de la autoría de las Farc en el magnicidio.
Como para la fecha de las aseveraciones de Lozada, ya Mauricio Jaramillo y Rafael Gutiérrez habían negado tener conocimiento, ante una interpelación del magistrado que escuchaba, Lozada expresó: “Que Mauricio y Rafael digan que no se acuerdan… bueno, en el caso de Mauricio lo entendería porque el camarada tiene problemas de memoria desde hace mucho tiempo; en el caso de Rafael pues no…”. La versión de Gutiérrez es que, en efecto, él estuvo junto con otros comandantes del Bloque Oriental en la concentración de tropa que del Itilla salió hacia el Yarí. Sin embargo, expresó que no recuerda que en ese espacio se hablara de la autoría de las Farc en el magnicidio. Solo vino a saber del caso hasta el 3 de octubre de 2020, cuando se hizo pública la carta a través de la cual la exguerrilla reconoció su papel en ese y otros cinco homicidios de connotación nacional.
Respecto a que Rafael Gutiérrez no corrobore su versión, Carlos Antonio respondió: “Yo tengo en mi memoria, pero uno se puede equivocar, que ‘el Mono (Jojoy)’ hizo una aseveración en el sentido de que éramos las Farc, no detalló qué unidad ni nada, sino que eran las Farc, ahí en esos días que estábamos todos alistándonos para irnos donde Marulanda. Pero en el momento en que lo dijo yo no puedo asegurar de manera concluyente que Rafael estaba ahí”. De los tres exintegrantes del Estado Mayor del Bloque Oriental que mencionó Lozada, el único que podía corroborarlo es Rafael Gutiérrez, pues, según dijo el mismo Lozada ante la justicia, Mauricio Jaramillo tiene problemas de memoria. A su vez, Alberto Martínez falleció como consecuencia de una enfermedad el pasado 18 de mayo, según dio a conocer el partido Comunes.
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La versión de las Farc sobre el magnicidio, que contrasta con la justicia ordinaria
Desde el 3 de octubre de 2020, cuando se hizo pública la carta en la que los dirigentes del hoy partido Comunes reconocían su responsabilidad en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y de otras cinco personas de connotación nacional, no han parado las dudas sobre esa autoría, pues las investigaciones en la justicia ordinaria venían apuntando hacia otro lado.
Al menos son dos grandes hipótesis las que habían avanzado hasta la fecha. Por un lado, aquella según la cual el homicidio fue cometido por la brigada XX del Ejército Nacional, por la oposición del dirigente conservador a un eventual golpe de Estado en contra del entonces presidente Ernesto Samper. Y por el otro, la teoría que basada en lo que ha dicho Luis Fernando Gómez, Rasguño, sostiene que fue el capo del cartel del norte del Valle Orlando Henao quien habría ordenado el asesinato de Gómez Hurtado, como un ‘favor’ para el presidente Samper Pizano. Crimen que se habría cometido en asocio con agentes del Estado.
La versión que ha entregado Carlos Antonio Lozada, el único exintegrante de las Farc vivo que tiene el conocimiento y los detalles sobre la autoría de esa guerrilla en el crimen, le ha dado un vuelco al caso. Según ha dicho, en las Farc el dirigente Gómez Hurtado era visto como el responsable histórico de la guerra que se desencadenó al hablar en el Congreso de la existencia de “repúblicas independientes” que no reconocían el Estado, lo que derivó en la persecución al movimiento y que después daría origen a las Farc.
Con base en esa visión, cuando a uno de sus hombres en la RUAN le llegó la información de Gómez Hurtado en la universidad Sergio Arboleda, él la transmitió al comandante del Bloque Oriental, Jorge Briceño, para pedir autorización de asesinarlo. La respuesta del comandante fue afirmativa y se procedió con el crimen.
Lo ejecutó un comando de cuatro integrantes de la RUAN: Danilo, quien dirigió la operación, Chayane, Fredy y Sebastián. De ellos, dos fueron asesinados posteriormente en los hechos conocidos como la masacre de Mondoñedo, perpetrada por agentes de la Sijin entre el 6 y el 7 de septiembre: Chayane, cuyo nombre era Federico Quesada; y Fredy, de nombre Juan Carlos Palacios. Por su parte, Danilo, o Darío Bolaños, fallecería el 23 de octubre de 2005 en una emboscada de la Policía entre Fusa y Arbeláez. De Sebastián, Lozada ha dicho que desertó de la guerrilla y nunca más volvió a saber de su paradero.
