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Hidroeléctrica en Granada podría volver a quitar tierras a víctimas del conflicto

En la vereda Malpaso de Granada, la empresa Sociedad Energía Nacional quiere construir una Pequeña Central Hidroeléctrica. El proyecto tiene en zozobra a los habitantes de la vereda, quienes tendrían que vender la tierra que les fue restituida, y tal vez volverse a desplazar del territorio.

Juan Alejandro Echeverry, Manuela Betancur Pérez y Juan Camilo Gallego Castro
01 de junio de 2023 - 04:50 p. m.
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Sentado en el corredor de su casa, José Ignacio Pineda dice que “oponerse a una hidroeléctrica de esas es como latirle a la luna. Esa gente tiene mucho poder. ¡No ve en Guatapé, tanta gente que se opuso y taparon el pueblo!” “Uno como campesino no alcanza a imaginarse lo que ellos vienen a hacer, solamente ellos lo saben porque lo han estudiado. Yo vivo muy amañada aquí. No quisiera volverme a desplazar. Lo mejor sería que nos dejaran así como estamos”, dirá minutos después Gloria Emilsen Parra, la serena esposa de José Ignacio. Desde lejos, en la costura montañosa, el río Tafetanes participa de la conversación con su rugido encañonado.

Gloria y José Ignacio son dueños de dos predios que la empresa Sociedad Energía Nacional SAS ESP, representada legalmente por Jhon Alberto Hoyos Moncada, necesita para construir la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Granada, en la vereda Malpaso. Predios restituidos el 20 de junio de 2016 por un juzgado civil del circuito especializado en restitución de tierras. Por el primero, de donde José Ignacio provee el pasto para sus animales, pasaría una carretera. Por el otro, localizado en el área de la boca del túnel, la pareja recibe mensualmente 220.000 pesos del programa BancO2, iniciativa que da una remuneración a los campesinos por mantener vírgenes ciertos lotes que cumplen un rol ambiental estratégico.

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En total son cinco las personas cuyo predio restituido coincide con las coordenadas de las obras del proyecto, al cual la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare (Cornare) le otorgó la licencia ambiental el 7 de octubre de 2020. Los terrenos de otras nueve personas restituidas están en el área de influencia a pocos metros de las obras. José Ignacio asegura que la empresa les ha dicho que “pagan por árbol productivo, si es de plátano o yuca. Por donde pasa la carretera no me darían mayor cosa porque dicen que eso es un rastrojo que no me está beneficiando mucho. Pero en ese rastrojo yo veo leche porque cuido los animales con él”.

No es el primer pleito hidroeléctrico en tierras granadinas, las aguas que segmentan el municipio ya son captadas por las centrales hidroeléctricas San Matías y El Molino, construidas hace siete años en la parte alta del río Cocorná, el cual delimita a Granada y el municipio que lleva el mismo nombre de este afluente. A parte de la PCH Granada, Cornare autorizó la concesión de aguas a la PCH La Cascada y otorgó licencia ambiental a la PCH Tafetanes. La primera, ubicada a unos 15 minutos de Malpaso, ya inició las obras; la segunda, geolocalizada sobre un predio restituido, no ha iniciado su fase constructiva.

Hasta que Sociedad Energía Nacional pisó la vereda en 2019, en Malpaso solo había conjeturas y testimonios ajenos sobre este tipo de proyectos. La comunidad no tiene una postura unánime al respecto, pero sí incertidumbre y temor a un nuevo desplazamiento. “Desde que empezaron a estudiar la hidroeléctrica nos sentimos atropellados —asegura Nelly Ramírez, secretaria de la Junta de Acción Comunal y beneficiaria de la restitución de tierras—. Fue igual que cuando llegó la guerrilla, no nos avisaron, cuando menos pensamos los vimos fue ahí”.

"Fue igual que cuando llegó la guerrilla, no nos avisaron, cuando menos pensamos los vimos fue ahí”.
"Fue igual que cuando llegó la guerrilla, no nos avisaron, cuando menos pensamos los vimos fue ahí”.
Foto: Instituo Popular de Capacitación IPC

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Según el Registro Único de Víctimas, 32.382 personas fueron desplazadas de Granada entre 1995 y 2006. El informe Granada. Memorias de guerra, resistencia y reconstrucción, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, detalla que en 1985 la población rural de este municipio del Oriente antioqueño llegaba a las 13.000 personas, en 2003 se redujo a 6.000. Santa Ana, el único corregimiento del quebrado y boscoso territorio, pasó de tener 3.000 habitantes a estar poblada por 320 personas en el momento más álgido de la conflictividad armada: “el casco urbano del corregimiento llegó a estar habitado por tan solo nueve personas”, versa en el informe.

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“En el 2001 me tocó volarme con el hijo. Se lo iban a llevar para la guerrilla, tenían ganas de lavarle el cerebro, que vámonos, que nosotros le pagamos. El pelado no quiso y en noviembre me fui para Medellín con él”, recapitula Jesús Antonio Cardona López, uno de los varios desplazados, retornados y beneficiarios de una sentencia de restitución en Malpaso. A Blanca Oliva Giraldo, presidenta de la Junta de Acción Comunal y restituida, le pasó algo similar. En el 2000, dice ella, un grupo de 40 guerrilleros se atrincheró en el trapiche, esa fábrica rústica y humeante donde la vereda transformaba la caña en panela. Empezaron pidiendo una ración del dulce producido. Luego cebollas, naranjas, que les cargaran el celular, entre otras cosas. “Nos desplazamos porque ya nos estaban forzando mucho. Se nos iban a llevar dos niños que teníamos, uno de diez años y otro de siete; que para que les colaboraran haciendo mandados, que yo les hiciera de comer y que mi esposo cogiera el fusil. Nosotros nos pusimos que no dormíamos del miedo. Después sí nos la puso seria el comandante: bueno pues, se van a quedar o se van a ir, pero así neutros no los queremos”.

Nelly, la comadre de Blanca, no recuerda el día exacto que abandonó su casa, tampoco se interesó en saber si esos hombres “raros” y armados que fueron brotando del monte eran del ELN, las FARC, los paramilitares o el Ejército. “Eso fue algo horroroso, muy duro. Si uno le hacía el favor al uno, el otro venía y le daba, y si no se lo hacía también”.

El ELN incursionó a principios de los años ochenta en Granada. El frente Carlos Alirio Buitrago, formado en sus inicios por familias campesinas del Magdalena Medio, entró por los cañones que le comunican con el municipio vecino de San Luis. Años más tarde, en 1987, los frentes 9 y 47 de las FARC llegaron a poner en tensión el monopolio del control territorial y de la población. En su informe, el Centro Nacional de Memoria Histórica plantea que Granada no fue una zona de simple tránsito para los insurgentes, “sino de asiento permanente” y retaguardia.

La presencia guerrillera desplazó, coartó libertades y acabó con la vida de decenas de granadinos. El 7 de diciembre del 2000, en pleno corazón del pueblo, detonó un carro cargado con 400 kilos de dinamita. Las cifras indican que las victimizaciones se dispararon con la llegada de los grupos paramilitares, primero el Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en 1997, luego el Bloque Héroes de Granada en los primeros años del siglo XXI. La avanzada paramilitar no discriminó entre civiles y guerrilleros. La campaña contrainsurgente se propuso, entre otras cosas, defender la infraestructura hidroenergética. Entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2001, las FARC y el ELN derribaron 113 torres de energía en el Oriente antioqueño, 51 de ellas estaban ubicadas en Granada. La revista de derechos humanos Noche y Niebla reveló en su momento que los paramilitares sentenciaron a los pobladores de la región: “por cada torre de energía que derribe la guerrilla, serán asesinados diez campesinos en el oriente antioqueño”.

De las fuerzas militares también quedaron huellas. El Batallón Bajes de la IV Brigada del Ejército ejecutó 10 operaciones militares entre el 1996 y 2006 para desterrar a la guerrilla de Granada. Hasta el 2015, Human Rights Watch tenía indicios investigativos de que el Batallón Bajes cometió 95 ejecuciones extrajudiciales del 2002 al 2007.

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A medida que las fuerzas militares y paraestatales neutralizaron el poderío guerrillero, las afectaciones humanitarias disminuyeron de manera notoria. El Centro Nacional de Memoria Histórica reconoce que no cuenta con una cifra precisa, pero su Observatorio de Memoria y Conflicto estima que en Granada ocurrieron 10 masacres, que 460 personas fueron víctimas de asesinato selectivo, 299 de desaparición forzada, 98 de secuestro, 50 de violencia sexual y más del 80% de la población víctima de desplazamiento forzado.

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La gente colgó las gallinas en la chiva, se llevó la ropa, lo que pudo sacar. Blanca se fue llorando. Nelly dejó los cafetales, la finca, el cañaduzal, la ramada. “El desplazamiento forzado es como cuando arrancan un árbol y le quitan todas sus raíces, hebra por hebra, duele tanto…”, explica Gloria Ramírez, víctima granadina del conflicto armado e integrante de la organización de víctimas ASOVIDA.

Al principio no les faltó asistencia alimentaria. Meses después, los mercados que entregaba la Cruz Roja en el coliseo escasearon, y los desplazados seguían llegando al casco urbano. Desesperada, Blanca Oliva buscó amparo familiar en Medellín. El primer mes lo pasó donde su hermano. Luego en una pieza que le prestó su cuñada. En la capital del departamento sobrevivió vendiendo las arepas, las empanadas y los pasteles de pollo que hacía desde la una de la mañana. “Luché mucho por allá en la ciudad, pero yo lloraba, porque la mejor riqueza es poder vivir en el campo”, dice la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Malpaso.

Nelly, Gloria Emilsen y José Ignacio trataron de seguir con su vida en Cali. “Llegamos con una mano atrás y otra adelante. A vivir en una pieza, a dormir en el suelo, a ver quién nos daba la forma de conseguir la comida. Pero no era lo mismo, eso era como sacar un pez del agua. La ciudad es muy esclavizante, y nosotros no estamos enseñados a eso. Yo me levantaba a las dos de la mañana a moler maíz y hacer arepas”, cuenta Gloria Emilsen.

A partir del 2006, Malpaso empezó a repoblarse. Ejército y Paramilitares aún rondaban por las veredas de Granada, a pesar de eso, corrieron el riesgo de alivianar las penurias materiales y psicosociales con las bondades del campo. Gloria Emilsen recuerda que al regresar encontró su tierra triste, sin vecinos, los sembrados enrastrojados, las fincas sin techo, los colchones podridos. A sus hijos los mandaba con miedo para la escuela, ella misma los llevaba. Por las noches cerraba la puerta y se escondía debajo de la cama: “Nosotros psicológicamente estábamos muy afectados. Pasaba gente por la casa y uno no sabía quién era. Nosotros perdimos la socialización, muchas cosas”.

La institucionalidad nunca brindó apoyo suficiente para facilitar las condiciones de retorno. Recomenzaron de cero, pasando incluso noches de hambre. Gloria Emilsen se comunicó con las familias que no regresaron y les pidió permiso para cosechar el café que no se había tragado el rastrojo, vender el grano y juntar la paga con el dinero que su esposo conseguía como jornalero.

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El empujón estatal tardó casi diez años en llegar. Las víctimas exigieron medidas de reparación ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en el 2013, y desde el 2014 la entidad empezó a fallar a su favor. Primero otorgó y reconoció la titularidad de la tierra, y del 2019 en adelante financió proyectos productivos de ganadería, gallinas, café, pancoger y árboles frutales. También hizo algunos mejoramientos de vivienda; a Jair Enrique Gómez se lo hicieron a medias, pues su casa se resquebrajó a los pocos meses y nunca pudo habitarla, mientras que Jaime Enrique Zuluaga hasta el día de hoy sigue esperando.

A la URT y a los jueces de restitución les quedan trámites por resolver. Las 66 solicitudes de Las Faldas, más las 13 de La Arenosa y las 5 de Quebradona Arriba —veredas que hacen parte del área de influencia directa e indirecta de la PCH El Molino y la PCH San Matías— suman un total de 84 peticiones. Y si a estas se le adicionan las 51 solicitudes de Malpaso, con las 55 de El roble, las 38 de El Edén, las 10 de El Tabor, las 96 de Galilea, las 2 de Quebradona Abajo y las 48 de Los Planes —veredas colindantes, ubicadas en el área de influencia directa e indirecta de la PCH Granada— la sumatoria total es de 384.

Hasta ahora, la URT ha restituido o formalizado predios en 28 de las 52 veredas de Granada, además del casco urbano. Las 134 sentencias emitidas entre 2014 y 2019 han beneficiado aproximadamente 342 personas, una cantidad que podría ser mayor, dado que algunos fallos tienen en cuenta el núcleo familiar del solicitante, pero no especifica cuántos integrantes lo componen, y para efectos de esta investigación solo contabilizamos las sentencias en veredas impactadas directa o indirectamente por proyectos hidroeléctricos construidos o aquellos que cuentan con licencia ambiental. Gloria Quintero, integrante de la organización ASOVIDA, considera que Granada no es ejemplo de un retorno exitoso: “La escuela de [la vereda] La Quiebra tenía 120 estudiantes más o menos. Hasta antes de la pandemia había seis estudiantes, eso es resultado del desplazamiento. Retorno real no ha habido. A muchas familias les tocó volver, retornar es otra cosa. Es tener todo integralmente, educación, salud, vivienda digna, pero no lo tienen, porque somos números, eso somos”.

Malpaso desconoce la opulencia. Podría tener una mejor vía que reduzca los 45 minutos que le separan del casco urbano, una escuela más espaciosa, un centro de salud debidamente acondicionado, aun así, la gente vive tranquila con lo que tiene, con lo que hace. Las humillaciones vividas, la antigua vocación panelera, el hermano desaparecido, y las demás huellas del desplazamiento no las repara el tiempo, ni el asistencialismo del Estado. Pero de no existir otro episodio revictimizante, el semblante de la gente indica que el proceso de retorno podría llegar a feliz término.

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Cornare dio la autorización para construir la PCH Granada el 7 de septiembre de 2020. Los predios en cuestión fueron restituidos en 2016, 2017 y 2018. Al ser consultado, Oladier Ramírez, secretario general técnico de la Corporación Autónoma Ambiental, aseguró que no sabían que en la vereda Malpaso había beneficiarios de restitución, ni que algunas familias tal vez tendrían que desplazarse de nuevo porque la empresa constructora necesitaba sus lotes. Además, dijo que la presencia de personas restituidas o solicitantes de esta medida en el área de influencia no significa un impedimento para que Cornare otorgue una licencia. La postura de Cornare representada por su secretario técnico desconoce lo dicho por el Consejo de Estado en el Auto del 16 de mayo de 2019, por medio del cual suspendió la licencia ambiental de Porvenir II, proyecto hidroeléctrico que iba a construirse sobre la cuenca del río Samaná Norte y que impactaría dos municipios de la región: San Carlos y San Luis. El Tribunal argumentó que “la restitución de las tierras es el medio preponderante, para la protección y ejercicio de este derecho, y sólo de manera subsidiaria y bajo las condiciones allí señaladas, puede siquiera optarse por una compensación en especie y reubicación, siendo imposible concebir el otorgamiento de la Licencia Ambiental para el desarrollo de un determinado proyecto, como una de ellas”.

Aunque Oladier afirmó que las empresas interesadas son las que deben realizar la caracterización social y jurídica de los predios, el Consejo de Estado en su Auto plantea que “aun cuando su objeto no sea reparar los derechos de las víctimas, sí debe advertirlas al momento de desarrollar sus funciones, máxime si las autoridades respectivas han presentado oposición al otorgamiento de la licencia ambiental debido a la existencia de un proceso de restitución de tierras”.

Para Cornare los perjuicios causados por las obras “pueden ser compensados”, por lo que las familias involucradas no tendrían que desplazarse.

También consultamos a Freddy Castaño Aristizábal, alcalde del municipio, quien intentó marginarse de la situación diciendo que es Cornare quien otorga las licencias ambientales y su única función consiste en cumplir la Constitución. El día que lo entrevistamos, Castaño no sabía en qué fase iba el proyecto, tampoco conocía la situación de las familias. Según él, los proyectos hidroeléctricos “han traído algunos beneficios”, por los dos mil millones anuales que el sector eléctrico entrega al municipio, y “algunas situaciones complejas con las comunidades”.

A la empresa —que también ha hecho solicitudes ante Corantioquia para construir hidroeléctricas en otros municipios del departamento— intentamos contactarla a través de una persona que realizó el proceso de socialización del proyecto en Malpaso, pero no accedieron a dar la entrevista.

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La ley 1448 de 2011 prohíbe que los beneficiarios vendan o alquilen los predios restituidos dos años después de que el juez firma la sentencia. Lo que quiere decir que Jair Enrique Gómez García puede negociar su lote. Este campesino rubio y de ojos claros dice que no está a favor ni en contra de la PCH Granada, “ni acuso ni defiendo”. El predio que le restituyó la URT también lo necesita la empresa para construir la carretera, el desarenador y el tanque de carga. “Son cosas que causan más impacto que beneficio. No va ser el mismo clima para sembrar al borde de una hidroeléctrica. Llega mucha gente forastera. Van a haber 100, 200 trabajadores que van a estar para allá y para acá; usted sabe que lo que no se lo dañan con las patas, se lo dañan con las manos. Uno sabe que en otras partes han llegado y han desaparecido gente para sembrar el terror”.

Desconfiado y prevenido, Jair nos tomó fotos, pidió el número de las cédulas y preguntó si estábamos haciendo trabajo encubierto para la empresa. Aseguró que está tranquilo y a la expectativa, a la espera de que la empresa ofrezca una remuneración justa y negociada con la que pueda mudarse a otro predio de la vereda.

A Jaime Enrique Zuluaga, dueño del otro predio restituido que coincide con el trazo de la carretera, la empresa le propuso de manera informal que les arrendara parte de la tierra por tres años. La zona donde tiene los sembrados de café, plátano y caña sería la más impactada por las obras. Jaime está dispuesto a vender, siempre y cuando le compren todo el predio por un monto que le permita vivir en la casa que tiene en Granada. “Si la hacen, bueno, y si no la hacen, también. Eso está hecho, porque ya tiene los permisos. La semana pasada vinieron a visitar el río, y dijeron que falta negociar la tierra con la gente. Los que estamos de acuerdo somos la mayoría, pero hay mucha gente que no está de acuerdo. Es como una envidia porque no les tocan nada, no les compran nada de terreno”, dice el campesino de 63 años.

El dinero poco importa a quienes rechazan el proyecto. A sus más de 40 años, Gloria Emilsen tiene claro que “uno toda la vida no va estar joven para trabajar la tierra”, que el dinero que le dé la empresa puede augurarle una vejez digna. No se enuncia como opositora, sin embargo, plantea que “si hacen la hidroeléctrica el río se secaría, dañarían la flora nativa, se irían los pájaros, se irían los animales, el aire sería más pesado, el paisaje ya no sería agradable. Hay cosas que a veces son más importantes que el dinero; porque el dinero se puede conseguir en cualquier momento desde que uno esté aliviado. La tranquilidad que uno vive no la consigue fácil”.

Si la empresa tuviera que comprarles los predios restituidos, no importa la suma que les ofrezcan, Jesús Antonio Cardona López y Gustavo Gil Jaramillo no venderían su pedazo de tierra. El primero dice que “ni por 2.000 millones vendo la finquita”. Y Jaramillo asegura convencido que “eso no nos beneficia a nosotros, ni al municipio. Son intereses particulares de unos privados que quieren enriquecerse y apropiarse del agua para después vendérnosla. Yo mi predio no lo negocio”.

La Junta de Acción Comunal, ese grupo de auto gobernanza veredal, ha sido la piedra en el zapato desde un principio. Aunque el personal de Sociedad Energía Nacional se molestara, los afiliados a la junta no firmaron las listas de asistencia que circularon en las reuniones de socialización, se negaron a dar información sobre los nacimientos de agua e impidieron la entrada de maquinaria a la vereda.

—¿Ustedes creen que la empresa les ha dicho toda la verdad? —le pregunté a algunos afiliados a la junta.

—Nunca, siempre vinieron con muchas mentiras —respondió al instante Nelly Ramírez—. Ellos nos han hecho reuniones, nosotros pedimos la palabra y nunca nos dejan hablar. El comentario es que la hidroeléctrica se hace porque se hace.

A esta vereda de clima versátil, levantada en el ombligo de la montaña, nunca le faltó el agua. A Blanca Oliva lo que más le preocupa es que el río se seque y ya no lo escuche bramar desde su casa: “Nosotros le pedimos a la empresa que hiciera el favor de hacernos la placa huella hacia la escuela, y dijeron que no se comprometían con nada. Van a dejar las piedritas peladas. El agua la vamos a ver en bolsas. Según dicen, la tercera guerra mundial que vamos a tener es por el agua”.

*Alianza periodística entre Agencia de Prensa IPC, Periferia Prensa y Enfoque de Oriente

Por Juan Alejandro Echeverry

Por Manuela Betancur Pérez

Por Juan Camilo Gallego Castro

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Julio(14134)01 de junio de 2023 - 07:04 p. m.
Esta nota periodística da vergüenza, esto no es admisible en un periódico serio, como creería uno que es elespectador. El periodista no se tomó la molestia en investigar en que consiste una PCH, cómo funciona, que pasa con el agua, ni cual son sus impactos una vez está en operación (tanto negativos como positivos). Tampoco guardo ponderación sobre el paralelo que trazó entre la ejecución de un proyecto de infraestructura energética y el despojo y terror que sembraron la guerrilla y paramilitares
Alan(5584)01 de junio de 2023 - 06:08 p. m.
Y a cuantos beneficia este pequeño proyecto los señores estan contentos y no venden porque les llega el agua de la montaña y gratis ,
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