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Unos quince minutos antes de que sonaran los disparos, Nayerlis Cano salió de la terraza de Christina Cantillo, donde esperaban la medianoche para encender los faroles, y cruzó la cuadra para acostar a su hijo en su casa. Una vez dejara a su hijo dormido, le dijo, regresaría para ir a comprar las velas que les faltaban. Mientras esperaba que a él lo venciera el sueño, escuchó las detonaciones afuera, en la cuadra. Pero para ese momento, siendo la noche del 7 de diciembre, imaginó que habría de ser el sonido de la pólvora que estallaban en el barrio. No fue sino hasta que salió a la calle y vio a los vecinos amontonados alrededor del cuerpo de su amiga Cantillo cuando supo que la habían asesinado.
En las últimas semanas, Nayerlis Cano, de 20 años, fue una de las personas que estuvo más cerca de Christina Cantillo. En realidad, la seguía como una aprendiz en las jornadas de trabajo que venían desarrollando en los barrios de la periferia de Santa Marta, enseñando a muchachos y muchachas pobres sobre derechos sexuales y reproductivos, así como sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Era un proyecto que venía desempeñando Cantillo y su organización Calidad Humana junto con Oriéntame. En medio de esas jornadas había logrado que Nayerlis empezara un curso de formación en derechos humanos en la Universidad del Magdalena.
Además eran amigas. No sólo compartían la cuadra, sino las amistades y las fiestas. De eso dejó testimonio Christina en su cuenta de Facebook un día antes de que la asesinaran a tiros en la puerta de su casa. Publicó una foto con Nayerlis y escribió: “Tocó trasnochar mañana prendiendo velitas”.
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Los más allegados a Christina, incluso ella misma, le advirtieron al coronel Jesús de los Reyes, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, que si retiraba a los agentes de Policía que se mantenían 24 horas en la puerta de la casa de la lideresa, la asesinarían. Antes de que él asumiera como comandante en Santa Marta había estado el coronel Óscar Solarte y durante su administración uno o dos agentes se apostaron en la puerta y se dieron a la custodia de Cantillo, porque las amenazas y los hostigamientos hacia ella se habían recrudecido al máximo. Con la llegada del coronel Jesús de los Reyes, en agosto pasado, la nueva orden fue retirar ese acompañamiento.
Para la familia y otras lideresas compañeras de Cantillo, esa decisión la dejó desprotegida frente a los armados que ya le tenían el ojo encima. De hecho, en ese mismo mes, Cantillo le pidió ayuda a Wilson Castañeda, director de la ONG Caribe Afirmativo, porque estaba recibiendo nuevas amenazas. La lideresa denunció que había sido declarada objetivo militar por parte de las AGC y que estaban ofreciendo 3 millones de pesos para asesinarla.
Según explica Castañeda, durante la pandemia, Christina Cantillo había denunciado públicamente connivencia entre miembros la Policía y las AGC para el control territorial e incluso para la trata de personas en Santa Marta, “lo que generó una animadversión por parte del comandante metropolitano de la Policía, que en espacios tanto públicos como privados usaba descalificativos hacia Christina y eso generó una tensión muy fuerte entre la Policía y las mujeres trans que ella representaba en la fundación”.
Por eso, y ante la falta de atención a las múltiples alertas, Caribe Afirmativo había solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un experto independiente de Naciones Unidas que evaluaran la posibilidad de darle medidas cautelares, pero, dice Castañeda, “eso apenas lo iban a empezar a estudiar cuando la asesinaron”.
El coronel Jesús de los Reyes le dijo a este diario que retiró el acompañamiento de sus agentes porque la seguridad de la activista trans, por ley, no le pertenecía a la Policía Nacional, sino a la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Ese acompañamiento era una medida transitoria que se tuvo en su momento hasta que la UNP hizo la reevaluación y quedó encargada de su protección. Yo no puedo sostener un servicio que no está formalmente determinado. Quien tiene la responsabilidad legal es la UNP, porque ella no era población objeto de la Policía. Según el decreto 1066, nuestra población objeto son los congresistas, gobernadores, alcaldes. La Policía presta un servicio público, no privado”.
En efecto, la defensora de derechos humanos contaba al momento de su asesinato con un esquema asignado por la UNP, que consistía en un vehículo y dos escoltas. Ese día, ya sus hombres de protección la habían dejado en su casa y se habían marchado. “Es inaudito que una persona que tenga protección de la UNP sea asesinada porque la dejan vulnerable en las noches. ¿Qué clase de seguridad es esa que trabaja en horario de oficina?”, reclamó al día siguiente el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.
Ese esquema de protección, pese al riesgo extraordinario en el que se encontraba la lideresa, se lo había tenido que pelear. En 2020, la UNP emitió una resolución en la que desmontaba el esquema de la lideresa, por cual ella, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, tuvo que interponer una tutela para que se lo mantuvieran. Lo mismo ocurrió en octubre de este año, cuando de nuevo se lo iban a desmontar y le tocó interponer otra tutela.
Ello pese a que el riesgo de Christina Cantillo estaba bien documentado. En un oficio conocido por este diario, enviado en enero de 2020 a Fabio Parra Beltrán, subdirector para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo llamó la atención especialmente sobre la seguridad de ella y de otras cuatro lideresas de Santa Marta, ante las amenazas que habían recibido.
“La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la amenaza dirigida a cinco lideresas residentes en la ciudad de Santa Marta, entre los días 18 y 19 de enero de 2020, quienes recibieron en sus casas y oficinas el siguiente panfleto en medio físico: ‘muerte a la sapas malparidas gonorreas se las tiran de muy feministas son unas malditas perras basuras venidas a fuerza ciudadana por dos pesos y unos contratos ya las tenemos ubicadas a todas como les pesa la vida se las vamos a aliviar muerte a las sapas. Yenifer del Toro, Marian de las Salas, Oriana Camargo, Cristina Cantillo, Virginia Parra y todas esas organizaciones vendidas a Carlos Caicedo. Una a una caerá’”.
Marian de las Salas, una de las mencionadas en el panfleto junto a Cantillo, fue una de sus más cercanas compañeras de causa en Santa Marta. Cuenta que, para ese enero, cuando les llegó el panfleto conjunto, acababan de hacer un plantón en la Asamblea Departamental contra la designación del diputado Julio David Alzamora como presidente de esa corporación, pues el funcionario tenía abierto un proceso penal por presunto acceso carnal violento.
Esa fue una de las luchas de Cantillo: la justicia para las víctimas de violencia sexual y de género. De hecho, fue una de las autoras, junto con la lideresa Jennifer del Toro, de Alerta Violeta, el primer sistema de alerta temprana para prevenir feminicidios en el país. La iniciativa la crearon en medio de la pandemia por el Covid-19, para vigilar la situación de mujeres que en medio del confinamiento quedaban sometidas a las violencias en sus hogares por parte de sus parejas. La idea era que las mujeres pudieran denunciar hechos de violencia que pudieran eventualmente terminar en feminicidios.
Cuando lanzaron la iniciativa, Christina Cantillo le dio una entrevista al medio feminista Manifiesta y dijo en ese momento: “Muchas de las mujeres en el Magdalena estaban siendo violentadas: asesinadas y violadas. En los últimos meses han asesinado a dos mujeres trans trabajadoras sexuales. Una de ellas en el municipio de Ciénaga. Tuvimos otro caso en el municipio en el que otra mujer fue asesinada por su pareja”, decía la lideresa en esas declaraciones de septiembre de 2020.
Pero, además de acompañar las luchas de las mujeres, Cantillo llevaba otra lucha en los barrios de la periferia de la ciudad, a donde llegan los grupos armados como el Clan del Golfo o las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra a reclutar muchachos para convertirlos en sicarios. Christina llegaba a buscar a esos jóvenes y a tratar de arrebatárselos a los armados. Gestionaba para que pudieran terminar bachillerato y luego accedieran a alguna formación con el SENA.
“En esos barrios, si los muchachos tienen para el café del desayuno, no tienen para la sopa del almuerzo. Allá llegan los grupos y le ofrecen a un joven por matar o extorsionar a alguien un millón de pesos y un arma. Un joven con sed y con hambre se convierte en una oportunidad para esos grupos y Christina lo que hacía era quitárselos de las manos”, sostiene Marian de las Salas.
Ella tiene el registro de las 39 denuncias que interpuso Christina Cantillo ante las autoridades por amenazas y hostigamientos desde 2018 hasta el día que la ultimaron a tiros. Le reclama a la UNP que intentó desmontarle el esquema de seguridad dos veces, al comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta que le retiró los agentes de su casa y a las autoridades que no escucharon los llamados. En enero de este año, la Defensoría del Pueblo hizo todas las gestiones para que tanto a Marian como a Christina, así como a otra lideresa de Santa Marta las sacaran del país para protegerlas.
“A todas nos dejaron botadas y las que nos pudimos ir somos las que estamos contando la historia de Christina Cantillo”, dice Marian de las Salas, quien salió de Santa Marta junto con su familia por seguridad.
Este domingo 12 de diciembre, Christina Cantillo iba a cumplir 36 años. En su cuenta de Facebook, hace poco más de un mes, dejó el testimonio del último atentado que le hicieron. El 22 de octubre, dos sicarios – uno de Medellín y otro de Barranquilla – llegaron armados a bordo de una motocicleta hasta su residencia y cuando se dirigían hacia ella, la comunidad reaccionó y frustró el ataque. Los retuvieron hasta que llegaron las autoridades y la motocicleta la incineraron.
