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Ecuador y Colombia celebraron el viernes una reunión ministerial en Quito con el propósito de desactivar la reciente crisis bilateral. Sin embargo, el tema más sensible de la agenda -y una de las razones por las que se pudo desescalar los choques entre ambos países- fue la inseguridad en la frontera, los grupos armados y los cultivos de coca, que han tensionado la relación entre ambos países y motivado medidas que afectan comercialmente a los países como los aranceles cruzados.
En su comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador reclamó que Colombia “pretende atribuir la responsabilidad de este desacuerdo al Ecuador, cuando precisamente su origen radica en la falta de control efectivo y presencia estatal de Colombia en su frontera sur”.
Desde Quito, además, se señaló que “Colombia acepta que el problema consiste en la falta de control fronterizo y eliminación del cultivo de coca en su territorio” y que se acordó “realizar acciones para erradicar el cultivo de coca, la minería ilegal y reforzar el control fronterizo, entre otros aspectos, mediante inversiones en tecnología e intercambio de información”.
Boletín |
— Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) February 7, 2026
Reunión Ministerial Ecuatoriano - Colombiana pic.twitter.com/40uHnx0bYK
Este reclamo de Quito se enmarca en un contexto de alta tensión en la zona limítrofe, donde la falta de presencia estatal, los grupos armados ilegales y las economías alrededor de la coca y el narcotráfico han sido elementos recurrentes de inseguridad en años recientes. De hecho, la decisión de Ecuador imponer un arancel del 30 % a productos colombianos se fundamentó en acusaciones de que las fuerzas ecuatorianas enfrentan “solas a grupos criminales ligados al narcotráfico en la frontera”.
La Cancillería colombiana también ubicó la seguridad en la frontera como uno de los ejes centrales del diálogo. En su comunicado se destacó que se necesitaba “fortalecer la cooperación bilateral para enfrentar el crimen organizado transnacional”.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, que también estuvo en la reunión, expuso las acciones que se vienen adelantando contra el narcotráfico, incluyendo “el aumento de capacidades de la fuerza pública en la línea fronteriza para ser más efectivos contra la producción, tráfico y comercialización de cocaína”.
La reunión también tocó temas como comercio, cooperación judicial y energía. Colombia solicitó formalmente suspender el arancel del 30 % impuesto por Ecuador a los productos colombianos desde enero, pero el vecino país dijo que evaluaría la medida en una etapa posterior. Con esa respuesta, Gobierno colombiano anunció que procederá con una demanda ante la Comunidad Andina (CAN) por el incumplimiento del Acuerdo de Cartagena.
¿Qué pasa en esa frontera?
La frontera entre Colombia y Ecuador, de más de 580 kilómetros, es hoy uno de los corredores más sensibles para las economías ilegales en la región andina. Allí convergen cultivos de coca, rutas de salida de cocaína hacia el Pacífico, minería ilegal y redes de contrabando, en zonas donde hay poca presencia estatal.
Autoridades de ambos países han advertido que la dinámica ya no es solo de tránsito de droga, sino de instalación de eslabones de la cadena: procesamiento, protección armada de cargamentos y control social en zonas rurales. Eso ha elevado el riesgo de choques entre grupos y de ataques contra fuerza pública y población civil.
En Ecuador hacen presencia grupos que participan hoy en procesos de negociación dentro de la política de paz total del Gobierno Petro, como Comuneros del Sur y Comandos de Frontera –adscrito a la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano–, especialmente en las provincias de Esmeralda y Carchi. El asesinato de 11 militares ecuatorianos, ocurrido el 9 de mayo de 2025, confirma la operación de esas estructuras en el país vecino.
La relación de estos grupos armados ilegales colombianos con los de Ecuador -Los Lobos y Los Choneros- ha sido intermitente, pero sobre todo se ha centrado en la producción y distribución de droga y de otras economías ilegales como la minería.
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