Confinamiento forzado: el efecto invisible de artefactos explosivos en Colombia

El CICR lanzó este martes la campaña #ElConfinamientoMásLargo

Foto: CICR

Durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19 todos tuvimos miedo. Salir era un acto de valentía (y muchas veces de necesidad) que se hacía frente a una amenaza invisible. Todos, en mayor o menor medida, tuvimos que cambiar la forma en que desarrollamos nuestras actividades diarias para procurar permanecer encerrados en nuestras casas. Pero a pesar de que el confinamiento por Covid19 terminó, esa realidad la siguen padeciendo al menos 19.210 personas, que de enero a junio de 2022 permanecieron confinadas a la fuerza por el conflicto armado en Colombia.

Una de las causas es la presencia de artefactos explosivos en sus territorios. “Son enemigos invisibles como el Covid-19”, describe Orlando Balcárcel, víctima de mina antipersonal en Saravena (Arauca) y vocero de la Asociación de Sobrevivientes Luchando Por La Dignidad Y Paz (Asodepaz). Esos enemigos invisibles han dejado 1.938 víctimas en los últimos cinco años en Colombia, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

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Por eso, ante el temor y la zozobra, comunidades enteras se ven obligadas a permanecer confinadas. “La gente prefiere abandonar el trabajo, el cultivo, no salir a pescar o a cazar, no enviar a sus niños al colegio - lo que significaría un aumento en la deserción escolar-, no caminar por ahí por el territorio, en vez de pronto correr el riesgo de pisar una mina o alguno de estos elementos”, agrega Balcárcel.

Ante esa realidad, el CICR lanzó este martes la campaña #ElConfinamientoMásLargo con la que pretenden sensibilizar a los colombianos alejados de esos territorios sobre las afectaciones que aún sigue dejando el conflicto armado. “Lo que queremos es conectar a la sociedad con una realidad que ya padecimos todos producto de la pandemia, que fue el confinamiento. Y, al hacer esta conexión, sensibilizar lo que han vivido desde años atrás las comunidades debido a la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos”, puntualizó Ana María Hernández, coordinadora de la Unidad de Contaminación por Armas del CICR en Colombia.

La campaña contiene piezas audiovisuales, gráficas y sonoras; una página web que describe la afectación completa; y afiches y vallas publicitarias que serán ubicadas en el transporte público de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta y Florencia.

“La presencia de artefactos explosivos cambia definitivamente la vida de personas, familias y comunidades”, reitera Orlando Barcarcel. A él una mina le arrebató sus dos piernas y el ojo izquierdo el 24 de enero del año 2000 cuando estaba arriando el ganado de la finca en la que trabajaba. Es alto, fornido y usa dichos para describirlo todo.

“Una sola golondrina no hace llover”, dice para explicar por qué decidió asociarse con otras víctimas de minas para acompañarse en la búsqueda de atención estatal y capacitarse. Ahora, son ellos quienes capacitan a sus comunidades en comportamientos seguros, para evitar nuevas afectaciones. Por su labor, en 2020 se ganaron el Premio CaMINA, que reconoce a los proyectos e iniciativas que promueven y defienden los derechos de las víctimas de minas antipersonal en Colombia.

Además de las llamadas minas antipersonal, como la que afectó a Orlando, en el marco del conflicto se da el uso de otros artefactos explosivos. “Esas armas pueden ser artefactos de detonación controlada o artefactos lanzados, restos explosivos, productos de combates o enfrentamientos. Esto viene de nuevo en aumento pese a que 2017 fue el año en que menos víctimas se registró en Colombia y en lo que va corrido del año ya hemos registrado 462 víctimas”, señaló Hernández.

Por eso, para el CICR, las afectaciones por el uso de este tipo de artefactos deben ser tenidas en cuenta en los diálogos con los grupos armados en el marco de la política de paz del nuevo gobierno. Este último, además, debe contar con una respuesta integral: “Deben proteger a la población civil, que no debe quedar en medio del conflicto, esto es básico del DIH. Y debe persistir la asistencia a las víctimas de artefactos explosivos, la educación en el riesgo para mitigar los accidentes con artefactos y si se va a generar una descontaminación o un desminado en el territorio, se debe garantizar que la población pueda recuperar sus tierras”, añade.