Ni el marco jurídico ordinario ni el transicional le impiden al Estado colombiano negociar con miembros de grupos armados ilegales que hayan suscrito el Acuerdo Final de La Habana y que posteriormente se hayan marginado de él. Por ejemplo, si Iván Márquez buscara esa negociación, podría darse, pero habría que revisar en qué condiciones se realizará.
Lo mismo sucedería con Néstor Gregorio Vera, Iván Mordisco, jefe del frente primero de las disidencias de las Farc, quien reapareció en un video manifestando estar dispuesto a negociar un acuerdo y un cese el fuego bilateral. En ambos casos se podría establecer una negociación con el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro.
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Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflicto Responses (CORE), insiste en que un escenario de negociación es obligatorio, teniendo en cuenta los términos de sometimiento en un marco normativo legal.
“¿Qué incluyes en la negociación? Debe haber unos mínimos, como el proceso de dejación de armas, mecanismos de entrega de información y cosas por el estilo, teniendo en cuenta que ellos buscarán una negociación política como la que tuvieron las Farc o la que quiere el Eln [...]. Ellos no piensan un sometimiento como el que se piensa para las Agc, porque por más criminales (organizados) que sean tienen una identidad fariana que no permite regalarse en los acuerdos que se pretendan alcanzar”, añade Johnson.
De acuerdo con Juan Carlos Ospina, investigador y profesor universitario, sí existen posibilidades de llegar a acuerdos si hay voluntad política y se hacen ajustes al marco jurídico actual. Y explicó que existen varias alternativas legales de acuerdo con las condiciones que se pacten en esas negociaciones.
En el caso de personas como Iván Márquez y otros líderes de la llamada Segunda Marquetalia que firmaron el Acuerdo de La Habana y se rearmaron, se podría hacer una reforma al régimen de condicionalidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que sean aceptados nuevamente. En cualquier caso, solo cubriría los delitos cometidos por estas personas antes del 1 de diciembre de 2016, que es el marco temporal de acción de ese tribunal. Para los crímenes que hayan cometido después de esa fecha, habría que ser más creativos y darles una salida jurídica diferente.
Ospina dice que, hablando de creatividad, podría usarse lo ya existente. Por ejemplo, crear un nuevo marco normativo para investigar y juzgar estos crímenes, pero que se use la infraestructura de Justicia y Paz, que ya tiene jueces y magistrados con experiencia.
Los beneficios penales, en estos casos, podrían otorgarse a partir de entrega de información sobre rutas, entrega de bienes y reconocimiento de derechos a las víctimas. Podrían recibir penas alternativas.
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En el caso de los que nunca firmaron el Acuerdo Final, como Iván Mordisco o las personas que se vincularon a esos grupos sin haber pertenecido a las extintas Farc, no recibirían el trato de los llamados disidentes que “traicionaron” el Acuerdo y el trato penal sería diferente. “No importa el término que se use, si negociación, sometimiento o acogimiento, el punto importante es que dejen las armas. Los beneficios que se les otorguen dependerán de si cometieron crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad o si son delitos relacionados con narcotráfico o minería ilegal”, explica Ospina.
Diego Martínez, abogado que representó a las Farc en la negociación del punto de justicia en La Habana, dice que el Acuerdo de Paz no establece ninguna prohibición para negociar con disidentes. De hecho, busca las garantías de no repetición. “Lo que pasa es que el Acuerdo está pensado para que aquellos que lo dejen sean denominados desertores del proceso. Disidentes son los que incluso antes del Acuerdo no estaban de acuerdo con ese pacto”.
Y recalca que el acuerdo no estableció un mecanismo, para estos casos. “En el caso de los desertores, la JEP debe establecer y evaluar el incumplimiento y tomará decisiones. En general, el Acuerdo sí tiene una vocación de negociación con los otros grupos. Es decir, con los grupos disidentes o desertores, porque no es un Acuerdo de Paz cerrado, sino abierto”.
Sin duda, uno de los objetivos para un diálogo con estas estructuras armadas es reducir los niveles de violencia que vive desde hace meses el país y con ello mejorar las condiciones de seguridad en los territorios y reducir las afectaciones de la población. Para Ospina, esa es la clave para no satanizar ningún intento de negociación que pudiese existir entre esos grupos y el entrante gobierno.
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El abogado recalca, además, la necesidad apremiante de que la negociación no se decida solo si el grupo armado no sigue delinquiendo. Para Ospina, esta condición es la que ha frenado otros intentos de diálogos. “Iván Duque dijo que no iba a negociar con el Eln si ellos seguían cometiendo crímenes y, francamente, de ese tipo de fórmulas no sale nunca nada. Esa es una tensión permanente en los escenarios de negociación y tal vez esa no sea la forma de acabar con un conflicto. Tenemos en la negociación con las Farc un antecedente que es reciente y exitoso: aceptar que hay guerra y que incluso así se puede negociar. El diálogo va más allá de cualquier escenario bélico y eso nos dejó La Habana”, concluye.
“El diálogo adversarial tiene que ser siempre la primera opción. La vía militar ya ha acabado con muchas vidas e, independientemente del perpetrador o de cómo haya retornado a la guerra, la paz se hace hablando y llegando a acuerdos. Ha habido casos internacionales de negociación con disidencias: Irlanda del Norte, Nepal o Filipinas. Surgieron a raíz de implementaciones de paz lejos de ser perfectas; pero son muestra de que diálogos así durante un posconflicto son posibles.”, asegura Joan López, investigador en temas de negociación y construcción de paz de Columbia University.
Esta iniciativa de diálogo se suma a la que ya expresó el Eln, y bandas criminales como Los Rastrojos, el grupo Los Shottas de Buenaventura (Valle) y la Inmaculada, de Tolú (Sucre).
Ahora la pelota está en terrenos del presidente electo Gustavo Petro. En sus manos estará la evaluación para decidir si ve viable una salida negociada con las disidencias de las Farc, que tienen varias facciones y que en su totalidad, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, tiene poco más de 5.000 personas en sus filas.