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15 Jul 2022 - 3:57 p. m.

Así investigará la JEP las bombas, tomas de pueblo y otros crímenes de las Farc

El bombazo al Club El Nogal será investigado dentro del macrocaso 10 que abre la JEP, se concentrará en los medios utilizados por la antigua guerrilla en el conflicto. La Sala de Reconocimiento cuenta más de 50.000 víctimas de desplazamiento que también tendrán respuestas en este caso.
Julián Gallo Cubillos, Pastor Alape, Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra, miembros del antiguo secretariado de la extinta guerrilla Farc, admitiendo su responsabilidad por los miles de secuestros durante la primer jornada de audiencias de reconocimiento ante víctimas y Magistrados de la JEP.
Julián Gallo Cubillos, Pastor Alape, Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra, miembros del antiguo secretariado de la extinta guerrilla Farc, admitiendo su responsabilidad por los miles de secuestros durante la primer jornada de audiencias de reconocimiento ante víctimas y Magistrados de la JEP.
Foto: Mauricio Alvarado

Crímenes como el bombazo al Club El Nogal, en Bogotá; tomas de pueblos y otros hechos cometidos por la exguerrilla de las Farc por fin serán investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este viernes, la Sala de Reconocimiento de Verdad anunció la apertura formal del macrocaso 10, en el que se investigarán 169.400 hechos atribuibles a ese grupo durante combates, para controlar sus territorios o por sus redes urbanas. El caso agrupa, entre otras, a más de 50.000 víctimas de desplazamiento y otras 50.000 de terrorismo, minas antipersona y otros medios.

La JEP anunció que una de sus primeras decisiones en este macrocaso, que conducirá las magistradas Julieta Lemaitre y Marcela Giraldo, será llamar a rendir versión de estos hechos a comandantes de todo el país. “La Sala llamará a rendir versión colectiva sobre estos hechos a exguerrilleros de todos los frentes, y llamará versión individual a los comandantes de la antigua guerrilla en todo el país, así como a quienes sean identificados como ejecutores notorios”, anunció la presidenta de la sala, la magistrada Belkis Izquierdo.

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Los departamentos más afectados por estos hechos, explicó la JEP, fueron aquellos donde hicieron presencia el Bloque Oriental y el Bloque Sur. “En relación con el desplazamiento forzado, la mayoría de las víctimas documentadas se concentran en Caquetá, Vaupés, Guaviare y Arauca. En cuanto a los departamentos con mayor afectación por eventos en los que se registra el uso de medios y métodos de guerra ilícitos, especialmente en tomas guerrilleras, el análisis del GRAI encontró que Antioquia, Tolima, Cauca y Nariño, son los departamentos con el mayor número de hechos”, señaló la Sala.

Hasta el momento, la Sala de Reconocimiento de Verdad cuenta “54.000 víctimas de desplazamiento forzado y 50.100 víctimas del uso de medios y métodos ilícitos de guerra (en los que se incluyen ataques a bienes protegidos, ataques a personas protegidas, uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, y hechos tipificados por la Fiscalía como terrorismo)”. Todos estos hechos serán concentrados en el macrocaso 10. Además, en el espacio se investigarán los hechos cometidos contra 48.000 víctimas de homicidio; 15.000 víctimas de desaparición forzada; y 2.300 víctimas de violencia sexual.

La hipótesis es que estos crímenes se cometieron bajo tres patrones: como una manera de control territorial, en medio de combates o en contextos urbanos. La primera categoría retoma hallazgos de la JEP en el caso de secuestro, donde se concluyó que las Farc escogieron a sus víctimas, a su vez, por tres razones. En primer lugar, porque desobedecieron órdenes de la guerrilla; segundo, porque los señalaron de colaboradores o simpatizantes del enemigo o por ser funcionarios o candidatos políticos no afines a la guerrilla.

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En el segundo patrón se investigarán infracciones al Derecho Internacional Humanitario durante las hostilidades. Es decir, cuando en medio de los combates, las Farc acudieron a la perfidia, a órdenes de no dar cuartel, entre otros. En esta categoría entrarán las violencias sufridas por los civiles que no estaban en combate. Por ejemplo, cando en una toma de pueblo los guerrilleros cometieron masacres o violencia sexual.

El tercer patrón será, quizás, el más novedoso. Si bien las Farc siempre fueron una guerrilla rural, en su punto de mayor expansión también cometieron crímenes de alto perfil en las ciudades. El punto de partida para abrir esta línea de investigación, de hecho, fue la confesión del antiguo secretariado de que ellos estuvieron detrás de seis magnicidios: el del conservador Álvaro Gómez, el de Hernando Pizarro León-Gómez, hermano de Carlos Pizarro; el del exguerrillero José Fedor Rey o Javier Delgado; el del economista Jesús Antonio Bejarano; el del general Fernando Landazábal Reyes, exministro de Defensa, y del representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín.

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El delito más endilgado a la extinta guerrilla de las Farc es el desplazamiento forzado: representa el 26% de los crímenes de este grupo. El 24% fueron víctimas de medios y métodos ilícitos de guerra, el 23% fueron homicidios, el 7% desapariciones forzadas, el 1% violencia sexual. En muchos de los casos el desplazamiento se daba tras alguna de las 309 tomas de pueblos que ha documentado hasta ahora la JEP, práctica generalizada en la exguerrilla como una forma de control del territorio. Y, si bien las víctimas habían pedido que se abriera un caso específico de desplazamiento, la Sala finalmente lo incluyó en este caso que ha sido llamado “sombrilla”.

“Un criterio adicional de gravedad es también la situación de impunidad en la que se encuentran, a pesar de estar identificada la extinta guerrilla como responsable por los hechos”, explica la Sala de Reconocimiento en el auto con el que abrió el macrocaso. Por ejemplo, el 0% de los procesos penales por desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual contra miembros de la antigua guerrilla logró avanzar a juicio, mientras que solo el 2% de los procesos por homicidio llegó a esta etapa.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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